Libertad Digital ha tenido acceso a varias de las sentencias en entredicho por el cobro irregular de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial.
Establecer un porcentaje aproximado de casos fraudulentos de cobros irregulares del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) es muy complicado, por no decir imposible. Pero lo que Libertad Digital ha podido contrastar es que realmente existe.
Diferentes fuentes del mundo jurídico así lo atestiguan y explican a Libertad Digital cómo esa "fórmula del éxito" se aplica en el 30 o 40% de los procedimientos que llegan a los Juzgados de lo social.
Libertad Digital también ha conseguido que algunas fuentes -de entre los beneficiarios de este tipo de fraude- hayan reconocido ese cobro de ayudas irregulares. Por último, fuentes del propio Fogasa, uno de los principales perjudicados, reconocen las irregularidades, aunque insisten en que "serán testimoniales".
Por otro lado, antiguos funcionarios del Fondo de Garantía Salarial aseguran a Libertad Digital que este fraude existe desde la fundación misma del organismo a mediados de los 80. En Libre Mercado hemos accedido a varias de las sentencias que han sido objeto de fraude, según las fuentes consultadas.
Es más, algunas voces críticas del organismo público denunciaban hace unos años la escasez de recursos con los que contaban y el ingente número de casos que tenían que afrontar por causa de la crisis económica. Decían que la situación condenaba al Fogasa "al pago de prestaciones indebidas".
El Tribunal de Cuentas también denunciaba en su informe sobre el año 2013 que se habían producido irregularidades en el abono de prestaciones del Fogasa. Por aquel entonces, el responsable del Fondo denunciaba exceso de trabajo y falta de personal. El número de expedientes sin resolver en aquel momento ascendía al 67%.
El organismo estuvo dirigido por Juan Carlos Arce, secretario general del Fogasa hasta noviembre de 2014. Arce sufrió la rigurosidad garantista de la legislación laboral española por una resolución que tomó desde el fondo en contra del pago de unas prestaciones a los trabajadores de una pequeña empresa. Le obligaron a rectificar. Finalmente dimitió en noviembre de 2014 y hasta diciembre el organismo estuvo sin secretario general.
Las riendas las tomó Gloria Redondo Rincón que, después de las polémicas por el informe del Tribunal de Cuentas y los problemas que tuvo que afrontar su antecesor, ha tratado de activar cuantos resortes se encontrasen en su mano para agilizar los pagos retrasados por un lado, y por otro -quizá más importante- para tratar de reducir al máximo la posibilidad de cobro irregular de subvenciones.
En declaraciones a Libertad Digital, Redondo explicaba que el organismo está poniendo todo su empeño en investigar, perseguir y evitar este tipo de fraudes. Según asegura, el Fogasa se persona en tantos juicios como puede y, si sospecha que se ha producido un pago irregular pone en marcha "todos los elementos legislativos" a su alcance para que esas cantidades vuelvan al fondo.
En este sentido, enfatiza que los letrados del organismo (que son unos 100) son "abogados especializados habilitados por la Abogacía del Estado". Otro de los resortes que el Fogasa está tratando de poner en valor es la alta informatización de los expedientes, algo que ha facilitado en los últimos meses alcanzar convenios de colaboración efectivos con otras administraciones públicas como Hacienda, con quien ya cruza los datos para evitar que se concedan pagos indebidos.
Redondo explicaba a LD que, gracias a este acuerdo, podrán identificar a aquellos contribuyentes que hayan cobrado indemnizaciones del Fogasa por nóminas impagadas pero que hayan declarado IRPF por esos mismos pagos supuestamente no cobrados.
El Fogasa también ha cerrado recientemente acuerdos con la Inspección de Trabajo para colaborar en la lucha contra el fraude y con la Tesorería General de la Seguridad Social y han acordado compartir información sobre empresas ficticias y altas fraudulentas de trabajadores.
En suma, toda una batería de medidas para tratar de frenar y corregir el cobro indebido de prestaciones que la excesivamente garantista legislación laboral española permite en los Juzgados de lo Social.
