Enfermeras del San Agustín alaban su profesionalidad de los vigilantes y aseguran que sólo con su presencia evitan incidentes
Mientras sus compañeros levantaban la acampada y se concentraban durante media hora frente a la puerta principal del Hospital San Agustín el viernes, el vigilante de seguridad J. I. declaraba ante el juez como testigo por una agresión ocurrida el 26 de octubre. Es la otra cara de un trabajo por el que llevan sin pagarle cuatro meses (incluyendo la extra de Navidad) y sin visos de rápida solución, por más que apremia el personal del centro sanitario y las centrales sindicales. Sin su presencia, los trabajadores del hospital, especialmente el personal de Enfermería, se siente desprotegido. «Solo con su presencia, los vigilantes contienen agresiones. A nosotras no nos respetan», aseguran.
La enfermera Marta Arias, una de las que el viernes se sumó a la concentración, confirma que las agresiones al personal han aumentado desde que los vigilantes están en huelga. En las plantas es menos habitual, pero en Urgencias es más notorio. Los pacientes llegan más irritados, muchos con dependencias, desorientaciones o trastornos psíquicos que hacen que «se pongan bravos con el personal».
Y la situación es peor aún para las más jóvenes, totalmente desautorizadas por algunos pacientes. Arias explica que la experiencia de la mayoría de ellas, alguna con más de dos décadas en el centro, repercute en «mucha mano con los pacientes», algunos ya viejos conocidos por enfermedades crónicas.
«Los vigilantes son muy rápidos, vienen en cuanto los llamas y durante estos meses que han trabajado sin cobrar, y en los que su empresa cortó la línea de teléfono, nos dejaban el suyo personal para avisarles de lo que fuera», explica Pilar González, de Urgencias.
Este es el servicio más conflictivo. En él tuvo lugar la agresión por la que J. I. acaba de testificar. El protagonista fue un paciente con problemas psiquiátricos que se resistía a marcharse del box periférico al recibir el alta. «Cuando nos avisaron, el hombre estaba de espaldas. Lo llamamos por el nombre y cuando se giró tenía una navaja», explica a este diario el vigilante de seguridad.
Tuvieron que reducirlo y, justo en ese momento, les notificaron que «algo extraño» pasaba en consultas externas, hacia donde se dirigieron tras quitarle la navaja. «Al regresar de consultas externas vimos que había un follón a la entrada del hospital, con dos coches de la Policía Nacional y una UVI móvil, y era el paciente anterior que portaba otra navaja, que seguramente tendría escondida, y no dejaba de tirar piedras a los coches y a los agentes».
El pasado mes de octubre, cuando ocurrió este episodio, J. I. y sus doce compañeros cobraron la que sería su última nómina. Desde el miércoles pasado, estos trabajadores de la empresa Seguridad Empresarial Navarra (SEN), adjudicataria del servicio de vigilancia en el área sanitaria III, sostienen una huelga indefinida y han dejado al hospital al albur de lo que pueda ocurrir.
Con todo, el peor trago es para los propios afectados, los trece trabajadores. La empresa, en concurso de acreedores, les adeuda cerca de cinco mil euros y «en sueldos de mil mensuales, eso no hay quien lo soporte», comenta Rubén López, que trabaja en la Unidad de Tratamiento de Toxicómanos (UTT), en la calle de Llano Ponte.
Salvo uno, los restantes doce vigilantes están casados y tienen hijos. Su salario es, además, el único que entra (o entraba) en el domicilio familiar. La situación para la mayoría es insoportable. «La gente está muy fastidiada», por eso desde nuestro sindicato se expiden unos bonos, en los que también contribuyen algunos trabajadores del hospital, para aliviar la situación de las familias, explica Rafael Bravo, secretario de negociación colectiva de Comisiones Obreras.
Hoy ya son 85 días sin cobrar y mañana lunes serán 86. El tiempo corre y la solución no llega. Los trabajadores no se explican por qué la empresa no se liberó del servicio cuando el Principado se lo ofreció. Seguridad Empresarial Navarra ganó el concurso público en junio al presentar una oferta de 337.411,14 euros, IVA excluido, por un año de contrato. Su oferta fue más baja que el presupuesto base de licitación.
Visitas a la acampada
Los trabajadores acampados recibieron ayer la visita del diputado de Podemos Asturias, Andrés Vilanova, que estuvo acompañado por la concejala avilesina Yolanda Suárez. Ambos charlaron con los afectados y les hicieron saber que preguntarán al consejero de Presidencia por el caso para que «explique por qué se liquidan de forma consciente estos servicios permitiendo bajas temerarias en los concursos que gestionan y que podrían evitarse». Además, los representantes de Podemos inciden en que «el desamparo laboral y el descubierto del servicio de seguridad del San Agustín son el resultado de una gestión deliberadamente negligente por parte de la Consejería de Presidencia».
A lo largo de la mañana también visitó a los vigilantes Antonio Cabrera, en nombre de la Federación de Asociación de Vecinos, que insistió en que «no se puede consentir que la gente esté así ni que se les time» y por ello pidió que «el Ayuntamiento y la gerencia del hospital presionen para solucionar el problema».
