14 de febrero de 2016

C's censura que vigilantes de sedes judiciales cobren 700€ y la Comunidad asegura que se aplicará el convenio laboral

El diputado de Ciudadanos (C's) en la Asamblea de Madrid Francisco Lara ha censurado este jueves que haya vigilantes de seguridad de las sedes judiciales madrileñas que cobren poco más de 700 euros, a lo que el consejero de Justicia, Ángel Garrido, ha respondido que en la nueva concesión se aplicará a todos los trabajadores el convenio laboral.
En el Pleno celebrado hoy en la Asamblea, Lara ha reprochado a Garrido que no conozca la situación de estos empleados "con la cantidad de cargos de confianza que tiene en la Consejería". Así, ha relatado que haya vigilantes que dependan de su Consejería que estén cobrando poco más de 700 euros por jornadas de 192 horas mensuales, pagas extras prorrateadas incluidas.
"Hay preocupación de los trabajadores ante una adjudicación de la vigilancia de las sedes de la Comunidad, cuya adjudicatarios quieren aplicar convenios de empresa y no laborales, por lo que pasarían de cobrar mil euros netos a poco más de 700. Detrás de estos trabajadores hay familias, hipotecas y dignidad y esto es un atentado y ataque a la dignidad", ha señalado.
En su opinión, el Gobierno regional tiene la obligación de "no consentir esas actuaciones y evitar esta grave situación". "Esperamos que estas consideraciones no les entren por un oído y les salgan por el otro y eviten que estas situaciones de semiesclavitud laboral se puedan producir en la Comunidad", ha manifestado.
En su turno de réplica, el también portavoz regional ha afeado al parlamentario de C's que haya hecho "un comentario de texto" a una noticia publicada sobre este asunto y que ejerza una nueva modalidad de parlamentarismo que es el de la "pregunta ficción". " Les escuchamos con frecuencia acusarnos falsamente de gobernar a golpe de titular y Ciudadanos ahora es capaz de preguntar a golpe de titular", ha dicho.
Garrido ha explicado que está en fase de licitación, a la espera de ofertas, la nueva concesión de la seguridad de las sedes judiciales de la región y no se ha presentado en tiempo y forma la empresa acusada de pagar poco más de 700 euros al mes a sus trabajadores. Y ha puntualizado que según el punto primero del pliego de prestación de servicios, las empresas concesionarias deberán ajustarse el convenio colectivo del sector.