Marsegur, filial de Seguridad Integral Canaria
Diagonalperiodico.net.- Desde Marea Negra denuncian que Marsegur, del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, paga a sus trabajadores un 30% menos que lo estipulado en el convenio de seguridad privada.Desde el 1 de octubre, la seguridad en las residencias infantiles y en las sedes del Instituto de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid están bajo gestión de la empresa Marsegur, una filial de Seguridad Integral Canaria cuyo presidente, Miguel Ángel Ramírez, ha sido condenado por delitos urbanísticos –fue indultado en 2013 por Alberto Ruiz Gallardón, pero en junio, el Tribunal Supremo retiró el indulto– y está acusado de delitos contra la Seguridad Social y Hacienda.
“No entendemos cómo la Comunidad Autónoma de Madrid contrata a este señor”, comenta José Antonio Carbonell, vicepresidente de la asociación Marea Negra por la Seguridad Privada. Desde que los vigilantes de seguridad han pasado a trabajar para Marsegur, su nómina se ha reducido en 300 euros, cerca de la tercera parte de su sueldo total. La contrata de seguridad en las residencias y en las sedes del Instituto de Familia firmada en agosto adjudicaba el servicio a Marsegur y a otras dos empresas –Grupo Control Seguridad y Sasegur –por 2,5 millones para lo que queda de 2015 y para todo 2016.
“Antes de que entrara esta empresa [Marsegur], los trabajadores contactaron con el secretario general técnico, el señor Miguel Ángel Jiménez, para comentarle que Marsegur ya tenía problemas en otros servicios y otras ciudades, y que no cumplía con el convenio estatal de seguridad privada, y que aplicaba el suyo propio”.
Miguel Ángel Ramírez, que también es presidente del Grupo Ralons y de Unión Deportiva Las Palmas, aparecía como donante del Partido Popular en las cuentas de 2011 a través de una de sus empresas por una suma de 50.000 euros. Sólo en el primer mes de 2014, la empresa recibió cuatro contratos públicos que sumaron 3,3 millones de euros, entre otros, el de la seguridad en Metro de Madrid.
Reclamación a Defensa
En febrero de este año, desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) ya reclamaron al Ministerio de Defensa y a otros clientes que rescindieran los numerosos contratos con el empresario canario por sus problemas con la justicia, publicaba entonces Voz Populi. En septiembre, era Miguel Ángel Ramírez quien acusaba a dos tenientes del Ejército de pedir sobornos a las empresas a cambio de tratos de favor en el Ministerio, según publicaba Canarias Ahora. Pocos meses antes, El Mundo publicaba información sobre una querella contra Miguel Ángel Ramírez por defraudar a Hacienda y Seguridad Social hasta nueve millones de euros camuflando las horas extras realizadas por sus trabajadores como dietas y gastos de viajes.
Desde Marea Negra señalan también que las comunidades autónomas están quebrantando el Reglamento de las Administraciones Públicas, en su apartado sobre contrataciones temerarias, al dar adjudicaciones a empresas que han sido condenadas mediante sentencia firme. El colectivo apunta la necesidad de que las comunidades autónomas cumplan las cláusulas sociales reguladas en el Real Decreto legislativo del 3/20011 del 14 de noviembre, como ya han hecho en los ayuntamientos de Avilés, Barcelona, en el Gobierno de Navarra y la Diputación de Lugo.
“Antes de que entrara esta empresa [Marsegur], los trabajadores contactaron con el secretario general técnico, el señor Miguel Ángel Jiménez, para comentarle que Marsegur ya tenía problemas en otros servicios y otras ciudades, y que no cumplía con el convenio estatal de seguridad privada, y que aplicaba el suyo propio”.
Miguel Ángel Ramírez, que también es presidente del Grupo Ralons y de Unión Deportiva Las Palmas, aparecía como donante del Partido Popular en las cuentas de 2011 a través de una de sus empresas por una suma de 50.000 euros. Sólo en el primer mes de 2014, la empresa recibió cuatro contratos públicos que sumaron 3,3 millones de euros, entre otros, el de la seguridad en Metro de Madrid.
Reclamación a Defensa
En febrero de este año, desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) ya reclamaron al Ministerio de Defensa y a otros clientes que rescindieran los numerosos contratos con el empresario canario por sus problemas con la justicia, publicaba entonces Voz Populi. En septiembre, era Miguel Ángel Ramírez quien acusaba a dos tenientes del Ejército de pedir sobornos a las empresas a cambio de tratos de favor en el Ministerio, según publicaba Canarias Ahora. Pocos meses antes, El Mundo publicaba información sobre una querella contra Miguel Ángel Ramírez por defraudar a Hacienda y Seguridad Social hasta nueve millones de euros camuflando las horas extras realizadas por sus trabajadores como dietas y gastos de viajes.
Desde Marea Negra señalan también que las comunidades autónomas están quebrantando el Reglamento de las Administraciones Públicas, en su apartado sobre contrataciones temerarias, al dar adjudicaciones a empresas que han sido condenadas mediante sentencia firme. El colectivo apunta la necesidad de que las comunidades autónomas cumplan las cláusulas sociales reguladas en el Real Decreto legislativo del 3/20011 del 14 de noviembre, como ya han hecho en los ayuntamientos de Avilés, Barcelona, en el Gobierno de Navarra y la Diputación de Lugo.
