La Agencia encargada de velar por la confidencialidad de la información que Administración y empresas poseen de los ciudadanos inicia un “procedimiento de declaración de infracción” tras denunciar el sindicato de funcionarios ACAIP la entrega de listados con el nombre de reclusos a los guardias de seguridad que colaboran en la vigilancia de la cárcel de Picassent (Valencia).
Nueva investigación a Instituciones Penitenciarias por no custodiar diligentemente información ‘sensible’. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), organismo encargado de velar por la confidencialidad de la información que instituciones públicas y empresas poseen de los ciudadanos, ha iniciado un procedimiento contra el departamento de Jorge Fernández Díaz, el segundo en el último año, al detectar la entrega de listados con los nombres de reclusos del Complejo Penitenciario de Picassent (Valencia) a personal no autorizado. En concreto, a los vigilantes privados que colaboran en la seguridad del recinto. El expediente estudiará la supuesta infracción del artículo 12.2 de la Ley de Protección de datos que regula el acceso a los datos personales por parte de terceros. Las pesquisas son fruto de la denuncia realizada por el sindicato Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), muy crítico con la implantación de la seguridad privada en los cárceles españolas promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy en la presente Legislatura.
La supuesta infracción se ha producido en el Centro de Inserción Social (CIS) del complejo penitenciario valenciano, del que cada mañana salen decenas de reclusos que disfrutan del tercer grado o régimen de semilibertad para acudir a trabajar y regresar sólo para pernoctar. Según la denuncia, el control de la entrada y salida de estos internos debe ser realizada por los funcionarios de prisiones y los guardias civiles que se encargan de la seguridad del recinto, pero nunca por los vigilantes privados que acompañan a estos últimos en labores de vigilancia del perímetro exterior. Sin embargo, la dirección del centro presuntamente ha entregado a estos trabajadores contratados por Interior listados con los nombres de todos y cada uno de los reclusos que entran y salen de la cárcel cada día. “No son funcionarios y, por tanto, no pueden manejar ningún tipo de información confidencial sobre los internos”, destacan a este diario fuentes de ACAIP.
Tras conocer este hecho, el sindicato hizo una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos para saber si Instituciones Penitenciarias estaba vulnerando la ley. El organismo no sólo le confirmó que así era, sino que ha iniciado de oficio el “procedimiento de declaración de infracción” contra Instituciones Penitenciarias, según han confirmado a este diario fuentes de la propia agencia. El objetivo del mismo es determinar si Prisiones vulneró el artículo 12.2 de la ley, que obliga al poseedor de datos personales, en este caso Interior, a obtener el consentimiento expreso del titular de los mismos antes de cederlos a terceras personas o empresas. Es decir, sí debería haber pedido autorización a los presos que figuran en el listado para facilitar su identidad a los guardias de seguridad privada que trabajan en el centro. La posible infracción ha sido catalogada en principio como “leve”, según recoge el escrito de apertura del expediente.
