Ni la nueva ley de contratos ni el acuerdo vinculante que firmó Fomento con los sindicatos han impedido que las administraciones públicas sigan recurriendo a empresas 'piratas'
Los ‘piratas’ de la seguridad aún no tienen los días contados. Novo Segur, empresa conocida por pagar 789 euros brutos al mes a sus vigilantes en instituciones públicas como el Ministerio de Defensa -que no renovará el contrato-, acaba de ganar doce adjudicaciones con organismos tan variados como la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (Interior) o la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Ni la recién aprobada Ley de Contratos ni el acuerdo para mejorar las condiciones de los empleados -impulsado por Íñigo de la Serna (Fomento)- lo han impedido.
Los nuevos contratos se hacen públicos poco después de que el ministerio capitaneado por María Dolores de Cospedal se comprometiera a acabar su relación con la antigua Marsegur (ahora Novo Segur) en cuanto expire el contrato en marzo, momento en el que sacará una nueva licitación. Los vigilantes de esta empresa se pusieron en huelga en octubre para denunciar una pérdida de poder adquisitivo de casi 400 euros al mes, con sueldos un 30% inferiores a las tablas del convenio de seguridad estatal.
No obstante, esta práctica hasta ahora era legal (y demasiado habitual). Los convenios de empresa podían prevalecer sobre el sectorial, situación que cambia con la nueva Ley de Contratos del Sector Público: sobre papel, el precio pierde peso como criterio de adjudicación en favor de otros como la calidad del servicio, los pliegos deberán incluir cláusulas sociales y las empresas estarán obligadas a aplicar el convenio colectivo del sector, con salarios notablemente superiores a lo que paga Novo Segur (entre otras).
Pero la nueva Ley, ya publicada en el BOE, no entrará en vigor hasta dentro de cuatro meses. Hasta entonces, las administraciones públicas podrán seguir contratando con empresas que tiran los precios a fin de presentar la oferta económica más ventajosa. El ejemplo más reciente es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad), que adjudicó recientemente un contrato de dos años a Novo Segur para sus servicios de vigilancia: en teoría, iba a arrancar el 1 de enero de 2018 y cuenta con un presupuesto de 114.674 euros, según el expediente consultado por este periódico en la plataforma de contratación del sector público.
"A todos les gusta quedar bien, pero siguen adjudicando los contratos a los mismos ‘piratas’ de siempre"
No obstante, el Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STS) intervino "una vez enterado de las formas de proceder" de la empresa adjudicataria. "Se les expulsó del proceso, tal y como permite la actual Ley de Contratación del Sector Público, descartando así a una empresa pirata que presentó la oferta más baja con diferencia notable", matiza Héctor Castaño, delegado sindical.
Le siguen organismos dependientes del Ministerio de Empleo como la Tesorería General de la Seguridad Social en las direcciones provinciales de Ciudad Real o Tenerife, con un plazo de ejecución de 12 meses y un importe de adjudicación no superior a los 307.447 euros en ninguno de los casos. También destaca el servicio de vigilancia del Instituto Nacional de la Seguridad Social en León (88.510 euros), otorgado igualmente a la antigua Marsegur. El Confidencial ha intentado ponerse en contacto con la empresa, sin éxito.
“Las direcciones provinciales funcionan como organismos autónomos que toman sus propias decisiones de contratación”, justifican fuentes de Empleo. Y dejan claro que el departamento de Fátima Báñez fue de los primeros en incorporar cláusulas sociales en los pliegos para garantizar unas condiciones laborales mínimas. “Se hizo en julio de 2017, antes de que se aprobara la nueva ley, y se envió una recomendación a los citados organismos para que las aplicaran”. Este ministerio ya fue noticia por contratar en el pasado con Sinergias de Vigilancia y Seguridad, otra empresa ‘pirata’ que pagaba un sueldo base de 660 euros al mes y superaba el salario mínimo interprofesional por los pluses, como desveló ‘El País’.
Con El Prat empezó todo
La huelga en el aeropuerto de El Prat abrió el melón de la seguridad privada en España. Tras un verano caliente que se resolvió con un laudo de obligado cumplimiento para los trabajadores de Eulen (subcontratada por Aena), el ministro de Fomento recogió el guante de los sindicatos y evitó que estallase un conflicto similar en el gestor aeroportuario. Su departamento firmó el mes pasado un acuerdo vinculante con los sindicatos y las empresas para mejorar las condiciones de un sector azotado por la precariedad.
Interior y Empleo suscribieron dicho texto, que se aplicará en las infraestructuras de transporte de competencia estatal. Incluye además un anexo específico para el ámbito aeroportuario. Los nuevos contratos que otorgue Aena deberán contemplar nuevos pluses “que serán tenidos en cuenta en la estimación del precio de licitación y que serán obligatorios para las empresas de seguridad”.
egún Diego Giráldez, responsable de seguridad a nivel estatal en UGT, el acuerdo va más allá de lo que establece la Ley de Contratos y debería “trasladarse a la totalidad de ministerios que contratan seguridad privada”. El menor peso de la oferta económica, el abono normalizado de las nóminas (sin retrasos ni impagos) y la prohibición de presentar una bolsa de horas extra gratis son algunos de los requisitos. El sindicato se ha puesto en contacto con Cristóbal Montoro (Hacienda) para intentar extrapolar los avances a su ministerio.
Ahora solo falta que las administraciones públicas sean coherentes y cumplan lo que han firmado. “Es el mismo problema de siempre: a todos les gusta quedar bien, te dan la razón en las reuniones y se comprometen a actuar, pero siguen adjudicando los contratos a los mismos ‘piratas’ de siempre”, concluye Basilio Febles desde el sindicato USO.
