La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO, a través de Antonio Duarte Alvarez, Secretario General Estatal de la FTSP-USO y Juan Díaz Rodriguez, secretario general FTSP USO-Canarias, ofreció una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria para informar sobre las últimas noticias relacionadas con la imputación de Miguel Ángel Ramirez, propietario de la empresa Seguridad Integral Canaria, por un presunto fraude a la Hacienda Pública. El empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, ha sido imputado como presunto autor de un delito contra la Hacienda Pública por haber camuflado como dietas el pago de horas extraordinarias a sus trabajadores de Seguridad Integral Canaria durante los años 2008 y 2009. La imputación responde a una querella interpuesta por la Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La denuncia ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, que tendrá que interrogar a Ramírez por un presunto delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, en una investigación que pretende esclarecer la posible comisión de un fraude sistemático en el pago de la nómina a los empleados de la citada empresa de seguridad. La querella, redactada por la responsable de la Fiscalía de Delitos Económicos del TSJC, Evangelina Ríos Dorado, surge de unas diligencias preprocesales abiertas por el ministerio Público tras una denuncia presentada por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada - Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en Madrid, que fue derivada a Canarias por un asunto de competencia. La denuncia fue interpuesta el pasado 23 de enero y admitida a trámite el 28 por la magistrada. Según la acción del ministerio Público, el empresario podría haber defraudado, presuntamente, más de 2,3 millones de euros durante los ejercicios fiscales de 2008 y 2009, "particularmente realizando pagos a sus trabajadores fuera de nómina, abonando las horas extraordinarias como dietas y conceptos asimilados, de modo que eludió practicar retenciones sobre gran parte de los salarios de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria". De esta forma, la mercantil supuestamente reducía la carga fiscal de los sueldos pagados y también reducía significativamente el coste de las cargas sociales, "puesto que las dietas están exentas de cotización a la Seguridad Social". Todo ello, según el auto de la magistrada, "producía como consecuencia adicional, ante el ahorro en costes de personal, una clara ventaja competitiva respecto de las demás empresas del sector". Además de detectar un presunto fraude multimillonario, la Agencia Tributaria interesa también una investigación pormenorizada de ejercicios posteriores. Según un informe del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria en Canarias, la actuación de Seguridad Integral Canaria es, "desde el punto de vista tributario, más ventajosa aún para el presunto defraudador que el pago de salarios en ‘B’, ya que no sólo se ahorra las retenciones y cotizaciones a la Seguridad Social sino que además las cantidades pagadas son íntegramente deducibles del Impuesto de Sociedades".
