El dueño de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, deberá pagar al menos seis millones de euros a sus trabajadores canarios tras anular el Tribunal Supremo (TS) una rebaja salarial que el empresario pactó con un comité ilegal constituido por un sindicato independiente que integraban sólo jefes y mandos intermedios. Seguridad Integral Canaria deberá abonar a sus trabajadores en las islas la parte de los salarios que dejaron de cobrar en los tres últimos años. Según los cálculos puede alcanzar los 13.000 euros por trabajador.
El Supremo confirma así la sentencia dictada hace dos años por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló ese descuelgue del convenio por haberse firmado con un comité sin capacidad para representar al conjunto de los trabajadores y sin abrir una verdadera negociación con la plantilla.
Perteneciente al grupo de empresas de Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Seguridad Integral Canaria es responsable de la seguridad privada de numerosos organismos públicos en el Archipiélago, pero también de tres líneas de Metro de Madrid y de varios edificios del Patrimonio Nacional. En Fuerteventura cuenta con una delegación en el Polígono La Hondura.
