La nueva Ley de Seguridad Privada solo contenta al Gobierno y la patronal y enciende a policías y oposición. La duda que surge es si la norma es un intento de hacer negocio con un derecho o un impulso para adaptarse a la nueva realidad delincuencial
La futura Ley de Seguridad Privada ha situado en el ojo del huracán a los más de 80.000 vigilantes privados de España. Para sus detractores, el proyecto que impulsa el ministro del Interior, Jorge Fernández, supone dar alas a un boyante negocio a costa de «privatizar la seguridad pública», mientras que sus partidarios creen que la nueva normativa es más garantista y moderna que la vigente, que data de 1992, y rechazan de plano que dé luz verde a que los vigilantes se conviertan en una suerte de policías de segunda y con menos sueldo.
La controversia del texto que fue aprobado en la Comisión de Interior hace unos días con los votos a favor del PP, CiU y PNV se centra en seis puntos novedosos: la autorización para que los agentes privados puedan practicar «detenciones» de delincuentes pillados in fraganti en el «ámbito de protección» del vigilante y siempre para poner al arrestado a disposición de las fuerzas de seguridad; la posibilidad de que las empresas del sector puedan prestar sus servicios, incluidas las identificaciones y detenciones, en «zonas comerciales peatonales» y en otros espacios públicos, siempre y cuando exista una autorización previa; la potestad para hacer controles personales, de paquetería, mercancía o vehículos en accesos, sin poder retener la documentación; el permiso para que los vigilantes realicen labores de seguridad en los perímetros de las cárceles y en centros de internamiento de extranjeros; la autorización de «las cesiones de datos que se consideren necesarias para contribuir a la salvaguarda de la seguridad ciudadana»; y la equiparación, a efectos penales, de un vigilante y un funcionario de las fuerzas de seguridad como agentes de la autoridad cuando sufran agresiones durante el desempeño de su trabajo.
Para Eduardo Cobas, secretario general de la patronal de empresas de seguridad (Aproser), la nueva normativa, lejos de ser polémica, «adapta» el sector «a una nueva realidad» diferente a la que existía en 1992, pero siempre poniendo el acento, como lo hace la ley vigente, en la «complementariedad» y la «subordinación» de los agentes privados a los funcionarios públicos. Cobas no ve ningún problema en que los agentes privados patrullen espacios públicos, puesto que es una práctica que «funciona perfectamente» en países «avanzados» como Bélgica y, sobre todo Suecia, donde, argumenta, las zonas comerciales de los cascos históricos de las ciudades han visto como crece el negocio, por encima de los centros comerciales.
«¿Qué problema puede haber para el ciudadano en contar con más seguridad en ciertas zonas que no va a costar dinero a las arcas públicas? ¿Por qué no destinar a los vigilantes privados a estos trabajos de menor envergadura y reservar a los agentes públicos a funciones de mayor valor añadido?», se pregunta el secretario general de Aproser, que recuerda que hace años nadie podía haber pensado que vigilantes no públicos se iban a ocupar con total normalidad de servicios como el acceso a instalaciones militares o ministerios, labores de escolta de concejales amenazados por ETA o a la seguridad armada de barcos españoles en el Índico.
Muy parecidos
Los argumentos de la patronal son muy similares a los que usa el Gobierno para defender este proyecto. El titular de Interior sostiene que es «falso» que su intención sea la de sustituir a los policías y guardias civiles por agentes privados. Insiste en que no es una «locura» permitir que los agentes privados detengan en la calle porque la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza desde 1882 a cualquier ciudadano a arrestar a un delincuente pillado 'in fraganti' para ponerlo a continuación a disposición de la autoridad.
Fernández y su departamento insisten en que la ley simplemente «equiparará» a España con los países de su entorno, ya que actualmente cuenta con el ratio más alto de fuerzas de seguridad públicas por cada habitante y el ratio más bajo de vigilantes privados. El ministro se esmera en negar cualquier vertiente privatizadora en el nuevo texto, pero el número dos de su departamento no ocultó que el texto tiene también motivos economicistas. Francisco Martínez llegó a decir que la futura ley «quiere ayudar a consolidar el sector de la seguridad privada», que se encuentra en «pleno auge», a pesar del azote de la crisis.
«Ahí está la clave. El secretario de Estado la dio. Esta reforma no se puede entender sin esa vertiente económica. La nueva ley solo persigue convertir un derecho, como el de la seguridad, en mercancía», apunta el diputado socialista y portavoz parlamentario de Interior, Antonio Trevín. «Las grandes empresas de seguridad privada son las únicas que están de enhorabuena. La nueva ley no beneficia a nadie más. Los ciudadanos ven cómo se venden sus derechos y los trabajadores del sector van a comprobar cómo la futura normativa permite contratar para sus puestos a auxiliares con mucho menor sueldo, porque el texto, además de consagrar la privatización de la seguridad, da patente de corso al intrusismo», denuncia el diputado del PSOE.
El mayor colectivo profesional de la seguridad pública en España, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), también ha puesto el grito en el cielo. Su secretario de comunicación, José María Benito, tilda directamente el proyecto de «barbaridad». Al margen de considerarlo una «cesión de lo público a las empresas» para garantizar a «unos pocos parte del suculento pastel», Benito pone el acento en la formación. «Policías y guardias civiles tenemos que prepararnos con una oposición y dos años de academia para poder tomar una decisión tan grave como la de privar momentáneamente con una detención a una persona de un derecho fundamental como es el de la libertad.
