La “indignación” de Intersindical Canaria (IC) y la Unión Sindical Obrera (USO- CANARIAS) por lo que consideran una “discriminación intolerable” en las subvenciones del Gobierno regional a CC.OO. y UGT va camino del Tribunal Superior de Justicia (TSJC).
Comoquiera que no han obtenido respuesta del Ejecutivo autonómico a sus quejas, más allá de la cortesía, los dirigentes de IC y USO-CANARIAS estudian la presentación de una denuncia a semejanza de la que el alto tribunal de Cataluña emitió el 27 de diciembre de 2012.
Entonces, Intersindical Alternativa de Catalunya ganó una demanda contra las subvenciones de carácter “exclusivo y excluyente” de la Generalitat a Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. Este órgano judicial fundamentó la anulación de las ayudas en la doctrina del Supremo: “ La libertad sindical consagrada en el artículo 28.1 de la Constitución se infringe cuando los sindicatos son tratados discriminatoriamente por los poderes públicos. La discriminación se produce cuando una subvención de fondos públicos, destinada como ayuda a los sindicatos para el cumplimiento de sus fines, se dedica exclusivamente a los más representativos, a pesar de que el artículo 7 atribuye a todos los sindicatos no solo la defensa, sino también la promoción, de los intereses económicos y sociales que le son propios, es decir, de los trabajadores”.
El contenido completo de esa resolución le fue entregado al jefe del Ejecutivo, Paulino Rivero, en el anexo de una carta firmada por Ignacio Rodríguez (IC) y José Ramón Rodríguez (USO-CANARIAS).
En 2010, recuerdan, el Gobierno autonómico suprimió las partidas a los sindicatos que “sí garantizaban la proporcionalidad y el respeto a los procedimientos de publicación y principio de igualdad”. Sin embargo, puntualizan, “en 2010, 2011 y 2012, bajo el amparo de subvenciones directas por razones de interés público, social, económico o humanitario, se destinó un total de 3.769.942 euros a actividades que son consustanciales a la labor sindical”.
A su entender, esta “desproporcionada cantidad” de dinero público supone “una grosera financiación encubierta” de Comisiones Obreras y UGT con la que “se pretende crear una situación de clara ventaja a estos sindicatos en detrimento de las demás organizaciones”.
Lo último: medio millón
El 30 de julio, el Boletín Oficial de Canarias publicó un anuncio de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio sobre subvenciones directas durante el segundo trimestre de 2013.
En esta tanda, CC.OO. y UGT se reparten 250.000 euros. Mientras, las dos confederaciones provinciales de la patronal CEOE reciben 280.000 euros. El resultante de la suma es medio millón de euros (530.000).
Este desembolso se justifica en conceptos como los de “gastos de participación institucional” y de “realización de proyectos”. Entre estos últimos figuran algunos sobre “la economía sumergida y el empleo irregular”.
Previamente, el Consejo de Gobierno aprobó el 28 de junio ocho subvenciones directas por valor de 2.794.655 euros por parte del Servicio Canario de Empleo (SCE) a las cámaras de Comercio de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, la Confederación Canaria de Empresarios, la CEOE-Tenerife, las fundaciones universitarias y a los sindicatos CC. OO. y UGT.
Días antes, la consejera Francisca Luego había confirmado en el Parlamento que UGT tiene pendientes de justificación 9,6 millones de euros en subvenciones de años anteriores.
En estas circunstancias, Intersindical y USO-CANARIAS resaltan que “esta situación límite no se sostiene desde el punto de vista de la higiene democrática”.
