29/07/2013 - Enrique González
De momento se trata de una “experiencia piloto”, pero todo parece indicar que la seguridad privada podrá vigilar el perímetro de los centros penitenciarios españoles. La Secretaría de Estado de Seguridad ha puesto en marcha una iniciativa pionera en 21 prisiones del país para evaluar la posibilidad de extender estos servicios al resto de cárceles. Con poco más de dos meses en marcha, las expectativas del sector sobre este proyecto son muy optimistas.
Los centros penitenciarios se convertirán en 2014 en un nuevo ámbito de actuación para la Seguridad Privada. Varias empresas del sector participan actualmente en una “experiencia piloto” impulsada por la Secretaría de Estado de Seguridad, que servirá para evaluar la validez de sus servicios de vigilancia en el perímetro de esas instalaciones. Del resultado de este proyecto, que durará nueve meses, dependerá que la iniciativa se extienda al resto de presidios del país. No obstante, a tenor de las primeras impresiones y si se echa un vistazo al Proyecto de la nueva Ley de Seguridad Privada todo hace presagiar que se trata de un camino sin vuelta atrás.
La iniciativa comenzó el pasado 8 de mayo, con la incorporación de 250 vigilantes de seguridad privada a 21 cárceles (19 custodiadas por la Guardia Civil y dos por el Cuerpo Nacional de Policía) para llevar a cabo labores complementaria a las de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Concretamente, se encargan de la vigilancia del perímetro de las instalaciones y la supervisión del circuito cerrado de televisión del centro de control.Esta idea fue impulsada el año pasado desde la Secretaría de Estado de Seguridad, con el objetivo de ofrecer una posible solución a los miles de escoltas del País Vasco y Navarra que perdieron su trabajo tras el anuncio del fin de la violencia de ETA. Ese ha sido el criterio prioritario que la Administración ha solicitado a las empresas para seleccionar a los profesionales que vigilan las prisiones.Las compañías que participan en esta primera toma de contacto con los centros penitenciarios son Ombuds, Segur Ibérica, Coviar, Prosegur, Prosetecnisa, Securitas, Sabico y Vinsa, que aportan una cantidad de personal proporcional al número de escoltas que tenían contratados en el norte de España. Todas ellas han constituido una UTE (Unión Temporal de Empresas) para presentar una candidatura única para el proyecto. “Este es el vehículo más beneficioso para asegurar la calidad de los servicios y para cumplir el compromiso de reubicar a los escoltas”, considera Rodrigo Cortina, director general de Ombuds. En ese sentido, este profesional subraya además que “es de agradecer la constante inquietud del Ministerio del Interior por buscar salida a esos profesionales”.
Funciones de los vigilantes
En términos generales, las cárceles españolas tienen un patrón similar en cuanto a su diseño. Cuentan con varios anillos concéntricos de seguridad alrededor de un recinto interior en el que se encuentran los presos. Los vigilantes de seguridad privada están situados en el perímetro, donde realizan labores complementarias a la Guardia Civil o al Cuerpo Nacional de Policía, según el centro. Todas sus acciones están supervisadas y dirigidas por las FCSE. Las tareas específicas que desempeñan se centran en tres ámbitos:
- El control en las puertas, que incluye actuaciones como el control de accesos, impedir intrusiones, observar el entorno o intervenir en caso de emergencia.
- Operar los sistemas de circuito cerrado de televisión instalados en el centro de control; esto es, observar y manejar los monitores, analizar las señales de alarma y comunicarlas al responsable del servicio en la instalación de las FCSE.
- Vigilancia desde puestos fijos y garitas, que consiste en observar el entorno y comunicar toda incidencia destacada al centro de control.
El personal de seguridad, que presta este servicio sin arma, no participará en ninguna actividad que implique cualquier tipo de contacto con los reclusos. Además de no poder acceder a las zonas de presos, tampoco participarán en la custodia o vigilancia de estas personas durante los traslados.Para la gran mayoría de las prisiones se han designado dos puestos que han de ser cubiertos todos los días de la semana durante las 24 horas.
Se trata de labores habituales para el personal de seguridad privada. De ahí que las primeras sensaciones tras poco más de dos meses de proyecto sean muy positivas. Rodrigo Cortina opina que el arranque de estos servicios ha sido “muy satisfactorio” y añade que “si esta decisión enroca los criterios de eficacia y ahorro, y además contribuye a crear trabajo para los escoltas, el resultado es altamente positivo”.
Algo con lo que coincide Aritz Larrea, consejero delegado de Grupo Segur (al que pertenece Segur Ibérica), quien espera “que el nivel de satisfacción del Ministerio del Interior sea el adecuado para que esta actividad en 21 centros sea un punto y seguido que se amplíe al resto de centros”. Por su parte, Luis Posadas, presidente de Securitas, subraya el hecho de que las empresas de seguridad privada puedan realizar “un servicio hasta ahora inexistente”. Pero advierte de que “las expectativas de negocio en esta área son limitadas, ya que el tamaño de este segmento es el que es”. Por eso, el entorno penitenciario no es una de las prioridades para su compañía.
En contra
A pesar del optimismo de las empresas de seguridad privada, la presencia de vigilantes en las cárceles no ha sido bien acogida por las organizaciones que representan a los funcionarios que trabajan en estos entornos. La sección sindical de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF han expresado su rechazo al proyecto al entender que esconde una privatización paulatina de la seguridad en los centros e incumple la normativa penitenciaria. “ACAIP se ha mostrado siempre contraria a esta decisión desde el momento en que supone un primer paso, abrir la puerta a privatizar puestos de trabajo o incluso prisiones enteras al estilo de otros países, principalmente anglosajones”, manifiesta esta asociación en uno de sus comunicados.
En el mismo sentido, Ángel Moreno, secretario general de Instituciones Penitenciarias de CCOO considera que “este proyecto no se parará en la seguridad exterior y que se irá implementando en el interior de los centros penitenciarios”. En declaraciones a Seguritecnia, el representante sindical añade que “la apertura de la seguridad de los centros penitenciarios conlleva un paulatino menoscabo de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, que empieza a mostrarse en la ausencia de oferta de empleo público”.
Moreno anticipa que “se está conformando una plataforma de unidad sindical para abordar esta problemática de una manera conjunta y cohesionada”, y anuncia movilizaciones en los próximos meses.
Por su parte, otras agrupaciones como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) o el Sindicato Unificado de Policía (SUP) aseguran que la medida incrementará los gastos y supondrá el traslado de los agentes que ahora están destinados a estos servicios.
Esa última probabilidad la abrió el anterior secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, cuando aseguró en la Comisión de Seguridad del Congreso que el proyecto permitiría reemplazar a 1.000 agentes, que pasarían a desempeñar funciones de seguridad ciudadana. Sin embargo, la Dirección General de la Guardia Civil comunicó a sus agentes a través de una orden que por el momento no se contempla “en ningún caso” una reducción de los efectivos por este motivo, aunque no descarta que esto suceda en el futuro “en función de los resultados de esta experiencia y de las disponibilidades presupuestarias”. A pesar de esta aclaración, desde el sindicato CCOO insisten que “la ejecución de la condena corresponde al Estado y debe ser gestionada de manera pública y por empleados públicos. La introducción de seguridad privada violenta ese principio de unas instituciones penitenciarias públicas y somete a criterios economicistas la ejecución de la condena”.
Capacidad y experiencia
Frente a estos argumentos contrarios a la presencia de seguridad privada en los centros penitenciarios, el sector defiende su capacidad y experiencia en servicios como los que se están prestando. Luis Posadas entiende que las funciones que se están llevando a cabo en las cárceles son las mismas que ya se permiten en otros ámbitos públicos. “No hay razón aparente para que podamos realizar el control de accesos en un juzgado o un ministerio y no en un centro penitenciario. El caso de las prisiones es similar al de los filtros de pasajeros de los aeropuertos, en los que los vigilantes de seguridad trabajan bajo el mando de miembros de la Seguridad Pública”, indica el responsable de Securitas.
Desde Segur Ibérica, Aritz Larrea argumenta que el sector tiene “sobrada y demostrada experiencia” para prestar servicios como la vigilancia perimetral o la gestión de un centro de control. Por ello, para este profesional es también una cuestión de asignar los recursos de manera que se les saque un mayor partido: “El coste de formar a un miembro de las FCSE es muy elevado y, por tanto, esa formación debe aprovecharse para que realice sus funciones en actividades acordes con ella. Los vigilantes de seguridad, como auxiliares de las FCSE, pueden y deben realizar esas misiones para las que no se precisa una especial formación, más allá de la que tiene este personal. Este servicio es un claro ejemplo de ello”.
Por su parte, Rodrigo Cortina apunta que “hay que encajar la situación en el contexto de que la Seguridad Privada es complementaria y colaboradora de la pública”. El responsable de Ombuds lo argumenta así: “Quien tiene la iniciativa en esto, valorando criterios como validez, capacidad y costes, es la Administración, que es la que gestiona los recursos. El Ministerio del Interior ha visto que este proyecto era válido para reforzar lo que ya había o porque, dentro de la necesidad de optimizar los criterios, ha entendido que los recursos son mejor aprovechados”.
Cortina recuerda que hace años “ni se pensaba” que pudiera haber vigilantes privados en los ministerios y, sin embargo, hoy en día esto se asume con naturalidad.
Sin vuelta atrás
La secretaría de Estado de Seguridad tendrá la última palabra una vez que analicen y evalúen los resultados de esta experiencia piloto. Lo hará a finales de 2013, una vez transcurrido el periodo de nueve meses que se ha establecido para la iniciativa. Sin embargo, a falta de ese análisis, parece poco probable que el proyecto dé marcha atrás y se considere inapropiado que la Seguridad Privada preste sus servicios en el perímetro de las prisiones.
Según recoge la AUGC en un informe, la Administración se plantea tres posibles escenarios a finales de año. Uno, que la experiencia resulte negativa y no continúen estos servicios. Algo que la propia asociación de guardias civiles considera “altamente improbable, por no decir imposible”.
El segundo sería que la medida se extendiera al resto de los 83 centros penitenciarios que hay en España, ampliando el número de vigilantes por turno que hay actualmente. Un tercer supuesto podría ser que se ampliaran estos servicios a los demás presidios, pero manteniendo la misma cantidad de personal privado por turno que hay en esta primera fase. “Esta es la opción más probable que se produzca de las tres”, subraya la agrupación.
En ese mismo documento, la AUGC indica que la intención actual de la Administración es que no se modifiquen las plantillas de las FCSE destinadas a los centros penitenciarios; pero si finalmente se decidiera lo contrario, esto no sucedería antes de dos años y medio.Por otro lado, el Proyecto de la nueva Ley de Seguridad Privada, que también podría aprobarse en el Parlamento a finales de este año o comienzos de 2014, abre la posibilidad a la prestación de servicios en las cárceles. La norma permitirá “la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos”.
Además, el Proyecto establece un nuevo marco de relación entre la Seguridad privada y la pública, basada en los principios de colaboración, complementariedad y reciprocidad. Eso habilita a la Administración para requerir los servicios del sector en diferentes ámbitos, incluidos los entornos públicos.
Pero lo más determinante es que el Proyecto de la nueva ley incluye entre los servicios que pueden prestar las empresas del sector (artículo 41) la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios, aunque señala antes que debe ser “en colaboración y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes”.Son sólo algunos de los indicadores que apuntan, si las conclusiones de la Secretaría de Estado de Seguridad no dicen lo contrario, que la Seguridad Privada será a partir del año que viene un elemento más del paisaje típico de los centros penitenciarios españoles.
