LOS SINDICATOS DENUNCIAN PRECARIEDAD LABORAL
Unos 200 guardias de varios edificios institucionales contratados por la empresa Marsegur pelean en los tribunales contra sus condiciones laborales “de esclavitud”. El Cabildo de Fuerteventura inició un proceso de investigación que confirma el incumplimiento de la empresa “con los trabajadores y con el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad privada”.
Los vigilantes de seguridad del Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura cobran 700 euros brutos al mes. Ni cinco euros a la hora por custodiar un edificio público. Su caso no es anecdótico. La misma nómina exigua, casi idéntica al salario mínimo interprofesional, la reciben quienes cuidan del edificio de la Agencia Tributaria Canaria, el Cabildo o el Parque Tecnológico de Fuerteventura.
Todos ellos trabajan para la empresa privada Marsegur, que se hizo con el concurso del Cabildo majorero, gobernado por CC y PSOE, para proteger los edificios públicos durante un periodo de un año. Hasta entonces los miembros de la plantilla cobraban 1.000 euros. Lo primero que hizo la nueva adjudicataria, obligada a subrogar a los trabajadores, fue recortar esa cifra un 30 por ciento. “Tengo cuatro llamadas diarias del banco y los abogados, tengo familia numerosa y está dividida. Nadie se imagina las consecuencias de esta situación”, confiesa el trabajador Gerardo Yáñez.
La precariedad se ha mantenido con los últimos contratos insulares, adjudicados a las ofertas económicas más bajas. En este caso en concreto, según las estimaciones realizadas por el propio Gobierno local, el servicio que entró en vigor el pasado 29 de enero se sacó a licitación por 403.335 euros. A su vez, la compañía ganadora se comprometió a realizarlo abonando 12,31 euros la hora diurna y 13,45 euros la nocturna, además de incorporar mejoras técnicas en el servicio o disponer de 800 horas más de servicio por encima de lo acordado.
La traducción de toda esta amalgama numérica es la mencionada reducción en los salarios porque las cuentas no cuadran y, como consecuencia, “la gente no va a trabajar motivada, baja la productividad y además hay temor a nuevos recortes”. “Pasar de cobrar 1.000 euros a 700 euros brutos de un mes para otro implica muchas familias endeudadas”, explica Juan Diego Díaz, portavoz del Sector Seguridad Privada de Unión Sindical Obrera (USO). En este momento, según Díaz, “lo que no hay es amenaza de despidos, casi al revés: quien encuentra algo mejor lógicamente se va”.
Todo este malestar laboral ha tenido su reflejo en varios frentes judiciales y administrativos, la mayoría de ellos aún abiertos. Por ejemplo, el de la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias de la aplicación por parte de la empresa de un descuelgue del convenio colectivo aprobado en 2015, que permite modificar las nóminas por debajo de lo establecido. Los sindicatos alegaron que dicha cláusula del descuelgue no es de aplicación a los trabajadores incorporados, como es el caso de los contratados en la concesión del Cabildo.
“No hay amenaza de despidos, sino casi al revés: quien encuentra algo mejor
lógicamente se va”, señalan desde los sindicatos
Aún queda también que la Inspección de Trabajo se pronuncie sobre la denuncia presentada por el sindicato USO asegurando que “no solamente se realiza un volumen de horas extraordinarias por encima de las 80 que permite el Estatuto de los Trabajadores, sino que además no se cotizan algunas de ellas (que deberían ser abonadas a 13,22 y 14,34 respectivamente en días y noches festivos) y otras se abonan como plus de productividad”.
En este sentido, el sindicato ha presentado demandas laborales por supuestos delitos económicos en los convenios laborales: “Unos se ganan, otros no porque presionan a los trabajadores y terminan retirando la denuncia, la contratación pública se ha convertido en una mera subasta de precariedad”.
De los 400 vigilantes de seguridad titulados en Fuerteventura los sindicatos estiman que la mitad padece estas condiciones, otros con más suerte trabajan para empresas que se ajustan al convenio. “Actualmente no trabajamos para una ‘empresa pirata’ pero tememos que en el futuro esto cambie”, señala Rocío Barroso, vigilante de seguridad en el recinto aeroportuario. Su temor es que una vez expirado el contrato, el comité negocie con una nueva empresa, tal y como permite la ley, “y bajo esa arbitrariedad empiecen los problemas” y queden “desamparados”.
Concurso extraordinario en el Cabildo
En un principio, el equipo de Marcial Morales, presidente del Cabildo, señaló que se trataba de un conflicto entre una empresa privada y sus trabajadores. Por su parte, los consejeros de Podemos denunciaron la situación y presentaron mociones para visibilizar la precariedad de los 25 trabajadores de seguridad. Finalmente, el 14 de noviembre se notificó la rescisión del contrato de seguridad con la empresa Marsegur, que los sindicatos tachan de “pirata”, sacando una licitación con carácter extraordinario, pendiente de resolverse. En el ámbito sindical produce suspicacia el hecho de que el dueño de Marsegur, Miguel Ángel Ramírez, fuera indultado en noviembre de 2013 por Mariano Rajoy de una condena a tres años de cárcel que le impuso la Audiencia.
“No podemos más que escuchar su casuística laboral”
El papel de la Policía Nacional frente a la nueva Ley de Seguridad Privada establece que los vigilantes formen un equipo auxiliar con las fuerzas de seguridad pública. “Hasta el nombre con el que solemos conocerlos suena despectivo, ‘segurata’, en lugar de guardia o vigilante de seguridad”, matiza Rocío Moreno, representante del Cuerpo Nacional de Policía y muy vinculada a los problemas del sector. “A menudo realizamos inspecciones, y salvo que detectemos infracciones penales, no podemos hacer más que escuchar su casuística laboral. Sólo podemos aconsejarles un buen asesor. Tenemos las manos atadas”. Moreno recuerda que la Administración debe implicarse más en el control de las empresas adjudicadas.
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