El violento episodio vivido el pasado mes de mayo en el centro de salud de Añaza, donde el Servicio de Urgencias incluso tuvo que ser cerrado después de las agresiones sufridas por algunos profesionales y el propio vigilante de seguridad, volvió a poner de manifiesto una realidad que el Sindicato Médico (CESM) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife lleva denunciando desde hace años. Según aseguran desde la organización sindical, el 30% de los centros de salud y consultorios periféricos de la Isla son “especialmente conflictivos”, algo que incluso reconocen desde la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife.
Sin embargo, y a excepción de dos de ellos, el resto no cuentan con vigilancia de seguridad continuada, lo que ya ha motivado algunos episodios de violencia que han tenido que resolver los propios profesionales o la Policía. En este sentido, el portavoz del CESM, Agustín Graffigna, explica que “la mayor parte de los centros de salud más conflictivos no tienen vigilancia las 12 horas en las que permanecen abiertos. De hecho, el vigilante de seguridad suele estar contratado por 6, 8 o 9 horas como máximo”. El resto del tiempo, el personal queda completamente desasistido”, subraya el delegado de Prevención de Riesgos Laborales del Sindicato Médico, quien reitera que la organización ha constatado un aumento de la violencia hacia médicos y enfermeros en “los últimos dos años”. No en vano, según datos del propio Servicio Canario de la Salud (SCS) recopilados por el Sindicato de Enfermería (Satse), entre enero de 2013 y abril de 2015 se contabilizan un total de 397 agresiones físicas y verbales contra personal sanitario, la mayor parte de ellas hacia enfermeros y auxiliares. Del total registrado, la Consejería de Sanidad trasladó a la Fiscalía 154 denuncias, una veintena de las cuales acabó con sentencia firme. En el caso de los médicos, como ha publicado este periódico, todas las denuncias incoadas en los últimos cinco años en Tenerife se resolvieron a favor del profesional agredido.
El año pasado, el SCS recogió 229 agresiones a personal sanitario, de las que 177 fueron verbales, 26 físicas y 26 mixtas. Del total, solo 12 fueron contra facultativos, y 180 se derivaron a la Fiscalía. De esta manera, en los dos últimos años 334 casos llegaron a los tribunales. En general, las denuncias crecieron casi el 30% respecto a 2013, lo que confirma la peligrosa tendencia al alza registrada en los últimos años.
“Ha sido un tema que hemos denunciado en reiteradas ocasiones a la Gerencia de Atención Primaria, y nos dicen que no todos los centros de salud y consultorios periféricos deben tener seguridad. Que el gasto sería excesivo. Somos conscientes de eso, y estamos de acuerdo, pero sí debería haber mayor vigilancia en aquellos que están plenamente identificados como problemáticos”, denota el portavoz del Sindicato Médico, quien deja claro que hay mucha preocupación entre los profesionales de esas instalaciones, porque consideran que el vigilante es el único medio coercitivo con el que cuentan. Y algunos están amedrentados, especialmente las facultativas, porque hay pacientes que las ven como un blanco fácil”, agrega Agustín Graffigna.
Un estudio reciente de Satse apoya esa teoría del miedo de los profesionales a denunciar, ya que solo se llevan a los tribunales el 11% de las agresiones sufridas. Ello supone que la cifra real de agredidos en los últimos años en Canarias superaría el millar. La mayoría de estas agresiones se producen en Atención Primaria.
