Trabajadores que prestan servicio a Ariete Seguridad SA denuncian que esta adjudicataria opera fuera del convenio estatal del sector creando un "perjuicio de las condiciones laborales de los vigilantes". Cobran 1.200 euros menos al año. Esta entidad tuvo como apoderada hasta 2011 a la hoy primera teniente de alcalde de Alcorcón, Silvia Cruz (PP).
Otra empresa de vigilancia contratada por el Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez se trata de Ariete Seguridad SA y el asunto referido guarda relación con la Consejería de Asuntos Sociales, en concreto con el servicio que prestan en varias dependencias de este organismo. Trabajadores que operan para dicha entidad acaban de elevar una nota interna, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, donde subrayan que esta firma "se encuentra fuera del convenio estatal de seguridad desde hace varios años", creando con ello "un perjuicio de las condicionales laborales y salariales de los vigilantes".
Los afectados señalan que Ariete Seguridad SA es una de las empresas descolgadas del convenio estatal, lo que le ha permitido pagar 1.200 euros al año a cada vigilante. En una situación similar se encuentran, tal y como informó este diario el pasado enero, los trabajadores de Marsegur SA (filial de Seguridad Integral Canaria SA) que vigilan los centros de menores de la Comunidad de Madrid. Ellos han dejado de cobrar más de un 30% de su sueldo (de 1.150 euros al mes han pasado a 750 euros) después de que Marsegur SA ganara el concurso en octubre de 2015.
Los afectados denuncian que Ariete Seguridad SA ganara el concurso para el año 2015 pese a existir "problemas con la documentación presentada"
En el caso de Ariete Seguridad SA, el Gobierno de Cifuentes aprobó el pasado noviembre un gasto de 514.806,60 euros para la prórroga del contrato que tenía con esta empresa (otorgado en noviembre de 2014) para la vigilancia de varias sedes de la Consejería de Asuntos Sociales. El nuevo periodo de ejecución va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016.
Detrás de la permisividad del Ejecutivo popular está la aceptación en febrero de 2015 (el presidente regional era entonces Ignacio González) de un convenio colectivo particular registrado por Ariete Seguridad SA, muy alejado del sectorial o estatal. Por ejemplo, la exposición de motivos de ese texto dice: "Ante la situación actual del mercado, nos vemos obligados a mantener, e incluso, rebajar los precios de los servicios para optar a nuevas contrataciones, o renovaciones de las adquiridas con anterioridad, todo ello en aras de mantener el máximo nivel de competitividad de la compañía que permita nuestra viabilidad en próximo ejercicios. Y dicho competitividad -prosigue la empresa- tan sólo puede conseguirse mediante la optimización de nuestros recursos, principalmente los costes salariales".
Los afectados de tales dependencias de la Consejería madrileña de Asuntos Sociales denuncian que Ariete Seguridad SA ganara el concurso para el año 2015 pese a existir "problemas con la documentación presentada" y ofertar un "precio algo sospechoso". Estos denunciantes señalan que "es casualidad que a los pocos días de la adjudicación, aprueben por parte del comité de empresa una medida que recude el sueldo anual en unos 1.200 euros por vigilante, que es la diferencia aproximada con las ofertas de las demás empresas presentadas a concurso". Aquí estaría la clave de la concesión que estaba por llegar.
