Dirigentes de los sindicatos UGT, IC y USO han acusado hoy de prácticas antisindicales y coacciones a la empresa Seguridad Integral Canaria, que tendrá que rectificar varios cambios que hizo en las condiciones laborales de sus empleados al anularlos el Tribunal Superior de Justicia.
En una sentencia dictada hace unos días, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias declara la nulidad de un acuerdo colectivo aplicado desde marzo de 2012 en Seguridad Integral Canaria que, según los sindicatos que lo denunciaron, llevó a sus más de 2.000 trabajadores a acumular en un año pérdidas conjuntas de casi 8 millones de euros, al eliminarles varios pluses de sus pagas.
La pérdida de ese dinero, cifrado en una media de 300 euros por trabajador y mes que se restaron dejando de pagar a los empleados por conceptos como el plus de nocturnidad o el de festivos, fue justificada por la empresa tras suscribir un convenio colectivo que empeoraba las condiciones del convenio estatal del sector y que firmó, según los sindicatos, un comité de empresa "amañado".
Y es que ese comité de empresa está integrado por personas "afines" al propietario de la compañía, Miguel Ángel Ramírez, presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas, que se han presentado a las elecciones de representantes de los trabajadores en nombre de una plataforma independiente y sin amparo de sindicato alguno, ha denunciado el dirigente de UGT José Juan Socorro.
Como secretario general de la Federación de Seguridad Privada de UGT en Canarias, Socorro ha asegurado que los miembros del referido comité, formado por inspectores, mandos intermedios y otros cargos de confianza de Ramírez, son personas "subyugadas a la dirección y las decisiones de la empresa".
Y ha añadido que ésas son las únicas personas que se han acabado presentando a las elecciones para representantes de trabajadores que se han celebrado en la empresa porque otros empleados que se habían inscrito como candidatos en nombre de diferentes sindicatos en años distintos siempre han acabado por retirarse tras recibir coacciones.
Prueba de ello es, según ha afirmado el responsable regional del sector de Seguridad Privada de Intersindical Canaria, Jacinto Ortega, el hecho de que la sentencia dada a conocer hoy cuestione la propia actuación de los miembros del comité de empresa, que aceptaron firmar el acuerdo que recortaba sus derechos "en un tiempo récord" y sin solicitar explicaciones.
Hasta el punto de que en el pronunciamiento judicial se señala que, "tanto en lo relativo a la composición de la comisión negociadora como en lo que se refiere al desarrollo del periodo de consultas se han dado vicios e irregularidades de tal calado que nos llevan a concluir que no ha existido una negociación en los términos legalmente exigidos".
Ese apartado de la sentencia ha sido destacado por Juan Díaz, responsable de la sección de Seguridad Privada de USO en Canarias, quien ha señalado que las ahora anuladas por los tribunales "son prácticas habituales en esta empresa que se vienen denunciando desde hace más de una década".
Por ello, y pese a que la sentencia es recurrible, según se señala en su propio texto, los dirigentes de los tres sindicatos denunciantes han pedido que insten a Seguridad Integral Canaria a cumplir con la legalidad en materia de relaciones laborales los políticos de las islas.
Este empresario, han recalcado, se ha hecho con más de la mitad de los concursos de adjudicaciones de servicios de seguridad promovidos por administraciones públicas de las islas.
