José Socorro (UGT), Jacinto Ortega (IC) y Juan Díaz (USO), ayer. | acfi press
La empresa abre una negociación sobre las condiciones laborales
Haridian Mederos El Comité de Empresa de Centros Varios de Seguridad Integral Canaria defendió ayer el convenio laboral que firmó en marzo de 2012 con la entidad presidida por Miguel Ángel Ramírez para evitar un expediente de regulación de empleo o despidos objetivos que afectarían a 200 empleados, de los más de 2.000 de la plantilla. Sin embargo, el acuerdo ha sido ahora anulado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al detectar "irregularidades" en la negociación.
La resolución judicial da la razón a UGT, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada USO e Intersindical Canaria, que interpusieron una demanda de conflicto colectivo contra dicho trato. Estos sindicatos exigieron ayer al también presidente de la UD Las Palmas que devuelva a su personal los 7,2 millones de euros por recortar desde el año pasado una media de 300 euros mensuales netos a cada trabajador. El Comité de Empresa rebaja, en cambio, esta cifra a unos 600.000 euros.
El convenio suscrito el 14 de marzo de 2012 establecía una jornada de 184 horas mensuales, conservar las tablas salariales de 2011 sin actualizaciones ni incrementos, la supresión de las remuneraciones de nocturnidad, festivos, nochebuena y fin de año, y los pluses de transporte y vestuario en la paga de vacaciones, además del abono de las horas extras a razón de seis euros y diferir el pago del salario hasta el día 10, entre otras cláusulas. El Comité de Empresa justificó su adhesión a estas condiciones de descuelgue del convenio colectivo del sector para esquivar el "cierre" de Seguridad Integral e impedir "más despidos" en la compañía, ya que desde 2009 y hasta la firma del acuerdo 50 personas fueron despedidas. Representantes de este comité argumentaron que, pese a la reducción del 20% de los servicios prestados a las administraciones públicas, "no ha habido ni un despido objetivo".
Seguridad Integral Canaria, que recurrirá la sentencia, inició el lunes una nueva negociación y período de consulta para resolver los "vicios" advertidos por el Alto Tribunal y cerrar un nuevo convenio. En cambio, UGT, IC y USO rechazan estos contactos. Ayer deslegitimaron al comité y reivindicaron recuperar las condiciones laborales de los vigilantes anteriores a marzo del pasado año.
El secretario regional del sector de Seguridad Privada de IC, Jacinto Ortega pidió ejecutar la sentencia, que, según él, cuestiona la actuación de los miembros del anterior Comité de Empresa (19 representantes de plataforma independiente y dos de CCOO) que dio luz verde al acuerdo en una semana, "un tiempo récord", a pesar de suponer un "atropello" a las nóminas y derechos de los trabajadores.
Su homólogo en USO, Juan Díaz, comentó que la salida del convenio colectivo "estaba totalmente viciada, una práctica habitual de la empresa desde hace más de una década". Mientras, el representante sectorial de UGT, José Juan Socorro, denunció la "decisión unilateral" de Seguridad Integral de reducir los sueldos de la plantilla "sin contar con la parte social".
