El propietario de la empresa de seguridad Esabe, Juan José Prados, investigado por un presunto fraude de 30 de millones de euros y actualmente en busca y captura, argumenta que desapareció del mapa por los ataques que venía sufriendo contra su vivienda particular durante los días previos a la operación policial que se llevó a cabo en su sociedad.
“La fachada de mi domicilio en Madrid está siendo objeto de pintadas y otros actos vandálicos diariamente, lo que ha acrecentado mi temor”, apuntó en una denuncia que presentó el pasado 13 de diciembre –seis días antes de que la Policía detuviera a la cúpula de Esabe– contra uno de sus empleados, al que acusaba de amenazarle a través de mensajes enviados a su móvil particular.
Este gamberrismo contra su casa motivó, según el escrito de Prados al que ha tenido acceso Seguridad y Tribunales, que decidiera “abandonar dicho domicilio ante la posibilidad de ver cumplidas las amenazas” de las que dijo estar “siendo víctima”.
En esa misma denuncia, Prados añade que un mes antes se había publicado “información y datos precisos” de su “intimidad” en Internet, entre los que destacaba la dirección de su domicilio y fotografías de su “esfera personal” referidas a “viajes de vacaciones familiares”. Según el empresario, esto le situaba en una posición “especialmente vulnerable”.
La Policía continúa buscando al dueño de Esabe y a su mujer siete meses después de que se llevara a cabo la operación contra el entramado empresarial que motivó la detención de diez directivos de grupo. Fuentes policiales aseguran que ambos han salido de España, aunque se desconoce el lugar concreto al que han viajado.
Durante este tiempo, ni él ni su esposa se han presentado a ninguno de los requerimientos judiciales que han recibido. Ya sea el del juzgado de instrucción de plaza de Castilla –que lleva el citado delito del fraude– como otros dos referidos por la Cadena SER en Barcelona y Valencia.
Prados y su mujer están siendo investigados por el fraude de 30 millones de euros a la Seguridad Social llevado a cabo presuntamente a través de empresas interpuestas. El pasado diciembre, la sección de Investigación de la Seguridad Social (UDEF) y el Grupo I de Fraudes de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía ejecutaron una operación contra todo el entramado de sociedades que se aglutinaban en torno a Esabe.
Prados llevaba meses sin pagar a sus empleados, pero a través de distintas compañías disfrutaba de cinco yates, varios vehículos de lujo, chófer, un jet privado y 35 kilos de esmeraldas, según los distintos informes policiales presentados ante el juzgado de instrucción de Madrid.
Los investigadores de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía, por su parte, ya han sido propuestos para recibir una condecoración por los servicios prestados en el presente caso.
