Los 13 trabajadores, que llevan 83 días sin cobrar, inician una acampada en los jardines del San Agustín
Los trabajadores del servicio de seguridad del Hospital San Agustín han iniciado esta mañana su acampada de protesta ante la incertidumbre laboral a la que se ven abocados. Arropados por trabajadores sanitarios y sindicalistas, los 13 vigilantes afectados protagonizaron una concentración ante la entrada principal del centro hospitalario y después dieron una vuelta a todo el recinto, con la intención de manifestar su malestar con el Principado por no haber resuelto todavía su situación. Lo que esperan es que la Administración regional contrate cuanto antes a una nueva empresa que los subrogue para poner fin a una pesadilla de 83 días sin cobrar. Además iniciaron una acampada en los jardines del San Agustín. Están en huelga indefinida desde el miércoles.
Los afectados por esta situación asistieron ayer al Pleno donde varios grupos políticos hicieron pública su inquietud por la situación tanto de los trabajadores de seguridad como del personal del hospital y los propios pacientes. Tanto la concejala de IU Carmen Conde como el portavoz de Ciudadanos Juan Cuesta y el concejal del PP Francisco Zarracina apelaron a la mediación de la Alcaldesa, Mariví Monteserín, en la resolución del conflicto y también para que el servicio de Urgencias no tenga el personal tan escaso en épocas en las que la demanda asistencial es alta.
Monteserín expuso que se interesó ante el Sespa, ante la gerencia del San Agustín y en la propia Consejería de Presidencia. "La gerencia y el Sespa están trabajando en el funcionamiento de Urgencias, intentando solucionar una situación que genera estrés porque estamos hablando de un volumen muy alto de trabajo que se acumula en un tiempo determinado, entre otros motivos por la alta demanda del servicio debido al envejecimiento de la población", indicó Monteserín. No obstante advirtió que la prórroga presupuestaria hace complicado solucionar este tipo de situaciones.
En cuanto a la situación de la seguridad, Monteserín expuso la explicación que le habían ofrecido las administraciones competentes: que una primera empresa entró en concurso de acreedores y una segunda renunció al servicio al darse de baja los trabajadores subrogados, algo que estos, sentados entre el público, negaron. "Me consta que se está haciendo lo posible para que la prestación vuelva a atenderse", añadió Monteserín.
Carmen Conde tomó entonces la palabra para dar una versión diferente, que la empresa que subrogó a los trabajadores "se echó para atrás al ver que no le compensaba el servicio". "Los trabajadores me transmiten que no saben a quién pertenecen y no les dicen nada que les pueda solventar la situación".
