El fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas Javier Ródenas dirigió en junio de 2012 unas jornadas jurídicas que estuvieron patrocinadas, entre otros, por el empresario Miguel Ángel Ramírez, cuya petición de indulto debía informar el representante del ministerio público. Ese mismo mes, el fiscal Ródenas —el mismo que había solicitado y logrado la condena firme del empresario a tres años y un día de cárcel por un delito urbanístico— emitió un informe en el que pedía que la pena de prisión de Ramírez quedara en suspenso hasta que el Consejo de Ministros se pronunciara acerca de la medida de gracia.
El curso estaba organizado por la librería especializada Juris Vegueta. El fiscal Ródenas reconoce a EL PAÍS haber cobrado por dirigir las jornadas: “Nosotros recibimos dinero por ponencia, pero lo recibimos de Juris Vegueta, no sabemos ni nos interesa el dinero que ponen los patrocinadores”. Y amplía: “Aunque supiera que lo patrocinaba este empresario, lo hubiese dirigido, me da igual lo del patrocinador, tengo tanta confianza en mi trabajo que me da igual quién lo patrocine: los hechos indican que la influencia ha sido nula”, concluye.
El caso se retrotrae a 2010, cuando el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas condenó a Ramírez a tres años y un día de prisión, inhabilitación para el ejercicio de la construcción, una multa de 60 euros diarios durante 24 meses y el derribo de un muro construido en su finca, que tiene una extensión de más de 30.000 metros cuadrados, y que invadía un terreno rústico.
Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, recurrió la sentencia, pero la Audiencia Provincial la ratificó —con un voto particular que pedía la disminución de la pena—. El tribunal argumentó que el condenado actuó de forma “dolosa, sabiendo que la zona a construir era rústica”. Fue entonces, cuando la sentencia era firme, cuando el empresario condenado solicitó un indulto al Gobierno.
El fiscal Ródenas, que recuerda que el juicio a Ramírez fue “tenso e histórico”, defiende la petición de suspensión de pena tras la solicitud del indulto. Argumenta que hay circulares que indican que “en todos los casos donde la pena de prisión no supere los tres años, es obligación suspender la privación de libertad mientras se tramita el indulto cuando el condenado no tiene antecedentes penales”. En este caso, la pena, aunque sea por un solo día, es superior al límite que indican las circulares de la Fiscalía.
Miguel Ángel Ramírez es el propietario de dos de las cuatro empresas que patrocinaron el curso que el fiscal dirigió. Una de ellas, Ralons Medio Ambiente, forma parte de la matriz que promovió la obra por la que Ramírez fue condenado y que lleva el mismo nombre, Ralons S. A. Fuentes del entorno de Ramírez aseguran que subvencionan distintas actividades que hace Juris Vegueta y que este caso no fue una excepción.
El curso que dirigió Javier Ródenas, y que patrocinó Miguel Ángel Ramírez, llevaba por nombre Medio Ambiente y Urbanismo. Y al mismo asistieron, entre otros, el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, y el fiscal de Sala de Medio Ambiente del Tribunal Supremo, Antonio Vercher.
Javier Ródenas tiene 36 años y una gran proyección dentro de la fiscalía de Las Palmas. Según distintas fuentes consultadas, es una persona cercana al fiscal jefe, Guillermo García Panasco, que le ha encomendado, entre otros asuntos, dar apoyo en una de las mayores operaciones judiciales anticorrupción que hay en marcha en Canarias, el caso Unión, que se investiga en Lanzarote. Además, preside la sección de la Asociación de Fiscales (AF) en Canarias.
Miguel Ángel Ramírez es un empresario entrado en la cuarentena que ha visto como en poco más de diez años sus negocios se han multiplicado. Comenzó vendiendo fruta con familiares en diferentes barrios de Las Palmas y de ahí ha pasado a tener una empresa de seguridad y una matriz, Ralons, de la que cuelgan negocios que prestan servicios que van desde la gestión de guarderías a la lavandería industrial o el medio ambiente. Al margen de Ralons, es el propietario de Seguridad Integral Canaria, una empresa que custodia desde los juzgados de Las Palmas hasta el Valle de los Caídos o El Escorial. Según diferentes fuentes, aproximadamente el 70% de las facturas que ingresan las empresas de Miguel Ángel Ramírez dependen de la Administración.
Según Javier Ródenas, hay que “ver el cuadro completo: se trata de un juicio en el que se ha logrado una pena de prisión por un delito medioambiental, algo histórico, con un escrito de acusación que no deja lugar a dudas”. Además, añade que diez días antes del juicio dirigió otro curso organizado por la misma librería y que no tuvo ninguna relación con el desarrollo del juicio. Aquel curso, según la web oficial, no tenía entre sus patrocinadores a ninguna empresa de Ramírez.
