Eligio Hernández, representante legal del ex ministro de Industria, José Manuel Soria, ha anunciado que recurrirán el auto de archivo provisional de la querella contra la magistrada Victoria Rosell, decretado el pasado viernes por la instructora de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Margarita Varona.
“Estamos en total desacuerdo con el archivo de la querella”, ha explicado a Confilegal el que fuera fiscal general del Estado entre 1992 y 1994, bajo el último gobierno de Felipe González.
“Acabo de leerlo y no compartimos en absoluto las conclusiones a las que ha llegado la magistrada Varona. En consecuencia vamos a presentar el consiguiente recurso de apelación. Estudiaremos en profundidad el auto y lo responderemos como se merece”.
El caso, según el letrado, dista de estar definitivamente cerrado.
El exministro Soria se querelló contra Rosell por los supuestos delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia cohecho.
Sobre el primer delito, la magistrada Varona afirma en su auto que “la parte querellante no menciona en el relato de los hechos en sus escritos de ampliación de querella ni concreta tampoco resolución alguna de la señora Rosell que considere prevaricadora”.
Tampoco considera probado que se haya habido retardo malicioso de la Administración de Justicia alguno.
“Si bien es cierto que se aprecia un retardo en la instrucción de las diligencias previas número 644/2014, incoadas por el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, o una instrucción desordenada, en palabras de don Miguel Luis Juanes, letrado judicial que fue del referido Juzgado y que testificó en esta instrucción, sin embargo no se evidencia que tal retraso sea malicioso o provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima”, señala la,magistrada del TSJC.
Sobre el supuesto de cohecho, resultado de las relaciones comerciales habidas entre “la pareja sentimental de doña Victoria Rosell Aguilar, don Carlos Sosa Báez y el investigado (…), don Miguel Ángel Ramírez Alonso, y de las que pudiera haberse beneficiado la magistrada querellada”, la magistrada Varona dice que el primero de los contratos entre Sosa y Ramírez fue suscrito el 28 de octubre, dieciocho días después de que Rosell hubiera recibido su excedencia.
Sobre el resto de las relaciones empresariales entre Sosa y Ramírez, Varona cita las palabras del empresario, que negó que se hubieran “prolongado hasta la actualidad”.
“La única vinculación existente entre la empresa Seguridad Integral,Canaria y el señor Sosa Báez era la relativa a la instalación de una alarma en las oficinas de don Carlos Sosa y cuyo importe no superaba los 30 o 40 euros mensuales”, escribe Varona.
En lo relativo a la empresa Ralons Servicios, S.L., de la que Ramírez es titular, había realizado los trabajos de limpieza en los locales de Clan de Medios Comunicación y Marketing, propiedad de Sosa. El pago, según constata Varona, se hacía a cambio de publicidad.
“En consecuencia, no apreciándose ni acreditándose que la magistrada doña Victoria Rosell Aguilar se haya visto beneficiada por dádiva alguna procedente de antiguas y extintas relaciones comerciales que pudieran haber tenido los señores Ramírez y Sosa”, la magistrada desestimó la querella por cohecho y decretó el sobreseimiento y archivo de las diligencias previas.
Rosell: “fue una trampa”
La magistrada Rosell, por su parte, ha declarado, tras conocer el archivo provisional de la querella contra su persona, que “por fin se sabe la verdad”.
“Yo sabía que no había hecho nada” y afirma que ha sido “una auténtica trampa” porque no la querían “como representante del pueblo de Las Palmas en el Congreso”.
Victoria Rosell, en declaraciones este lunes a la Cadena Ser, ha afirmado que siente se “extraña” porque “se viene encima el sufrimiento de todo un año entero” sobre todo “en el entorno más inmediato”, el de su “madre” e “hijas”.
“No he cometido ninguno de los hechos que se publicaron en las portadas (de periódicos y otros medios), ni había escondido el ‘pendrive’ en ningún sitio, ni había favorecido al empresario (Miguel Ángel Ramírez) ni tenía nada que ver publicidades o financiaciones a medios en las que mi pareja había trabajado”, comentó.
Rosell ha considerado que “tener esta causa abierta, servía a Soria para favorecer sus intereses y poco más”, para añadir que la “gustaría que esto no le hubiera pasado a nadie en este país”. CON INFORMACIÓN DE EP.
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