Juan José Prados del Pino no acude a declarar ante la jueza, y la defensa de su esposa anuncia por escrito que ella tampoco declara "por imposibilidad"
El presidente de ESABE y presunto cabecilla de la trama investigada Juan José Prados del Pino no ha acudido a declarar ante la justicia, alegando por escrito que no se le ha dado una fotocopia de la causa. Su esposa, que también se encuentra en paradero desconocido desde el pasado mes de diciembre, tampoco ha comparecido ante la jueza y su defensa ha presentado un escrito en el que alegan la "imposibilidad" de ir a declarar.
La defensa de Juan José Prados del Pino ha remitido un escrito al juzgado en el que se justifica su ausencia alegando que no se le ha remitido una fotocopia de la causa, y que por tanto se le está generando una indefensión jurídica. La defensa de su esposa, también investigada en esta misma causa, ha presentado un escrito en el juzgado indicando que no acude a declarar ante la jueza "por imposibilidad". Ambos documentos fueron presentados en el juzgado con carácter de urgencia la semana pasada. Fuentes cercanas a su defensa indicaron hace meses a la Cadena SER la intención del directivo huido y su esposa de declarar ante la justicia.
Según ha podido saber esta emisora, este juzgado de Madrid no es el único que ha solicitado la presencia del presidente de ESABE y su esposa: también son requeridos por la justicia valenciana, y tampoco acudieron a declarar en un juzgado de Barcelona donde se les acusa de un delito contra la Hacienda pública. En este punto, la jueza que instruye el caso en Plaza de Castilla podría dictar una orden de búsqueda y captura contra Prados del Pino y su esposa.
Tanto a Prados del Pino como a su esposa, la policía les atribuye de forma indiciaria delitos contra la Seguridad Social, insolvencia punible, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, delitos contra los derechos de los trabajadores y también de falsedad documental. La jueza de Plaza de Castilla investiga un presunto fraude de treinta millones de euros a la Seguridad Social por parte de esta empresa y sus entidades relacionadas. Los interrogatorios policiales a varios detenidos durante la operación policial del mes de diciembre, revelados por la Cadena SER, destaparon el presunto pago de comisiones a cambio de contratos públicos, así como presuntos pagos en negro de dietas y horas extra y una estrategia de la entidad para evitar sus responsabilidades con el fisco.
Durante los interrogatorios policiales, uno de los antiguos administradores de la empresa reconoció la existencia de una contabilidad "real, con la que trabajan las empresas a diario" frente a otra contabilidad "fiscal, la que se presenta en caso de ser requerida por organismos oficiales".
