La pretensión de la Comunidad de Madrid es la de reducir es un 40% las horas de vigilancia lo que supone el despido de unos 700 Compañeros y dejando con esto sin seguridad a un 60% de estaciones del suburbano.
Además, el nuevo concurso de seguridad para Metro de Madrid tiene una duración de cuatro años, ampliable por dos años más, y el próximo día 1 de agosto de 2013 las empresas que han sido adjudicatarias empiezan la gestión de este “nuevo modelo de seguridad” empresas entre las que se encuentra Seguridad Integral Canaria, a la que le han sido concedidos tres de los ocho lotes que salieron a concurso, empresa de dudosa solvencia y de conocida conflictividad laboral; empresa cuyo propietario Miguel Ángel Ramírez, ha pedido al Gobierno un indulto por una pena de tres años de cárcel por delito urbanístico, condena que no le impide contratar con la administración pública por que “La ley no contempla excluir a empresas de las licitaciones públicas por ese motivo” y condena por la que nunca ha entrado en prisión.
Se sabe que a Seguridad Integral Canaria se le ha impedido descolgarse del colectivo de la Seguridad Privada por estar en pleitos laborales. Descuelgue que ya intentó en dos ocasiones en 2012 y en los que no le tembló la mano y despidió a seis miembros del comité de empresa… Según indican algunos de sus trabajadores que prefieren mantener el anonimato “tienen problemas para cobrar las horas extras y, cuando estas les son abonadas, lo hacen como kilometraje o bien como dietas, por lo que no cotizan a la Seguridad Social”.
Metro de Madrid debería garantizar los derechos de los trabajadores y la seguridad de los usuarios tema que, hasta el momento parece camino largo y duro de batallar.
