La profesión de detective en Mallorca y el resto de España lleva varios meses en primera línea de fuego, siendo objeto de comentarios e incluso estudio por parte del Gobierno central, con el objetivo de sacar cuanto antes una nueva ley que reforme el trabajo de las empresas y profesionales de la seguridad privada y, según ellos, contribuya a reforzar su posición, garantizar su propia seguridad y la de los ciudadanos que contratan sus servicios y los que son objeto de la misma.
El tema ha abierto portadas de prensa nacional desde que salió a la luz el caso de investigación privada llevada a cabo por Método 3 a varios políticos españoles. Una de las cuestiones que más ha llamado la atención a la mayoría es el gran uso que la sociedad actual hace de los servicios de investigación privada. Según admiten varios profesionales que llevan ya años ejerciendo la profesión, la solicitud de presupuesto para contratar a detectives en Mallorca está al orden del día y cada vez son más los que piden trabajos más complejos y prolongados en el tiempo. Abusos de miembros de una comunidad de viviendas, control de morosos o vigilancia de empresas en Mallorca que presumen de una salud financiera que no está confirmada… Todo ello se suma a las habituales investigaciones de infidelidades, el seguimiento de personas que se creen desaparecidas o, incluso, la búsqueda de alguien importante en algún momento de nuestra vida al que le hemos perdido la pista.
Sin embargo, otros han hecho una interpretación interesada del asunto: nuestros políticos -uno de los colectivos más investigados- consideran cuestionable la ética y legalidad de ciertas prácticas que son utilizadas para el correcto ejercicio de la profesión de detective, una profesión, por otro lado, cuya formación está reglada por los patrones curriculares marcados desde el Estado: nadie es detective acreditado si no cuenta con su debida diplomatura oficial aprobada.
Hasta ahora la legislación en vigor era que marcaba la Ley 23/1992 de Seguridad Privada, un documento que quedará oficialmente derogado cuando se apruebe la nueva ley, de la cual ya se puede acceder a un anteproyecto redactado por el Gobierno:
La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, que ahora se deroga, vino aordenar un sector hasta entonces regulado por una normativa dispersa, de rango inferior y deorientación preconstitucional en algunos casos, que contemplaba una realidad todavíaincipiente, y a la que dicho marco legal permitió desarrollarse de forma armónica hastaalcanzar la importancia y transcendencia que ahora tiene, habiendo sabido concitar lageneralizada aceptación de la sociedad española.
Este es un pequeño extracto de la exposición de motivos que se ofrece en el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada aprobado recientemente por el Consejo de Ministros del Gobierno, pero en él se detallan y proponen cuestiones de diversa importancia y que pueden cambiar de una forma importante la labor de los detectives, perdiendo éstos independencia en favor de la Administración central.
Algunos de los puntos más controvertidos o que más críticas han desatado en el sector de los detectives en España, tanto por parte de los usuarios de estos servicios como por parte de los que los ejercen son:
- Destrucción de pruebas. Según el anteproyecto de la nueva ley, las agencias de detectives privados deberán destruir las imágenes que graben durante la ejecución de sus trabajos al pasar un año de la finalización del encargo. La única excepción es que esas investigaciones o personas estén involucradas en una investigación judicial.
- Informes completos. Las agencias de detectives privados en Mallorca y el resto de España estarán obligadas a redactar informes en los que se incluyan los resultados de las investigaciones llevadas a cabo. Estos documentos tendrán que estar siempre a disposición de jueces y policías que los puedan requerir para la ejecución de sus correctas funciones. Tendrán que conservarlos durante 5 años.
- Detalles de identidad. Agencias y detectives estarán obligadas a documentar todos los encargos que ejecuten durante sus investigaciones con detalles sobre la identidad y los medios que se hayan utilizado.
- Memoria anual. Será necesario que la presenten una vez al año ante el Ministerio del Interior con toda la documentación que avale su trabajo durante ese año.
- Medios utilizados. La nueva ley prohibirá el uso de de servicios o medios materiales que puedan atentar contra el derecho a la imagen, la intimidad o el secreto de las comunicaciones. Es decir, cámaras de vigilancia no declaradas, escuchas telefónicas…
- Nuevas normas. Se redactarán nuevas normas que, de no cumplirse, pueden supone la pérdida de la acreditación necesaria para ejercer la profesión de detective privado. Además reordenará las normas existentes, según defiende el Ministerio del Interior.
Actualmente en España, según datos del Ministerio, existen cerca de 1.500 empresas de seguridad privada en España, sector que factura al año una media de 3.200 millones de euros y que tiene a más de 90.000 empleados.
