El Gobierno asturiano aplicará sanciones previsiblmente a la empresa de seguridad privada Alcor, adjudicataria de la vigilancia de varias instalaciones autonómicas, entre ellos el centro de menores de Miraflores, pero no rescindirá los contratos firmados porque, según mantiene el consejero de Presidencia e Interior, Guillermo Martínez, no sería legal.
Martínez lo ha anunciado en respuesta a una pregunta de la diputada de Ciudadanos en la Junta General, Diana Sánchez, que sí ve posibilidad de rescisión de los contratos, tras la reciente detención del gerente de la empresa.
El consejero ha reiterado que la ley no permite rescindir contratos por que un gerente haya sido detenido o por que la empresa esté siendo investigada. "Si usted encuentra algún resquicio legal que ningún servicio jurídico ni nadie conoce en toda España, le ruego que me lo comunique y actuaremos en lo que queda de mañana", ha ironizado el consejero.
Ha explicado que lo que sí puede hacer el Gobierno asturiano es aplicar penalizaciones porque la empresa no comunicó la detención. Unas penalizaciones que oscilarían entre el 2% y el 50% de la cuantía del contrato.
Con respecto a la situación en el centro de menores de Miraflores, donde los trabajadores de vigilancia han iniciado una huelga, ha explicado en una rueda de prensa anterior que el Gobierno ha reclamado a Delegación de Gobierno el establecimiento de servicios mínimos para garantizar la seguridad, petición que ha sido denegada.
Ha matizado también que el Gobierno asturiano no puede actuar imponiendo esos servicios por su cuenta porque conllevaría "reventar el derecho de huelga".
No lo ve en el mismo sentido Diana Sánchez, quien considera que la empresa sí ha incurrido en incumplimientos y causas de rescisión, por ejemplo el no abono de la Seguridad Social de sus trabajadores. Ha recordado además que la empresa está siendo investigada desde hace varios años, por lo que ha criticado que se le adjudicasen servicios incluso conociendo este extremo.
