El juez cita como imputado a Miguel Ángel Ramírez para el mes de marzo.
En un informe al que ha tenido acceso la Cadena SER, la Agencia Tributaria, acusa al empresario canario, Miguel Ángel Ramírez, propietario de la empresa Seguridad Integral Canaria, de defraudar a hacienda más de 2.400.000 euros en dos años. La Agencia Tributaria considera que el empresario no actuó por negligencia sino de forma dolosa, a sabiendas de que sus artificios financieros eran un delito. En este informe la hacienda pública advierte que Ramírez, de ser considerado culpable, podría ser condenado hasta a cuatro años de cárcel, a pagar una multa superior a los 18 millones de euros y perdería la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante un periodo de tres a seis años.
El juez cita como imputado a Miguel Ángel Ramírez para el mes de marzo- (CADENA SER)
La Agencia Tributaria ha remitido el informe, al que ha tenido acceso la Cadena SER a la Fiscalía y a la jueza de la Audiencia provincial de Las Palmas que lleva el caso, el cual se puso en marcha por una iniciativa del sindicato USO. La titular del juzgado de instrucción número ocho ya ha tomado la primera decisión citando como imputado, por un presunto delito de fraude contra la hacienda pública, al empresario Miguel Angel Ramírez Alonso que tendrá que ir a declarar el próximo 12 de marzo.
El Informe de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso esta redacción, concluye que en los años 2008 y 2009 Miguel Angel Ramírez defraudó más de 2.400.000 euros. El fraude consistía en anotar bajo el concepto de dietas, sobre las que no se practicaba retención ni cotización alguna, cantidades que en realidad deberían figurar en la nómina de los trabajadores. En sólo dos años, 2008 y 2009 se facturó como dietas alrededor de 17 millones de euros. De los aproximadamente 2.400 empleados que en esos años tenía Seguridad Integral Canaria más del 96% cobraban dietas. En la mayoría de los casos la cantidad que recibían bajo ese concepto era una cantidad fija. El informe señala también que la empresa no ha aclarado los conceptos que componían los salarios de los trabajadores ni la función de cada uno en la empresa.
El informe rechaza la posibilidad de una negligencia
Tampoco ha justificado los desplazamientos ni su frecuencia ni los medios de pago utilizados para abonar las nóminas y las dietas. La Agencia Tributaria señala también que en este caso cocreto es evidente que no estamos ante una negligencia ya que, según los datos que obran en su poder, la empresa SIC era consciente de las irregularidades que estaba cometiendo, lo hacía de forma dolosa, es decir, con intención de delinquir.
Según la Agencia Tributaria la empresa Seguridad Integral Canaria consiguió ahorrar en costes al eludir una parte del pago a la hacienda pública y eso le permitió partir con ventaja frente a otras empresas al presentarse a concursos para obtener nuevos contratos. En este sentido hay que señalar que, según fuentes del sector, el grupo RALONS, propiedad de Miguel Angel Ramírez y del que forma parte Seguridad Integral Canaria, obtiene la mayor parte de sus beneficios, se calcula que alrededor de un 70%, de la administración pública. Los contratos conseguidos no se reducen al sector de la seguridad privada, RALONS se dedica también a las lavanderías, comedores escolares y limpieza de edificios, entre otras actividades.
La empresa que está siendo investigada, Seguridad Integral Canaria, dio el salto a la Península donde ha conseguido contratos millonarios al hacerse con la vigilancia de todos los edificios de Patrimonio Nacional, incluyendo los Reales Sitios, también ha firmado contratos con el Ministerio de Defensa y en el mes de julio del 2013 se hizo con una parte de la seguridad del metro de Madrid. Miguel Angel Ramírez logró el contrato de seguridad con el metro madrileño a pesar de que ya había sido condenado en firme a tres años de cárcel por un delito contra el medio ambiente. El empresario no ingresó en prisión porque fue indultado por el gobierno de Mariano Rajoy en noviembre del año pasado.
Este caso de fraude contra la hacienda pública ha salido a la luz por la denuncia que presentó el sindicato USO después de años de recopilar documentos, investigaciones internas y conversaciones con los trabajadores. La denuncia se presentó en la Audiencia Nacional, que decidió inhibirse, porque no era de su competencia, pero consideró que había indicios suficientes de delito y envió el caso a la Fiscalía provincial de Las Palmas.
Condenado en firme
Miguel Angel Ramírez ha tenido más de un encontronazo con la justicia. Como ya hemos apuntado, fue condenado en firme a 3 años de cárcel por un delito contra el medio ambiente. La causa, construir parte de su vivienda en un espacio protegido. Fue indultado por el Gobierno en noviembre del 2013 pero la zona protegida sigue estando ocupada por la vivienda de Ramírez ya que no se ha procedido a su demolición.
El empresario también aparece imputado por estafa y apropiación indebida en una causa que investiga la falsificación de los cuadrantes de los trabajadores de seguridad deaeropuerto de Tenerife. Por último, el caso Emalsa, en el que hay dos consejeros de este grupo imputados, investiga la posible compra venta irregular de un edificio propiedad de Seguridad Integral Canaria.
