El Ayuntamiento de Madrid tiene suscritos contratos de seguridad con 17 empresas privadas que suponen un coste de 26 millones de euros. Algunos vencen este año, otros en 2017 y los hay que estarán vigentes toda la legislatura. El objetivo de la Concejalía de Salud, Seguridad y Emergencia que dirige Javier Barbero es ahorrar e intentar no renovar el mayor número de contratos posible y sustituir la vigilancia privada por los policías municipales más veteranos, aquellos que tienen 55 años o más y no realizan funciones operativas. El proyecto no tiene de momento buena acogida ni entre los sindicatos policiales ni entre los trabajadores de las empresas privadas, que ven peligrar sus puestos de trabajo.
La concejalía está realizando un detallado estudio de todos los contratos de seguridad, heredados por el “afán privatizador de anteriores equipos municipales del PP”, el coste que suponen, cuándo vencen y si se puede prescindir de ellos sin mermar la protección de los edificios públicos. El ayuntamiento que dirige Manuela Carmena cree que en algunos casos estos inmuebles pueden ser vigilados solo a través de medios materiales (alarmas o sistemas de videovigilancia) y en otros se puede sustituir a los vigilantes privados por agentes municipales. “Hay que buscar la eficiencia y aprovechar también la experiencia profesional de los policías más veteranos, que no solo serán destinados a la protección de inmuebles, sino también al apoyo de unidades especiales”, señala un portavoz de la concejalía, que destaca que no quieren “reducir los niveles de protección de los edificios públicos”.
La plantilla de Policía Municipal tiene poco más de 1.000 agentes que superan los 55 años
Por ejemplo, la empresa Ilunion Servicios de Seguridad recibe 2,12 millones de euros por proteger los “edificios y solares que se encuentran bajo la custodia de la Dirección General de Patrimonio”. Su contrato vence en junio de 2017. Prosegur tiene el contrato de vigilancia del Palacio de Cibeles (sede principal del ayuntamiento) por 3,8 millones de euros, que vence en diciembre de este año. Esta es la empresa que más factura al consistorio, en concreto 8,2 millones de euros. Protección de Patrimonios custodia por 452.000 euros “el edificio sede del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda”. Este contrato vence ahora en marzo. Como el de Sasegur, que percibe 325.301 euros por proteger “los edificios dependientes del distrito de Latina”.
La empresa Servise se encarga de la protección de la sede de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil por un coste de 223.000 euros. Su contrato termina en abril de 2017. Sureste Seguridad se ocupa por 461.000 euros de los inmuebles que dependen de la Agencia Tributaria municipal. La UTE formada por Sasegur y FBS Seguridad recibe 465.509 euros por vigilar los edificios de la Junta de Distrito de Moratalaz (el contrato vence en noviembre de 2016). Visegur protege “los edificios dependientes del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública” por 521.317 (hasta agosto de 2016).
Nuevas cláusulas sociales
En el listado de empresas adjudicatarias, también está Marsegur, que percibe cinco millones de euros por seis contratos. Es la segunda en volumen de facturación. Protege los edificios del área de Artes, Deportes y Turismo por un importe de 1,8 millones de euros; los inmuebles del distrito de Moncloa-Aravaca, por un millón de euros; los centros de Madrid Salud, por 954.048; los edificios del distrito de Vicálvaro, por 473.394; los edificios de Coordinación General de la Alcaldía, por 393.366 euros, y la sede de la subdirección general del Samur-Protección Civil, por 277.697.
En el caso de Marsegur, ganó los concursos porque ofreció siempre la oferta más económica, en algunos casos un 50% más barata que el precio de licitación. Esto se ha traducido en que muchos de sus vigilantes ganan muy poco, unos 700 euros brutos al mes. El consistorio gobernado por Ahora Madrid también es consciente de que muchos de estos contratos chocan con la nueva política de contratación que quiere instaurar. Antes, el precio suponía el 65% de la puntuación a la hora de otorgar un contrato. Ya no. El consistorio ha aprobado un decreto que regula nuevas cláusulas sociales a la hora de valorar una adjudicación, como la calidad de las condiciones del empleo de las empresas licitantes, la inserción sociolaboral, políticas de igualdad, medioambientales y la transparencia en la información que ofrezca la empresa.
El sindicato CPPM no está de acuerdo en este nuevo proyecto del ayuntamiento. “Hace falta una plan que establezca qué número de edificios deben ser protegidos y la gente necesaria. Es verdad que esta protección está entre nuestras funciones, pero hay hasta 23 actividades policiales que se pueden desempeñar a partir de los 55 años: comunicación de notificaciones, inspección de comercios, enlace de unidades, mantenimiento de vehículos, trabajo en oficinas, charlas formativas en colegios, puestos de emisora…”, señala su portavoz, Julián Leal. CPPM lo tiene claro: “Es imposible quitar la vigilancia privada, sobre todo teniendo en cuenta que la Policía Municipal de Madrid no tiene cubiertas todas sus necesidades. La plantilla es de 6.200 agentes y tenemos un déficit de 900”.
Sin nuevos recambios policiales
Las últimas promociones para incorporar agentes al cuerpo han sido muy reducidas debido a la situación financiera del consistorio. En 2014, se convocaron 213 plazas, y en 2015 se redujeron a solo 26. “Para este año, se habla de 117 cuando prometieron 250”, explican desde el sindicato UPM. El adelanto de la jubilación de los policías locales a los 58 años o a los 60 años, un real decreto que ya está ultimando el Gobierno en funciones.
“Si bajan la jubilación a los 60 años, perdemos unos 800 agentes. Ahora nos podemos jubilar a los 65, pero muchos compañeros lo hacen a los 63. Esto reduciría gran parte de los efectivos y podría causar graves problemas hasta que se reestructurase el servicio. Ahora hay entre 1.000 y 1.200 agentes mayores de 55 años“, explican desde CPPM. UPM también es de la misma opinión: “Tal y como está la plantilla y el número de edificios a proteger, el proyecto de la concejalía es imposible. Con las carencias operativas del cuerpo, la seguridad privada es ahora más barata. Además, muchos de los agentes mayores de 55 años no pueden abandonar las funciones que hacen ahora”, concluye Juan Higueras, de UPM.
La Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera ya realizó un estudio sobre el coste que conllevaría la sustitución de los 485 vigilantes de seguridad que controlan los edificios municipales. Su conclusión fue que Carmena tendría que rascarse el bolsillo hasta conseguir casi el triple del dinero que destina ahora para cubrir este servicio. Según el cálculo de la USO, basado en los convenios colectivos de las plantillas, el servicio que actualmente prestan los vigilantes ronda los 12 millones de euros al año, cifra que resulta de multiplicar las 800.000 horas que hay contratadas por los 15 euros a la hora que cobra un profesional privado. La sustitución de los 485 vigilantes que hacen este servicio requeriría el uso de 670 agentes para cubrir el mismo cometido.
Este número de policías habría que multiplicarlo, según las cuentas del sindicato, por 32.774 euros brutos anuales que cobra de media cada agente, lo que daría como resultado 22 millones de euros. A esta cifra, además, habría que sumar 5,5 millones, que es lo que cuesta la seguridad social de todos estos empleados. En total, 27,5 millones de euros anuales, una cifra en la que no están contabilizados, subrayan desde USO, conceptos como la uniformidad, los armeros, los ejercicios de tiro, las prejubilaciones o los seguros. Al ayuntamiento las cuentas le salen de otra manera, ya que los agentes que se encargarían de los edificios ya están en plantilla y su salario ya está presupuestado. Además, se podría usar parte de los 26 millones que se pagan en seguridad privada en reforzar una plantilla municipal muy crítica ya con el concejal Barbero después de que este eliminara una de las unidades centrales (los antidisturbios).
