El Gobierno regional reitera que el centro «es modélico», pero Foro le recuerda que «la plantilla reconoce en un informe que está insatisfecha»
Sograndio controlará el acceso de los menores a las sábanas «y cualquier otro material susceptible de poder ser utilizado en una fuga». También se ha levantado la valla y podado los árboles. Además, los vigilantes de seguridad tienen que incrementar los cacheos a los menores cuando entran en el centro.
Así lo aseguró ayer el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, durante su comparecencia ante la Junta General para responder a una pregunta del grupo parlamentario de Foro sobre los problemas que envuelven, desde hace un año, al único centro asturiano de reclusión de menores con condena.
Martínez volvió a reiterar que el equipamiento «es modélico para el conjunto del país» y recordó que es uno de los pocos centros «de carácter público que quedan».
Sus palabras, sin embargo, no convencieron al portavoz de Foro, Pedro Leal, quien le recordó todos los casos adelantados por EL COMERCIO. «En solo un mes llegó a haber tres fugas». Una de ellas, la más sonada, fue la protagonizada por dos jóvenes que se descolgaron por las vallas del centro utilizando las sábanas de su habitación.
«Hay 34 protocolos»
Para el diputado de Foro, «en el centro hay problemas», sobre todo porque un informe realizado por la propia familia y enviado, en mayo pasado, al departamento que dirige Guillermo Martínez «indica que el 61% de los profesionales está expuesto a riesgo y que la mayoría de la plantilla está insatisfecha».
Además, Leal llevó a la Junta las reclamaciones presentadas por la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) sobre la ausencia de protocolo de seguridad y los fallos en el control de los internos, como el empleo de la fuerza o las cámaras de vigilancia.
A este respecto, el consejero evidenció su malestar contra la asociación de profesionales. «Se han dicho muchas falsedades y tergiversado cosas con un afán de notoriedad que no comparto. Se dice que no hay protocolo de seguridad y yo le puedo decir que hay 34», aseguró. Apuntó, además, que fue «la Defensora del Pueblo las que nos pidió que instaláramos cámaras de vigilancia. Pero aquí se dijo que eran ilegales».
En cuanto al enfado de la plantilla con la dirección de Sograndio, Martínez respondió que el dispositivo cuenta «con 35 vigilantes y 30 auxiliares para 30 internos», una cifra que, confesó, «no es la mejor», pero aseguró que tiene las manos atadas «por una reforma laboral que su partido votó y el mío rechaza».
Justicia sin recursos
Leal y Martínez también evidenciaron sus diferencias respecto a la inversión del Principado en Justicia. Mientras para el diputado de Foro «el servicio se encuentra en una situación lamentable y no lo digo yo, lo dicen los jueces y fiscales», para el consejero el problema radica en que «no nos han aprobado los presupuestos». Leal sentenció: «No hicieron nada desde 2013 y sí tenían presupuesto».
