El juzgado que instruye el caso está vigilado por la empresa de seguridad investigada
La Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ha querellado contra el empresario canario Miguel Ángel Ramírez por un presunto delito de fraude fiscal que ascendería más allá de los 2,3 millones de euros y que habría cometido la empresa de seguridad de la que es propietario, Seguridad Integral Canaria, que vigila, entre otros edificios públicos, el juzgado que instruye el caso. Los delitos se habrían cometido en los años 2008 y 2009, defraudando “más de un millón de euros por ejercicio”, según la investigación. Miguel Ángel Ramírez fue indultado por el Ministerio de Justicia el pasado 31 de octubre al ser condenado por una modificación en su vivienda que invadía un paraje natural protegido.
Ramírez, también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, según el auto, habría sustituido el pago de horas extraordinarias de sus trabajadores por dietas. Tras el informe procedente de la investigación de Agencia Tributaria, la fiscalía ha presentado en Las Palmas de Gran Canaria una querella que ha sido admitida a trámite por la juez María Victoria Rosel. El juzgado ha citado a declarar a Miguel Ángel Ramírez el próximo miércoles 12 de marzo como imputado por los delitos descritos en la querella y vinculados al fraude fiscal. En la querella se han incorporado testimonios de “más de 100 trabajadores actuales de Seguridad Integral Canaria que corroboran los hechos”, aseguran fuentes cercanas a la investigación. Algunos llamados por la Agencia Tributaria y otros porque han acudido voluntariamente.
El sindicato USO, a través de su Federación de trabajadores de la Seguridad Privada, ordenó una denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos de la Audiencia Nacional, en Madrid, que posteriormente fue dirigida a Canarias. El contenido de la denuncia fue sustanciado en su mayoría por el sindicato Intersindical Canaria, con representación en la empresa. El secretario general de esta federación, Juan Díaz, explicaba este lunes que “es algo que se produjo hace cinco años y que se está investigando desde hace tiempo”. Según Díaz, el empresario habría reconocido parte de lo ocurrido. La empresa, presuntamente, buscaba con este modus operandi reducir la carga fiscal y social, porque las dietas no cotizan a la Seguridad Social, además de que esta operación le hacía tener precios más competitivos que en las empresas del sector, hecho que ha sido denunciado durante los últimos años por las principales empresas competidoras en Canarias.
El empresario solo ha hecho, por el momento, declaraciones a un medio digital canario en el que decía que “se trata de un error de interpretación de la norma” y que se encuentra “muy tranquilo”.
Se da la circunstancia de que la empresa que está siendo investigada y sobre la que se basa la querella por un presunto fraude fiscal es la encargada de vigilar el Palacio de Justicia, entre otros muchos edificios públicos, en el que se instruye el caso. Algunas fuentes judiciales han mostrado su malestar al respecto y particularmente la Junta de Jueces de Instrucción ha solicitado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, José Ramón Navarro Miranda, que haga las gestiones necesarias para que “al menos los juzgados de guardia y el sector de juzgados de instrucción tenga una protección de fuerzas de cuerpo y seguridad del Estado, aunque lo deseable sería todo el edificio”.
La Junta de personal también se ha quejado de la misma circunstancia. En el caso de los jueces de instrucción se produjo en una reunión antes del conocimiento de la querella, mientras que en el caso de la Junta de Personal la solicitud también llega por “el elevado número de pleitos que tiene en los juzgados de lo social”, según una fuente de la misma.
