Así lo denuncian los representantes sindicales de los 130 empleados del servicio de vigilancia privada
Tras varios meses de tiras y aflojas entre los sindicatos y el Gobierno de Castilla-La Mancha, el pasado lunes la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas firmó el contrato definitivamente con Sinergias de Vigilancia y Seguridad, la empresa concesionaria del servicio de seguridad y vigilancia en los edificios de la Junta de Comunidades en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara tras un concurso público.
Se trata de un contrato por dos años con posibilidad de prorrogarlo otros dos. Hasta aquí todo normal, pero los representantes sindicales de los más de 130 trabajadores afectados han clamado contra esta empresa, a la que tachan de «pirata», algo que vienen denunciando durante varios meses, debido a las condiciones laborales que comenzará a aplicar a partir del 1 de mayo.
La principal queja de los trabajadores es que esta empresa, dirigida por Miguel Ángel Ramírez —empresario canario y propietario también de la Unión Deportiva Las Palmas—, no respetará el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad privada y aplicará el suyo propio, algo que permitía el pliego de condiciones redactado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Es por ello que, según informa a ABC Juan Caro, representante del sindicato UGT en el comité de empresa, han decidido, tras la asamblea celebrada el martes, llevar a cabo una serie de movilizaciones que se iniciarán después de Semana Santa y, en concreto, el próximo jueves, 20 de abril, con concentraciones ante la sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Fuensalida de Toledo, y ante las Cortes regionales.
Trabajar más y cobrar menos
Otro de los representantes de los trabajadores, Jaime Santiago —del sindicato USO— recuerda que el conflicto tiene su raíz en la Reforma Laboral del Partido Popular y «en la falta de previsión» de la Consejería al redactar el pliego de condiciones que reguló el concurso del servicio de seguridad. «Si nos aplican el convenio de Sinergias, trabajaremos más horas y pasaremos de cobrar 15.000 euros anuales a 9.000 euros. Y nada nos garantiza que no vaya a ser así», señala.
«Al no explicitar nada en el pliego respecto al convenio de aplicación, la mejor oferta fue la presentada por una UTE integrada por dos empresas, una de las cuales, Sinergias Seguridad, aprovechó la Reforma Laboral para descolgarse del convenio colectivo estatal, estableciendo para sus plantillas unos salarios un 40 por ciento más bajos que las demás empresas del sector; y una jornada mensual de 183 horas en lugar de las 162 horas que tienen las empresas de la competencia que sí aplican el convenio estatal», explica Santiago.
Los tres sindicatos con representación —USO, CCOO y UGT— critican en un comunicado que «después de varios meses de negociación y de conseguir que Sinergias se comprometiera a aplicar el convenio estatal, la Junta nos deja en la estacada porque esta empresa ha amenazado a con denunciarles por prevaricación si les obligan a garantizar nuestros salarios, nuestras jornadas y todos los puestos de trabajo».
