Los empleados de Eulen investigados en Tosca niegan haber tenido los pliegos de licitaciones públicas antes de su publicación oficial. Niegan también conciertos con cargos públicos para amañar concursos, pero sí admiten contactos previos con la Administración asesoramiento. En el caso de Telefónica, también investigada, los trabajadores niegan un concierto delictivo con cargos públicos, pero admiten redactar los pliegos a la Administración “como ayuda” y para “facilitar el trabajo”.
La Guardia Civil, tras detener a varios empleados de Eulen y Telefónica en el marco de la ‘operación Tosca’, interrogó a varios de ellos que, voluntariamente, decidieron declarar en sede policial, algo a lo que podrían haberse negado.
El Instituto Armado preguntó a los acusados, entre otras cuestiones, por el presunto amaño del concurso público de los servicios auxiliares del Patronato de Turismo, adjudicado a Eulen, y también por el concurso para adjudicar el servicio de gestión del 112 de emergencias.
Victor Manuel Ramírez, trabajador de Eulen detenido en la operación judicial, negó que el gerente del Patronato de Turismo Alejandro Jimenez Rodanés le pasara los pliegos del concurso antes de su publicación oficial. También negó que colaborara para redactar los pliegos de la futura licitación. Sin embargo, la investigación judicial tiene en su poder numerosos correos electrónicos que demostrarían el trasiego de pliegos.
Juan Antonio Morales, máximo responsable de Eulen en Melilla y jefe de Victor Manuel Ramírez, también declaró voluntariamente ante la Guardia Civil. Negó una concertación delictiva con cargos públicos para conseguir adjudicaciones de forma irregular y dijo desconocer que otros trabajadores de Eulen a su cargo lo hicieran. Preguntando por los numerosos correos electrónicos que mantiene su empleado con el gerente de Turismo, dijo que no lo podía explicar, aunque matizó en alguno de ellos que los documentos adjuntos serían pliegos históricos y nunca los del futuro concurso.
"La forma de contratación la decide la Administración"
El Instituto Armado también preguntó a Morales si le parecía normal que la Ciudad Autónoma pagara a Eulen durante 4 años casi 10 millones de euros mediante contratos menores ‘a dedo’. Morales contestó que no le parecía normal, pero que la forma de contratación la decide la Administración.
En cuanto al documento Excel que envió a su empleado, con el nombre Listado Presidencia, confirmó que se trata de una relación de trabajadores recomendados por el Gabinete de Presidencia, del Gobierno de la Ciudad, aunque concretó que no eran “imposiciones”.
En el caso del supuesto amaño del concurso para el servicio del 112, uno de los empleados de Telefónica detenido, Juan Antonio Mata, negó un concierto delictivo con cargos públicos e incluso, a preguntas de la Guardia Civil, digo que no existieron contraprestaciones económicas a cambio de la adjudicación.
No obstante, sí admitió que Telefónica redactó unos prepliegos para el concurso “como ayuda para marcar un modelo y facilitar el trabajo a la Administración”.
