Nuevamente el Ministerio del Interior ha vuelto a dejar en manos de empresas privadas la seguridad del perímetro de las prisiones en España, Con un costo de 34,6 millones de euros las 67 cárceles españolas contarán durante los siguientes doce meses con más de 900 vigilantes privados que reforzarán los servicios que prestan la Guardia Civil y la Policía Nacional.
La medida que supone un aumento del 3,6% respecto al 2016 fue autorizada por el Consejo de Ministro en pleno en el mes agosto, sin embargo su resolución no pudo ser desbloqueada sino hasta los últimos días de noviembre, luego de constituido el nuevo gobierno encabezado por Mariano Rajoy.
La aprobación de este servicio para el venidero 2017 constituye la continuidad de la política iniciada en 2013 que permitió incluir los servicios de vigilancia privada en 21 centros penitenciarios. Los cuales en octubre de 2014 se ampliaron a la totalidad de las cárceles españolas. Cabe destacar que esta política ha sido adversada por las organizaciones sindicales que agrupan a los funcionarios policiales.
Los sindicatos advierten que esta política es el inicio de la privatización de este servicio, ya que el plan original establece la en su tercera fase las sustitución de empleados públicos por guardias pertenecientes a empresas privadas.
Vale destacar que el ministro de Interior de aquella época Jorge Fernández Díaz, argumentó en aquel entonces, que la medida lo que buscaba era reforzar la seguridad y brindar la posibilidad de puestos de trabajo a los escoltas que habían prestado servicios en Navarra y el País Vasco durante la amenaza terrorista.
Con la aprobación en 2014 de la Ley de Seguridad Privada se le dio total soporte legal a esta práctica, que será nuevamente extendida durante el venidero año, cuyo costo como se mencionó supera los 34 millones de euros, lo que según los sindicatos policiales supera lo que representa el pago a los funcionarios.
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