La recolocación de los últimos 109 escoltas privados que quedaban en Euskadi pone fin a una categoría profesional que se hizo tristemente familiar en las calles del país
Fueron legión y vivieron con la sensación agridulce de desear que desapareciera el motivo de su trabajo. Ahora que ha ocurrido, los escoltas privados hacen lo que pueden para reciclarse profesionalmente, con desigual fortuna. Las promesas que recibieron en su día no se han cumplido, sus antiguos protegidos vuelven la cabeza cuando se cruzan con ellos y su currículum laboral muchas veces es más una carga que una ayuda para buscar trabajo. Se sienten «olvidados».
Ese olvido comenzó a fraguarse el 5 de septiembre de 2010, día en que ETA anunció el alto el fuego que este fin de semana desembocará en el comienzo del desarme de la organización terrorista. La tregua trajo consigo una reducción paulatina de los servicios de protección a políticos, cargos públicos y empresarios, que se habían multiplicado desde el asesinato del concejal del PPde Ermua Miguel Ángel Blanco, en 1997. En 2009 llegó a haber 2.600 escoltas privados en activo en la Comunidad Autónoma Vasca y otros 1.400 en Navarra, que daban protección a 1.500 personas. Ahora ya no queda ninguno.
El anuncio de ETA marcó el comienzo de un proceso que ha llevado a cerca de 4.000 escoltas privados a perder su empleo y a buscar una salida profesional para eludir la condena del paro. Después de años jugándose la vida para salvar las vidas de otros, se vieron en la calle con un certificado que acreditaba sus servicios prestados y unas cuantas promesas que a menudo no llegaron a cumplirse.
El Congreso de los Diputados estudió diferentes iniciativas para recolocar a los escoltas en puestos relacionados con la vigilancia en penitenciarías o con la protección de mujeres víctimas de violencia de género, pero todo quedó en buenas intenciones. «El Gobierno nos prometió que nos daría una salida en la seguridad de prisiones, decía que íbamos a tener un trato especial por lo que habíamos hecho, pero no cumplió su promesa», recuerda Juan Luis, que fue la sombra de altos cargos en el País Vasco durante 17 años, hasta que en 2015 se quedó sin nadie a quien proteger. «Yo he tenido suerte porque tengo 40 años y me he podido colocar en Bizkaia en una empresa de transportes blindados, pero los que tienen más de 50 años no encuentran trabajo de ningún tipo», añade.
En el sector llaman «los últimos de Filipinas» a los 109 escoltas privados que quedaban en Euskadi tras la gran purga que hace seis años llevó a la calle a 2.900 de sus compañeros. Su empresa ha tenido que despedirles después de que el Ministerio del Interior haya anunciado que no le renovaría el contrato para proteger a cargos públicos. Los escoltas ya no son necesarios, no tienen espaldas que guardar.
«A finales de este mes se acabará la categoría de escoltas», señala Arturo Salinas, responsable de Seguridad Privada en el País Vasco del sindicato, que ha llegado a un acuerdo para garantizar el futuro laboral de los últimos 109 profesionales. Los que acepten quedarán recolocados como vigilantes de seguridad en infraestructuras especiales como empresas electroquímicas y la central nuclear de Garoña, o en supermercados. Muchos se ocuparán de la vigilancia perimetral de las cárceles, después de que, hace dos años, el Ministerio del Interior se comprometiera de nuevo, y esta vez lo cumplió, a incorporar a este cometido a escoltas privados.
Porteros de discotecas
Según datos de la Asociación Española de Escoltas, el 80% de los antiguos escudos contra ETA han conseguido un nuevo empleo como vigilantes de seguridad o en servicios de protección a altos ejecutivos de empresas. El resto está desperdigado en destinos como porteros de discotecas, detectives o compañías de seguridad. Algunos no fueron capaces de reciclarse y acabaron suicidándose o alcoholizados. «Hace poco he recibido la llamada de un antiguo compañero que protegió a concejales en el País Vasco. Me dijo que estaba viviendo en un coche», confía Juan Luis. «Muchos han rehecho su vida, pero otros vienen al sindicato cobrando una prestación social», agrega Arturo Salinas.
