Miguel Ángel Ramírez dice que prestaba dinero a Carlos Sosa mientras la juez le investigaba
El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, declaró el pasado lunes en el Juzgado de Instrucción número 8 de las Palmas y aseguró que desde el año 2000 y hasta la actualidad mantiene relaciones empresariales con Carlos Sosa, el compañero sentimental de la diputada y ministra de Justicia de Podemos Victoria Rosell.
Ramírez compareció después de que en el juzgado se recibiera una documentación que quedó pendiente de resolverse durante la instrucción de Rosell en esta causa.
En el caso en el que está acusado el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas se indagan presuntos delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. Fue la propia Fiscalía la que presentó una denuncia contra este conocido empresario al entender que sus actuaciones con los pagos a sus 3.000 empleados no se ajustaban a la ley. De hecho, desde la Seguridad Social se le reclaman hasta 13 millones de euros no ingresados.
La causa estuvo instruida por Rosell hasta que anunció su marcha a la candidatura de Podemos. Sobre la mesa, la sospecha de que mientras ella instruía, Ramírez estaba negociando con la pareja de la entonces juez y ahora diputada, la compra de su emisora de radio.
Rosell siempre negó que existiera coincidencia temporal entre esa negociación y su candidatura. Ahora, Ramírez, en su declaración, sostiene que no solo tenía relación en ese momento sino que el contacto empresarial con Carlos Sosa se prolongó en el tiempo desde el año 2000 hasta la actualidad, de forma prácticamente ininterrumpida. Y este periodo incluye el tiempo en el que Victoria Rosell estuvo al frente del juzgado e instruyó la causa contra el presidente de Las Palmas.
Aportó al juzgado un pen drive con documentos sobre los movimientos empresariales que le relacionan con el compañero sentimental de la ex juez. Ramírez también indicó que de forma habitual se ve con Sosa.
Explicó que desde ese año ha tenido relación con empresas de las que formaba parte Sosa. Citó, entre otras, a Canarias Ahora, Virtual Press, Plan de Medios de Comunicación y Márketing y Gestión y Asesoramiento 3.000.
El presidente del club canario detalló que él prestaba diferentes cantidades de dinero a estas empresas, desde 30.000 a 60.000. Estos préstamos superaron los 100.000 euros. La compensación quedaba pendiente a una ampliación de capital de las empresas en las que, si se ejecutaba, podía hacerse hasta con el 50% de las participaciones. En caso contrario, se lo iba cobrando «en publicidad» para el club de fútbol, según explicaron a este periódico fuentes conocedoras de la declaración.
El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas aseguró al instructor que en este cruce de relaciones empresariales con el compañero sentimental de Rosell aparecen también dos primos suyos.
En una fase de la declaración, según explicaron estas fuentes, el juez preguntó a Ramírez si podía aportar documentación que corroborara sus afirmaciones. Ramírez, que ya había entregado el pen drive al instructor, aseguró que aún tenía más documentación y que podía ir a por ella. Avisó a un mensajero que se lo llevó al juzgado esa misma mañana con nuevo material original de las empresas de Ramírez. Entre ese material se entregó su libro de contabilidad con todas las anotaciones entre 2009 y 2013, el libro mayor. También aportó documentos para tratar de avalar sus revelaciones acerca del resto de años.
Desgranó también todos los detalles sobre la operación que dio pie a la investigación remitida por la Fiscalía al Consejo General del Poder Judicial: la compra de una emisora de radio a Carlos Sosa durante los últimos meses en los que Rosell estaba instruyendo el juzgado donde se llevaba la causa contra Ramírez.
Esta operación propició que la fiscal de las Palmas investigara la actuación de la juez. La sospecha de la Fiscalía es que la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, negoció la venta de una licencia de radio al investigado en plena instrucción de la causa, algo que debería haber llevado a Rosell a abstenerse de forma inmediata de seguir al frente del caso. Denunciaba también pasividad sin causa justificada -a su entender- en la instrucción.
La Fiscalía elevó un informe al Consejo General del Poder Judicial sobre esta situación. El ponente de la revisión de este expediente elevó su argumentación al Consejo y entendió que no había motivo para actuar contra Rosell. El CGPJ debe aún pronunciarse finalmente tras estudiar este informe. El juez que ahora instruye la causa aceleró la instrucción y resolvió una multitud de peticiones que quedaban pendientes, entre ellas, la solicitud por parte de las acusaciones de una fianza contra el investigado. Así, el magistrado impuso un depósito de 35 millones de euros, que fue rebajada a 14. Estas peticiones estaban pendientes desde el 29 de abril de 2014. Una circunstancia que tuvo en cuenta la fiscal.
Un caso aún abierto
-La fiscal de las Palmas fue la que puso en marcha una investigación al entender que se estaban produciendo irregularidades en la instrucción judicial por parte de la entonces juez Rosell. Constató los vínculos entre la pareja de la diputada y uno de sus investigados, Miguel Angel Ramírez.
-Rosell recurrió ante la Justicia canaria que, en un auto poco habitual por su dureza, avaló sus tesis y, sin entrar en el fondo, defendió que esa investigación no se ajustaba al criterio general de la ley y que pudo vulnerar su derecho de sufragio.
-El CGPJ es quien aún tiene la última palabra. Allí llegó la denuncia de la fiscal. El instructor optó por el archivo de la denuncia. El Consejo General del Poder Judicial aún no ha dictaminado.
