La agente, que está destinada en el cuartel de Cullera desde octubre, declaró que no denunció el robo de su arma porque no la echó de menos
La guardia civil detenida en Valencia por posesión de cocaína no realizaba servicios en las calles de Cullera, localidad donde está destinada desde octubre, porque tiene varios expedientes disciplinarios, uno de ellos por un presunto delito de tráfico de armas. La agente ya fue arrestada en marzo del año pasado en Huesca tras ser acusada de entregar una pistola de uso personal a un traficante como pago por 150 gramos de 'speed', aunque ella negó ante el juez el grave delito que le atribuyó una investigación de la Policía Nacional.
La mujer de 34 años reconoció que conocía al presunto traficante, pero afirmó que este individuo pudo apropiarse del arma en uno de los encuentros esporádicos que mantuvo con él. La guardia civil, que se negó a declarar durante el tiempo que estuvo detenida en una comisaría, manifestó también al juez que no había presentado ninguna denuncia por el robo del arma porque no se había dado cuenta de que le faltaba.
Sin embargo, el hombre al que la Policía Nacional le intervino la pistola declaró que no era suya, sino de una guardia civil a la que conocía, y dijo también que ella se la había entregado hacía unos días como pago por 150 gramos de 'speed'. Tras esta grave acusación, la policía detuvo a la agente después de comprobar que el arma estaba registrada, con su correspondiente número de serie, a nombre de la sospechosa.
El juez decretó la puesta en libertad de la mujer, aunque le imputó un delito, como cooperadora necesaria, de tenencia ilícita de armas. El magistrado denegó a la policía la orden de registro del piso de la guardia civil para buscar la droga, supuestamente adquirida al traficante, tras considerar que no había suficientes pruebas del cambio de 'speed' por la pistola. Horas después, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca le abrió un expediente.
La segunda detención de la guardia civil tuvo lugar el pasado miércoles en Valencia. La Policía Nacional le intervino 10 gramos de cocaína que presuntamente iba a distribuir en Huesca. La operación policial se saldó también con el arresto del hombre que le vendió la droga y la incautación de otros 30 gramos de cocaína en el domicilio de este individuo.
Las investigaciones se iniciaron después de que un juzgado de Huesca autorizara la intervención de las comunicaciones telefónicas de la sospechosa. La guardia civil quedó en libertad con cargos, aunque con la obligación de presentarse en el juzgado cuando sea requerida para ello.
La ley que regula el régimen disciplinario de la Guardia Civil contempla sanciones en función de la gravedad de la conducta del agente expedientado. Así, por ejemplo, el uso de un arma sin causa justificada o infringiendo los principios y normas que determinan su empleo, está considerada una falta grave y se puede castigar con la suspensión de empleo de un mes a tres meses, la pérdida de cinco a veinte días de haberes con suspensión de funciones o la pérdida de destino.
