El artículo 37 de la Constitución se abre paso en el diálogo social. Ese artículo obliga al Gobierno a garantizar “el derecho a la negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores y empresarios”. O lo que es lo mismo, la Carta Magna pretende asegurar que ambas partes pacten las condiciones laborales a través de un convenio colectivo de obligado cumplimiento.
Pues bien, los agentes sociales y el Gobierno ultiman un acuerdo para que el aprendizaje de los delegados y cuadros sindicales, también el de los negociadores de las distintas patronales, se incluya en los planes de formación que financian el Estado y los fondos europeos. Es decir, que para enriquecer la negociación colectiva se ha optado por aumentar la cualificación de los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Este reconocimiento se articulará a través de una modificación del reglamento que desarrolló en julio de este año el sistema de formación profesional en las empresas, y forma parte del bloque de diálogo social que negocian en estos momentos sindicatos, patronal y Gobierno.
Se trata de una vieja reivindicación de los sindicatos, preocupados por un empobrecimiento de la negociación colectiva por falta de cualificación de sus delegados, lo que les obliga a destinar cuantiosos recursos a formación pese a tratarse de una práctica protegida por la Constitución. Algo que ha sido especialmente preocupante en los años más duros de la crisis, que se ha llevado por delante muchos empleos, entre ellos los de veteranos sindicalistas acostumbrados a negociar convenios colectivos cada vez más complejos, y que no se limitan ya a establecer los incrementos salariales, sino que abordan las condiciones laborales de más de 10 millones de trabajadores.
En CCOO, por ejemplo, lleva funcionando desde hace años la Escuela Sindical Juan Muñiz Zapico, que forma a cuadros del sindicato, y que consume una parte importante de sus recursos, dándose, además, la circunstancia, de que los convenios colectivos en España son de eficacia general —afectan a todos los trabajadores— independientemente de si están afiliados o no. Es decir, que son los sindicatos, con las cuotas de sus afiliados y no con las aportaciones del resto de trabajadores beneficiados por el convenio, quienes financian las mejoras en las condiciones laborales de toda la plantilla.
En la propuesta entregada por los sindicatos al Gobierno se reclama, en concreto, el fortalecimiento de la negociación colectiva, “lo que exige”, dice el documento, “que los poderes públicos den el máximo apoyo a estos medios autónomos de solución de conflictos, promocionando el contexto institucional y financiero adecuado para ello”. Expresado en otros términos, recursos públicos para mejorar la calidad de la negociación colectiva, en particular en todo lo relacionado con las comisiones paritarias de seguimiento de los convenios, lo que reduciría una parte significativa de la conflictividad en las empresas.
Consejo de Relaciones Laborales
En esta línea, los sindicatos reclaman desde hace tiempo la creación de un Consejo de Relaciones Laborales y de Negociación Colectiva de carácter bipartito y paritario, formado por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. CEOE ya ha dicho que está dispuesto a financiarlo con una tasa de sus afiliados. Pero los sindicatos desconfían de la propuesta que les haría dependientes de la patronal.
Hay que tener en cuenta que, según la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos, cada año se firman alrededor de 5.000 convenios colectivos que afectan a más de un millón de empresas, lo que pone de relieve la importancia de la negociación colectiva en el tejido productivo. Algo que explica que la ministra Báñez haya sido receptiva a esta propuesta en el marco de un reforzamiento de la negociación colectiva.
Tampoco hay que olvidar que en el último periodo de cómputo de las elecciones sindicales los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, lograron casi 180.000 delegados y miembros de comité de empresa, muchos de ellos con escasa formación sindical.
El ministerio de Empleo entiende, por lo tanto, que si se quiere mejorar tanto la productividad como las condiciones laborales de los trabajadores hay que mejorar la formación de sus representantes. Y se recuerda, en este sentido, que diversas sentencias del Tribunal Constitucional han establecido que en la negociación colectiva no solo converge la dimensión estrictamente subjetiva de la libertad sindical, sino también el sindicato en cuanto representación institucional, ya que la propia Constitución los reconoce como legítimos defensores de los intereses de los trabajadores.
