Los trabajadores de Miguel Ángel Ramírez se rebelan contra sus abusos:
![[Img #15272]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uVat7nkf3zc-okFfBY3CIEsFlQrLtZpk6dnYz4_QjuckGvAnT7nmzo4SRSHv2PqsCogjtBEG4YOKZopWXwqidTbGUuUPwgI_pmvUPPTxkZkRRfymw0M3cwhBxu4Tq35apJ=s0-d)
El pasado lunes 11 de febrero, alrededor de un centenar de trabajadores de la empresa Seguridad Integral Canaria se concentraban ante las puertas del Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para protestar contra "los abusos sistemáticos, despidos y sanciones, que viene cometiendo - denuncian- la empresa de Miguel Ángel Ramírez”. El empresario más conocido por ser también el presidente de la U.D. Las Palmas.
Ya en el año 2011 Seguridad Integral Canaria acaparaba -según la Asociación de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad de Canarias - alrededor del 80% por ciento del gasto en seguridad de la Administración autonómica. Es adjudicataria, entre otros muchos contratos, del servicio de escoltas del Ejecutivo Regional. Y posee, asimismo, la subcontrata de los servicios de seguridad y vigilancia de la ULPGC, donde acaba de despedir a diez de sus trabajadores.
"Este es solamente - aseguran desde Intersindical Canaria - un caso más de abuso que se suma a una larga trayectoria de incumplimientos y; a una espiral de despidos en los distintos servicios que tiene adjudicado Ralons, su grupo empresarial. Al menos cien trabajadores han sido despedidos desde la aprobación de la Reforma Laboral".
Jacinto Ortega del Rosario -delegado de este sindicato en la empresa de Miguel Ángel Ramírez - considera, además, que el despido de sus diez compañeros ha constituido una "acción ilegal". "Este mismo grupo de trabajadores - dice - fue despedido hace unos pocos días. Los incluyeron en un ERE de manera irregular y se vieron obligados a admitirlos. Pero el mismo día que los readmitieron los volvieron a convocar y los despidieron por otro motivo diferente".
"ESTA UNA EMPRESA PIRATA QUE TOMA REPRESALIAS CONTRA QUIENES DEFIENDEN SUS DERECHOS"
os despedidos - continúa explicando Ortega del Rosario- son compañeros que estaban reivindicando y protestando por la persecución que hay contra los delegados sindicales. Y esto es lo que se produce en la empresa de Ramírez. Una persecución en toda regla contra quienes defendemos los intereses de los trabajadores".
Juan Agustín Díaz, del sindicato USO, aclara que ésta no es una práctica novedosa en Seguridad Integral Canaria. "Estos atropellos y tropelías se vienen cometiendo desde hace años". "Esta empresa - afirma - es la reina del a precariedad laboral y Miguel Angel Ramírez el prototipo del empresario dictador, abusador y explotador, que no respeta los derechos fundamentales de los trabajadores. Por eso seguiremos luchando para tener unas condiciones dignas en este sector".
La del pasado lunes, en efecto, fue tan solo la primera de una serie de movilizaciones que los empleados de Miguel Ángel Ramírez tienen previsto realizar durante todo el mes de febrero.
"Nos concentraremos de 10 a 12 frente al rectorado, a ver si tenemos alguna respuesta de algún político o del mismo rector, José Regidor, que por lo visto no está viendo lo que pasa en el interior de la Universidad" - añade Jacinto Ortega del Rosario. "Creemos - sostiene sin ambages el sindicalista - que el rector es cómplice de este genocidio laboral que se está cometiendo no solo contra los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, que es una empresa pirata, sino también de otros sectores como el de la limpieza dentro de la ULPGC".
EL OSCURO HISTORIAL DE SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA
La empresa del presidente de la U.D. Las Palmas acumula un largo historial de sobreexplotación de sus trabajadores, irregularidades y vulneración de derechos laborales. En el año 2006, los sindicatos CCOO, UGT e Intersindical Canaria denunciaron que Seguridad Integral Canaria no sólo vulneraba reiteradamente la Ley de Seguridad Privada y quebrantaba la legislación laboral, sino que cometía fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. Así lo comunicaron, por aquellas fechas, al entonces presidente del Gobierno de Canarias, al Parlamento de Canarias, al Diputado del Común, la Fiscalía de Menores, la Agencia Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social, al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Las Palmas.
Seguridad Integral Canaria ha recibido reiteradas también reiteradas denuncias por contratar personal sin la titulación exigida, para aumentar el margen de beneficios pagando salarios más bajos que los establecidos para los agentes de seguridad cualificados. La contratación de “educadores” con antecedentes penales para Centros de Menores o la apertura de expedientes a los trabajadores que se han atrevido a defender sus derechos laborales son otros de los méritos que atesora esta empresa.
Sin embargo, las buenas relaciones de Ramírez con la casta política del Archipiélago no sólo han posibilitado su más absoluta impunidad, sino también el sistemático apoyo a su empresa de las instituciones de la Comunidad.
"Resulta incomprensible e intolerable –apuntan desde Intersindical Canaria - que ante las múltiples denuncias, causas judiciales y protestas de los trabajadores y trabajadoras ante el comportamiento antiético de las empresas del grupo de Miguel Ángel Ramírez, las autoridades de los distintos organismos públicos, lejos de castigar este tipo de práctica empresarial que tanto daño hace a la sociedad, lo premien con nuevas subcontratas millonarias en los diversos ámbitos en los que el Grupo Ralons se extiende como un pulpo".
