El magistrado del Juzgado de Instrucción número, Salvador Alba, ha explicado que no ve indicio de delito al inicio de una nueva comparecencia del empresario
El juez que instruye la causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por un presunto fraude a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social por parte de su empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), ha comunicado este miércoles el archivo del delito contra el derecho de los trabajadores que también investigaba.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba, ha explicado que no ve indicio de delito contra el derecho de los trabajadores al inicio de una nueva comparecencia del empresario y también presidente de la UD Las Palmas por esta causa, según han informado a Efe letrados que han asistido al interrogatorio.
Esta es la tercera comparecencia del empresario ante el Juzgado de Instrucción número 8, que en este caso se ha producido a petición del magistrado para cuestiones aclaratorias sobre la investigación que sigue por un posible delito fiscal denunciado por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), que cifra la cantidad defraudada en más de 20 millones de euros.
Ramírez, en su comparecencia, que se ha prolongado durante poco más de una hora, ha contestado a todas las preguntas formuladas por Alba, la fiscal de Delitos Económicos Evangelina Ríos y su propio letrado, pero no a las efectuadas por la abogada del sindicato Paloma del Amo, "como es habitual", según ha indicado esta a Efe.
El empresario ha entrado en el edificio de la Ciudad de la Justicia por el aparcamiento, lo cual ha sido calificado como un acto de "cobardía y prepotencia" por parte del secretario general de FTSP-USO en Canarias, Juan Agustín Díaz, quien ha participado en un acto de protesta a las puertas de los juzgados contra el presidente de SIC, perteneciente a su grupo de sociedades Ralons.
Ramírez ha declinado efectuar declaraciones a Efe, si bien el letrado que lo acompañaba y que representa al administrador único del grupo Ralons, Héctor de Armas, ha informado de que aún está pendiente de resolver el recurso presentado contra la fianza exigida por la Fiscalía para garantizar las responsabilidades civiles del proceso por delito fiscal.
En un principio la fianza exigida ascendía a 35 millones de euros pero se rebajó a 17 millones, y la representación de Ramírez la ha recurrido y confía en que se quede en 3 millones, al existir negociaciones para un acuerdo con la Seguridad Social, según los letrados.
El Juzgado de Instrucción número 8 investiga desde 2014 el posible fraude por parte de la empresa de Ramírez, que supuestamente camuflaba de forma sistemática el pago de horas extras a los empleados de SIC como si fueran dietas, que no tributan.
