El consejero de Presidencia asegura que seguirá» haciendo todos los esfuerzos» necesario para resolver la situación en el centro de menores
La Delegación de Gobierno ha denegado los servicios mínimos de seguridad en el centro de menores de Miraflores, en Noreña, hasta que no se solucione el conflicto laboral entre la empresa Alcor y los trabajadores de la misma que desde el pasado viernes permanecen en huelga.
Según el consejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, «la Delegación de Gobierno, que consultó a su vez con la Secretaría de Estado de Seguridad, denegó los servicios mínimos, por lo tanto no podemos establecer una prestación de seguridad puesto que estaríamos vulnerando el derecho de huelga».
Martínez apuntó que han advertido a la Delegación de Gobierno de la situación de inseguridad que se está viviendo en el centro de menores, y matizó que «hemos hecho y seguimos haciendo todos los esfuerzos necesarios para resolver» el problema.
Esto se contrapone con las medidas adoptadas por la empresa Alcor -subcontrata del Principado-, «que el sábado metió a un trabajador, lo cual es ilegal porque no hay servicios mínimos», siempre según la versión de José Manuel Córdoba, uno de los trabajadores que hacen guardia a las puertas del centro vigilando que Alcor no intente vulnerar la legalidad. «Ayer -por el lunes- intentaron meter tres vigilantes ajenos al servicio», amplió Córdoba, y añadió también que el domingo «tuvieron que venir dos patrullas de la Guardia Civil por la mañana y otra por la noche para cubrir la cena».
Alcor presta los servicios de seguridad del centro desde el mes de octubre de 2014. Cuenta con diez trabajadores que desempeñan sus funciones bajo el convenio estatal de seguridad privada. El conflicto surgió por la supuesta intención de Alcor de jacer «rebajas en el sueldo de hasta el 27%, además de quitarnos los pluses de festividad, nocturnidad y antigüedad», desgranó Córdoba.
Otro de los trabajadores, Manuel Vázquez, afirmó que tanto la dirección del centro como la empresa Alcor y el Principado «sabían desde hace un año que si no se respetaba el convenio estatal iban a tener problemas».
La situación en el centro es complicada, porque es ilegal establecer unos servicios mínimos de seguridad, pero por otra parte se deja a los trabajadores del centro en situación de desamparo.
En el mes de agosto «cuatro trabajadores se quedaron de baja por agresiones, y dos de ellos del mismo turno», afirmó Cordoba. Este viernes habrá una asamblea en Oviedo con representantes de la USO, UGT, CC OO y el comité de huelga de Alcor.
