El diputado ceutí, Francisco Márquez, será el encargado de exponer en el Congreso el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada que está preparando el Gobierno y que verá la luz en pocas semanas. Pero antes, el diputado ha adelantado parte de su contenido. Esta ley nace con el objetivo de potenciar la creación de empleo en el sector, favorecer la colaboración entre la seguridad privada y la pública, y dotar la actividad de mayor seguridad jurídica. Eso sí, Márquez asegura que no se busca una privatización.
El Gobierno está ultimando los detalles del anteproyecto de Ley sobre Seguridad Privada que verá la luz en las próximas semanas y que el diputado ceutí, Francisco Márquez, se encargará de exponer en el Congreso cuando entre a trámite parlamantario. Algunos de los objetivos de la nueva ley serán contribuir a dar seguridad jurídica a esta actividad y también potenciar las posibilidades de creación de empleo que este sector tiene en nuestro país, según señala Márquez. No en balde, la seguridad privada es un sector de "gran actividad económica" con más de 23.000 puestos de trabajo en España, según señala el diputado.
Márquez explica que esta ley nace de una necesidad impuesta por el paso del tiempo. La actual normativa que regula la actividad de la seguridad privada es de 1992 y "tanto los avances tecnológicos, como la evolución de la sociedad y de sus necesidades, parece hacer necesaria una actualización, sino integral, sí muy profunda". Por ello, nada más comenzar la actual legislatura el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se comprometió a sacar adelante esta nueva ley en su primera comparecencia en la Comisión de Interior y así lo recuerda el diputado ceutí.
Colaboración pública
"En el anteproyecto de la nueva ley se parte de algunas directrices que parecen evidentes como que la seguridad de la ciudadanía en este momento no es exclusivamente una cuestión a cargo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía autonómica o local", destaca Márquez. Para el Gobierno está claro que la seguridad privada debe colaborar con la Administración pública "para conseguir reforzar la seguridad de la ciudadanía, manteniendo en todo momento autoridad pública", según explica el diputado ceutí. "Desde lo público es de donde se deben coordinar todas las fuerzas y potencialidades que tanto desde el ámbito público como privado pueden contribuir al objetivo de lograr una mayor seguridad y el cumplimiento de la legislación vigente que garantiza la libertad de una sociedad", puntualiza Márquez.
Lo que se pretende con la nueva norma es legislar los nuevos ámbitos en los cuáles la seguridad privada está actuando y otros en los que podría actuar, según adelanta el diputado. Esta ley también busca reforzar la regulación de algunos ámbitos como la seguridad privada en acontecimientos con afluencia masiva de los ciudadanos o las actividades de los detectives privados. "Estos ámbitos deben regularse de una forma más concreta y más actual", advierte Márquez, que explica como el trabajo está casi "culminado" y que en ningún momento se pretende privatizar la seguridad pública como así han señalado algunas voces críticas.
Consenso político
Durante los últimos meses, el Gobierno se ha reunido con empresas del sector para conocer sus problemas y sus sugerencias. Ahora espera contar con las de la oposición y tener el apoyo, al menos del PSOE, para sacar adelante la ley en el parlamento.
El diputado cree acertada la decisión de dejar a Amgevicesa la seguridad
La reducción que ha hecho la Ciudad de los vigilantes de seguridad privada en edificios públicos como el del Mercado Central para en su lugar poner a trabajadores de Amgevicesa es, según explica el diputado Francisco Márquez, una decisión tomada ante la necesidad de optimizar los recursos de los que ya disponía la Administración y que, en ningún caso, "contradice el espíritu de la nueva ley". Por ello, para el también consejero de Relaciones Institucionales, esta ha sido una determinación "acertada". "La Ciudad disponía de una empresa pública con una determinada dotación de personal que podía hacerse cargo de esas funciones y esto iba a redundar en una mayor economía de medios y recursos", señala el diputado para añadir: "Así lo ha hecho en el ejercicio de sus competencias y es una decisión correcta para emplear de forma más eficiente los medios de los que ya disponía", puntualiza.
