Las primeras referencias legislativas de la presencia de la seguridad privada en España, ya las encontramos en 1849 donde se publica “El Reglamento para los Guardas municipales y particulares”. Desde ese momento, son varias las referencias normativas relacionadas con los diversos aspectos que tienen que ver con la Seguridad Privada, hasta finalmente encontrarnos en 1992 con la actual Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, que amén de numerosas modificaciones posteriores realizadas por la vía de Reales Decretos y Órdenes Ministeriales, sigue vigente hasta la actualidad con sus consecutivas modificaciones y ampliaciones ha llegado hasta la actualidad siendo nuestra vigente Ley reguladora. Este camino que me he permitido la licencia de resumir, fue sin duda el resultado de la dedicación y trabajo llevados a cabo con el firme convencimiento de que la seguridad privada era y seguiría siendo en el futuro, una necesidad de la sociedad de nuestros días.
Actualmente en España existen un total de 1.492 empresas de seguridad privada. La facturación registrada en 2011 ascendió a 3.215 millones de euros a pesar de que nuevamente se ha cerrado el ultimo año con un descenso de facturación de un 5.06%, que se suma a el resto de descensos registrados desde el 2009. En septiembre de 2012, en España había un total de 207.212 vigilantes habilitados, de los cuales se estima que hay 88.250 vigilantes de seguridad en activo. A lo largo de 2011, la seguridad privada registró un total de 408.606 contratos y realizó 1.135.789 servicios. Sin duda la evolución del sector en las últimas décadas ha experimentado un crecimiento y expansión desde luego nada despreciable para cualquier otro sector, pero, y sin intención de repetir en estas palabras lo ya descrito y discutido en innumerables ocasiones dentro de nuestro ámbito, actualmente nos encontramos en una situación de parálisis de crecimiento originada en gran medida, por los límites fijados en nuestro actual marco regulador.
El camino de la Seguridad Privada, como no podía haber sido de otra forma, siempre ha transcurrido bajo el amparo y subordinación de la Seguridad Pública. Sin lugar a dudas, la vigente ley de Seguridad Privada ha sido fundamental para que podamos alcanzar nuestra madurez como sector, pero llegados a este punto, es fundamental dar un nuevo paso hacia delante que nos permita continuar avanzando. Los retos y amenazas que nos encontramos hoy, no son los mismos que existían en 1992, tampoco las demandas que recibimos de la sociedad son las mismas que se tenían entonces. Por otro lado, nos encontramos con los que creo que serán los grandes retos de futuro para nuestro sector, tales como la creciente demanda de la gestión de la seguridad integral (Física y Lógica) y su consiguiente necesidad de regulación legal conjunta, la internalización del sector y la internalización progresiva de aspectos de la Seguridad Pública.
No me cabe duda de que estos retos, que en mi humilde opinión aventuro, y otros muchos que seguro llegarán derivados de la actual y futura situación económica, nos obligan a disponer de un marco regulatorio acorde a la demanda de la sociedad que nos permita dar respuesta a los nuevos escenarios y oportunidades que deberemos afrontar. No podemos tampoco derivar toda la responsabilidad de nuestro futuro únicamente a cambios en nuestra actual legislación que nos permitan desarrollar ciertas actividades. En mi opinión, los nuevos retos deben ser sustentados en grandes profesionales, y en este punto entra en juego la formación y profesionalización de todas las áreas y categorías que conforman la Seguridad Privada. En este sentido, nuestra regulación debe ser completa, práctica y estricta. Nuestras demandas deben estar siempre respaldadas por nuestras capacidades como sector profesional y de calidad. Desgracias recientemente sufridas y por todos conocidas, han puesto en conocimiento de la opinión pública general lo que nosotros desde hace tiempo ya conocíamos, y es que la seguridad privada, a día de hoy, desempeña funciones de alta responsabilidad que sin duda juegan un papel protagonista en la correcta gestión de una emergencia. Hoy en día velamos por la seguridad en estaciones de trenes, metro, infraestructuras críticas, grandes eventos y concentraciones, entre otras muchas.
Ya el Ministro del Interior en la comparecencia parlamentaria del pasado año, anunció la próxima puesta en marcha del proceso de aprobación de la nueva ley de Seguridad Privada, en la que argumentaba que ésta, debería sustentarse sobre tres pilares: “la adecuación al marco europeo, la mejora de la calidad y el impulso en la colaboración pública y privada”. Para concluir, creo que el futuro de la seguridad privada se dirige o debiera dirigirse, hacia un modelo de coparticipación efectiva con la seguridad pública que salvando las lógicas y necesarias barreras funcionales y apoyadas por un estricto marco de profesionalidad y control, nos encaminen a un fin y objetivo común. De las decisiones y actuaciones que se tomen en este momento surgirán las bases en las que se sustentará el desarrollo de la seguridad privada, más allá de su mera consideración como sector empresarial, sino como servicio de necesidad general de nuestra sociedad.
