Se queja también de otras "actuaciones negligentes" por parte de la empresa de seguridad en la prestación del servicio en edificios considerados “infraestructuras críticas”
El responsable de Seguridad de la Dirección General de Relaciones con Justicia del Gobierno de Canarias, José Romero Alfonso, denunció el pasado 30 de noviembre ante la Policía que los vigilantes que controlan el turno de noche de la Ciudad de la Justicia permiten acceder a “personas ajenas al servicio” de forma irregular y llevan a cabo “actos sexuales” en el interior de los edificios.
El alto cargo -incardinado orgánicamente en la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad- describe en su denuncia ante la Unidad de Seguridad Privada de la Policía en Las Palmas que ha “detectado” el acceso de personas “sin autorización” al edificio judicial, y que en un momento dado una de ellas, una mujer, “se mueve con toda tranquilidad por la zona” y entra en el “área restringida del CCTV e información”, es decir, en la zona de control de cámaras desde donde se coordina todo el servicio de vigilantes.
Según el director de Seguridad, la chica entra en la habitación junto a uno de los vigilantes, que el denunciante señala con nombre y apellidos. Este último “se olvida de sus funciones, se desnuda” y realiza “actos sexuales en el centro de control” con su invitada.
En la denuncia, el alto cargo califica como “grave” la actuación protagonizada por el vigilante y asegura que el episodio narrado “no es un hecho aislado”. Romero Alfonso asegura que otros vigilantes faltan a sus puestos de trabajo o acuden a otros servicios dejando desocupados aquellos que tienen asignados.
La denuncia critica también la actitud del inspector de la empresa encargada del servicio, Seguridad Integral Canaria, que ha ordenado cacheos sin su autorización. “Son medidas muy excepcionales” y deben aplicarse “con proporcionalidad adecuada y preservando la intimidad de las personas”, relata el demandante, quien asegura no haber dado nunca esa instrucción, ya que los vigilantes tienen el detector manual para localizar elementos extraños.
Explica que los cacheos los realiza la empresa en los accesos al Estadio de Gran Canaria cuando juega la Unión Deportiva Las Palmas, a pesar de que el departamento de Seguridad del Gobierno insular no da esas directrices. “Las inspecciones manuales de las personas y sus enseres serán en casos excepcionales”, recuerda.
El denunciante amplió su denuncia el pasado 12 de enero con un nuevo escrito en el que solicitaba la apertura de un expediente a la compañía. También ponía de manifiesto que Seguridad Integral Canaria quita vigilantes formados en el uso de herramientas de control, como arcos detectores y otros aparatos, y los traslada a otros destinos sin la autorización del responsable de Seguridad. “Usurpan mis funciones y yo no acepto los cambios”, se queja el alto cargo de la Consejería de Justicia, al que la empresa ignora, según denuncia.
“Esta situación no es aislada y se ha comprobado que la empresa tiende a sustituir unilateralmente los vigilantes que llevan años en el servicio, que son de confianza para este departamento y que se han formado en el manejo de sistemas electrónicos de seguridad del edificio”, destaca Romero Alfonso.
“Desde mi punto de vista, es una actuación negligente de Seguridad Integral Canaria en la prestación del servicio, máxime cuando estamos hablando de edificios judiciales que están afectados por las normas sobre infraestructuras críticas”, recalca el alto cargo, quien asegura que, cuando él da instrucciones a la empresa, esta responde que “las funciones del director de Seguridad atentan contra la libertad empresarial".
El trabajo de Seguridad Integral Canaria en los edificios judiciales insulares no ha sido cuestionado únicamente por el director de Seguridad de la Consejería de Presidencia. La Unión Sindical Obrera (USO) pidió el pasado 24 de marzo a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia que anulara el contrato firmado con la empresa propiedad de Miguel Ángel Ramírez porque esta “incurre continua y reiteradamente en infracciones graves” tipificadas en la Ley de Seguridad Privada.
En la misiva, USO asegura que la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha investigado a la compañía mediante una inspección 'in situ' y ha propuesto una sanción por las supuestas irregularidades en las que ha incurrido la empresa en la prestación de los servicios en las sedes judiciales. En este caso, USO denuncia que la empresa paga tarde a sus trabajadores.
