USO en la Comunitat Valenciana denuncia que la empresa de seguridad investigada falsificó las horas de los cursos europeos de formación.
LEVANTE-EMV/S. PITARCH | VALENCIA Los tentáculos de la empresa de seguridad Esabe en la Comunitat Valenciana intentaron llegar más allá de la administración pública. La sociedad investigada por un juzgado de Madrid por un fraude a la Seguridad Social de más de 30 millones de euros intentó vender al Banco de Valencia activos embargados y facturó presuntamente horas de manera fraudulenta para estafar en las ayudas a la formación de la Unión Europea.
Según avanzó la Cadena SER y pudo confirmar este periódico de fuentes de la acusación, ejercida por la Unión Sindical Obrera (USO), Esabe intentó estafar al Banco de Valencia y otras dos entidades cediendo activos que estaban a punto de ser embargados al Banco de Valencia para que los gestionara y así obtener unos beneficios. Este presunto fraude ha sido descubierto por la investigación judicial gracias a un informe del Ministerio de Empleo, que confirmó que la empresa de seguridad conocía que los activos que quería ceder a los bancos estaban sujetos a un embargo de la Seguridad Social.
Por su parte, la delegada nacional del sindicato USO, Milagro Albert, denunció que en la Comunitat Valenciana Esabe «cobraba de la Unión Europea por cursos de formación que no impartía a sus empleados». «Nos sellaban la cartilla de formación sin haber acudido a los cursos ni cobrar por las horas de formación, por lo que se quedaban el dinero que recibían del Forcem», explicó la sindicalista, que relató el caso en primera persona como una de las afectadas.
La representante de USO cifró el presunto fraude en la Comunitat Valenciana en unas 20 horas de formación de una plantilla de unos 250 vigilantes. Cabe recordar que la mayoría de trabajadores lo hacían para administraciones públicas, como ha venido contando este periódico desde que estalló el escándalo en 2013. Por el momento hay decenas de imputados y el presidente de Esabe, Juan José Prados del Pino, continúa en paradero desconocido desde que la policía detuviera a toda la cúpula directiva.
Investigan 6 contratos de Sanidad
Como contó esta periódico, el titular del juzgado número 37 de Madrid investiga seis contratos de la Conselleria de Sanidad con el grupo Esabe. Uno de los detenidos aseguró que la empresa de seguridad pagaba comisiones a un alto cargo de la Generalitat para recibir las adjudicaciones de seguridad culpando de ello a «un tal Eloy». Juan José Prados del Pino facturó a través de tres de sus empresas más de 71 millones de euros a la Generalitat.
Los contratos más cuantiosos fueron con Sanidad, aunque también tuvo con Bienestar Social o el Ayuntamiento de Valenciana. Sanidad contrató a esta mercantil pese a que la Seguridad Social había impuesto multas millonarias a la empresa, algo que hubiera sido motivo suficiente para que no pudiera concursar.
