CiU quiere que los vigilantes de seguridad privada tengan conocimientos de la lengua que sea cooficial en la comunidad autónoma donde vayan a prestar servicios, suficientes para "el normal desempeño" de sus funciones.
Así lo contempla una de las 55 enmiendas presentadas por el Grupo Catalán en el Senado a la Ley de Seguridad Privada, que fue aprobada en el Congreso con los votos a favor del PP y el apoyo de CiU y PNV. Esta legislación sustituye a una anterior de 1992 y se enfrenta al rechazo del resto de la oposición por aspectos como la posibilidad de que la vigilancia privada se encargue del perímetro exterior de las cárceles.
Pese a que CiU apoyó el texto en el Congreso gracias a la introducción de algunas variaciones, el grupo ha presentado un amplio abanico de enmiendas en el Senado, recogidas por Europa Press, que abarcan diversos aspectos de la legislación, la mayoría referidos al ámbito competencial, el capítulo de la formación o la consideración de agente de la autoridad.
El propio diputado de CiU Jordi Jané recordó en el Congreso que su grupo comenzó el trámite parlamentario de esta legislación con una enmienda a la totalidad por cuestiones competenciales, pero celebró el acuerdo alcanzado con el PP y el propio Ministerio del Interior. "De 71 enmiendas habíamos presentado, se han alcanzado más de 40 acuerdos", reconoció.
EL PSOE SÍ VETA
Quien sí ha decidido vetar la Ley en el Senado ha sido el PSOE, que ha pedido que sea devuelta al Congreso porque considera que "burla" la Constitución y persigue el único objetivo de abrir la puerta a los negocios privados en materia de seguridad.
El punto de la Ley que más críticas cosechó de los socialistas es el que, a su juicio, abre la puerta a que vigilantes privados puedan detener, cachear e identificar a ciudadanos en la vía pública. La legislación contempla, entre sus funciones, la vigilancia "llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarios para el cumplimiento de su misión".
