La jueza no puede avanzar en la instrucción del caso de los cursos de formación porque falta el informe de Hacienda sobre los bienes de los 31 imputados
Mientras el informe de la Agencia Tributaria sobre las cuentas y movimientos de los imputados en la operación Zeta no llegue al Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, la investigación por supuestas irregularidades en cursos de formación no puede continuar. Esa documentación se le pidió a Hacienda a principios del 2012, poco después de comenzar las pesquisas que llevaron nada menos que a 31 personas a ser imputadas. Los principales sospechosos se han negado a declarar hasta que no tengan en sus manos el informe de Hacienda cuya elaboración se prolonga por su complicidad y extensión.
La causa ya lleva escritos nada menos que 25 tomos. En ellos, el grupo de investigación de delitos económicos de la Policía Nacional llegó a la conclusión de que entre 2008 y 2012 varias asociaciones o instituciones defraudaron unos 20 millones de euros en cursos de formación subvencionados que no se hacían o se hacían mal. En la cima sitúan a las compañías del empresario coruñés Gerardo Crespo. Sería el encargado de organizar los cursos de formación o los proyectos de empleo. A él le contrataban entidades como las de autónomos o de hosteleros para que sus empresas impartieras las clases. Pero, según la Policía y la Fiscalía, se repartían las ayudas y esos cursos no se llegaban a realizar o se hacían mal; si bien hasta el momento nadie de los que acudió a declarar dijo que esos proyectos formativos no se hicieran.
El empresario coruñés, cercado por cientos de declaraciones, grabaciones y papeles que lo sitúan al frente de una supuesta conspiración entre él, responsables de entidades profesionales y cargos públicos para enriquecerse con subvenciones, no se reconoce ni en el primer párrafo del sumario. No se le saca ni un «tal vez me equivoqué ahí» o «puede que no debiera haber hecho tal cosa». Ya no es que se muestre inmaculado, es que culpa a la policía, como a los políticos, de todo lo que le pasa. Y le ha pasado de todo en estos más de tres años de instrucción. Fue sancionado por la Administración, presentó un concurso de acreedores y cerró algunas de sus empresas.
Pero el grupo de investigación de delitos económicos de la Policía Nacional dice tener todas las pruebas de que allá donde había una subvención, allí estaban ellos, «la organización», que es como bautizó uno de los implicados a este grupo de empresarios, cargos públicos y responsables de entidades (autónomos, sindicatos, patronal) que un día, supuestamente, barruntaron la posibilidad de lucrarse de las ayudas concedidas para la inserción de parados y de minusválidos.
Es lo que piensa la policía y también la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, que han empleado miles de horas en tratar de desmantelar un «chiringuito de subvenciones» que hasta ahora tiene como imputadas a 31 personas como supuestas autoras de delitos de fraude de subvenciones o estafa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales.
La treta utilizada era así de primitiva: una entidad sin ánimo de lucro, la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y la Formación, por ejemplo, solicita a la Xunta una subvención para la celebración de un curso de inserción laboral de minusválidos. La Administración le concede una cantidad de dinero en forma de subvención. Pues bien, el responsable de la entidad coge el dinero y se lo entrega a una empresa de formación para que sea esta la que organice los cursos subvencionados. Hasta aquí, todo bien. Pero a partir de ese momento la legalidad, como la moralidad, enmudecen, al menos supuestamente. Porque lo primero que hace esa empresa de formación es devolverle por debajo de la mesa a la entidad adjudicataria de las ayudas entre un 20 y un 30 % del total como pago por haberla contratado a ella y no a otra. ¿Qué pasa con el dinero restante? Pues una pequeña parte o nada se destina al curso, y el resto al bolsillo. Todos ganan. Menos los originales destinatarios.
Además de Crespo, hay otras 30 personas que se encuentra imputadas en este caso. Entre los implicados figuran los tres altos cargos de la Consellería de Traballo destituidos: Odilo Martiñá, que era director xeral de Formación; Álvarez Freijido, que fue delegado de la consellería en A Coruña y ahora trabaja para la Diputación coruñesa, y Joaquín Vila, que era jefe de servicio en la Xunta.
