Hacienda acusa a la empresa Seguridad Integral Canaria de haber defraudado más de 2.400.000 euros en dos años
No hay nombres, porque hay amenazas. Oficialmente era inspector de Seguridad Integral Canaria. Su labor era cuadrar horarios y presionar a los trabajadores para que hicieran horas extras. "Nos lo contaban en las reuniones: donde gana la empresa es en las horas extras, el resto no gana". Tal y como les contó ayer la SER La Agencia Tributaria atribuye dos delitos contra la hacienda pública a la empresa que custodia todos los edificios de Patrimonio Nacional. La Agencia Tributaria, acusa al empresario canario, Miguel Ángel Ramírez, propietario de la empresa Seguridad Integral Canaria, de defraudar a hacienda más de 2.400.000 euros en dos años y podría ser condenado hasta a cuatro años de carcel. Este inspector de seguridad asegura que de forma extraoficial hacía diariamente otro tipo de trabajo: era chófer al fuerza "tenía que recoger a varios políticos en Santa Cruz de Tenerife y llevarlos al parlamento y luego recogerlos en el parlamento y llevarlos de nuevo al aeropuerto". Dice que así se ahorraban los taxis que de otra manera hubieran tenido que deducir de sus dietas. Asegua que denunciaron una y otra vez las irregularidades. Sin éxito: "nosotros hemos ido incluso a hablar con Inspeccción de Trabajo y ya el inspector de trabajo estaba tan cansado que ha cerrado la puerta y ha dicho: mire, no puedo seguir tocando porque me han tocado de arriba". Por eso, asegura, acudirá a declarar en cuanto le llamen.
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