NORMALMENTE cuando pensamos en corrupción todos miramos de forma automática a la secta política o incluso a la de los cargos públicos. En nuestra memoria cercana hay almacenados más de un nombre sobre el que tenemos datos concretos. Nadie piensa que en el vasto terreno de la ilegalidad e incluso en el gran espacio de la economía sumergida hay otras sectas jugando el mismo partido. Lo peor es que cuentan con una ventaja: nadie conoce la existencia de sus extrañas operaciones financieras y los pocos que las presumen creen que no es para tanto. En eso adelantan a la corrupción convencional, más conocida. La otra corrupción apenas tiene seguimiento por los poderes fácticos por lo que ejecutan sus actividades casi con total impunidad. Esa otra corrupción es la que atañe a la seguridad privada o, como dicen algunos, el negocio del miedo: ese mercado basado en el temor a lo probable y a lo posible según las vulnerabilidades de quien contrata. Pero el negocio del miedo es más oscuro de lo que parece. Hay empresas piratas, ilegales, que ofrecen un deficitario servicio de seguridad ante la ignorancia de los clientes; y hasta existen administraciones públicas que contratan solo según la oferta económica dando a los usuarios un servicio de poca calidad. Detrás de todo esto está el dinero y detrás de eso están los contratos ilegales, los amiguismos, los delitos fiscales y penales de los empresarios piratas, y hasta la muertes de personas víctimas de estas malas gestiones. Esas muertes no han sido difundidas, al contrario han sido silenciadas. De la misma manera apenas se han dado a conocer los desfalcos económicos de aquellos que ni si quieran están siendo perseguidos todavía. En Almería también pasa mucho de esto, de todo lo dicho para ser exactos. En esta provincia está bastante arraigada esta otra corrupción, e incluso más de lo que nos gustaría. No obstante desde hace un tiempo ha aparecido una resistencia. La FTSP-USO de Almería está haciendo una campaña para evitar tales abusos. Está pidiendo la colaboración de las autoridades públicas para acabar con estas atrocidades; por eso está solicitando su actuación de oficio y su compromiso. Se ha puesto como objetivo dignificar el sector y expulsar del mercado a estos depredadores financieros que además de lucrarse ponen en grave riesgo la seguridad ciudadana con sus pésimas e impunes gestiones.
