Guerra en la seguridad privada de la Comunidad de Madrid: critican los impagos de Magasegur
COMUNIDAD DE MADRID. La guerra en las empresas de seguridad privada contratadas por la Comunidad de Madrid ha estallado. Los sindicatos cargan ahora contra Magasegur, adjudicataria de varios contratos autonómicos, de la que aseguran tiene intención de “no abonar” salarios a los trabajadores al encontrarse en preconcurso de acreedores”.
Tras el recordatorio realizado por la web Vozpopuli sobre la antigua participación del ex alcalde del PP de Navalcarnero, Baltasar Santos, en Sasegur, la adjudicataria a través de una UTE de un megacontrato licitado por el Gobierno de Cristina Cifuentes, ahora los sindicatos ponen el punto de mira en otra de las concesionarias de la Comunidad de Madrid: Magasegur.
Precisamente Magasegur es la tercera compañía que aspiraba a hacerse con este contrato de seguridad privada, aunque entró fuera de plazo y que finalmente recayó en Sasegur por 9,4 millones de euros, al ser la oferta más ventajosa (150.000 euros de baja).
Según han informado, Magasegur ha manifestado su intención de “no abonar” salarios a sus trabajadores ya que se encuentra “en fase de preconcurso de acreedores” y en la iniciación de un proceso de contactos con sus clientes “para rescindir sus contratos”.
Desde los sindicatos han asegurado que han mantenido “varias reuniones” con los responsables de las Consejerías, aunque “aún se desconoce cuál va a ser la salida” que tomará la Comunidad. Los vigilantes de seguridad “ya han tomado las medidas legales que corresponden” al no haber cobrado su salario.
Esta situación ha originado “descubiertos en muchos servicios de seguridad” de museos, oficinas de empleo y otras instalaciones que “habitualmente tienen seguridad contratada”. Estos incumplimientos “pueden agravarse mucho más ya que los trabajadores no pueden permitirse trabajar sin cobrar su salario”.
Recordar a la Administración que “es la responsable subsidiaria” y que han intentado proponer que en los futuros pliegos de condiciones de contratación se “incluyan cláusulas sociales y con garantías legales de seguridad y estabilidad” que “eviten” la situación actual que esta viviendo el colectivo.
