TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
Algunos problemas se han arreglado ya pero la mayoría no; incluso, algunos se han agravado con el paso del tiempo. La seguridad presenta serias deficiencias en las sedes de los juzgados de la provincia tinerfeña que se refleja en la última Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y que se puede comprobar día a día en lugares como el Palacio de Justicia santacrucero. La falta de personal suficiente en el macrocomplejo de Tres de Mayo es, precisamente, su gran problema, al que nos ajeno partidos judiciales como el de Icod de los Vinos, que solo contaba con una trabajadora de seguridad. Por su parte, la sede más importante en rango, la de San Francisco, carecía de cámaras de seguridad. Comienza el recorrido.
Plaza de San Francisco
Alberga al tribunal de más alto rango de la Comunidad, dado que alberga tanto la sala de lo Contencioso como la de lo Social del Superior de Justicia de Canarias. Según se recoge en la última Memoria, que corresponde al ejercicio de 2012, por aquel entonces no contaba con sistema de detección de incendios ni en el archivo ni en la primera planta, dato agravado al valor histórico del inmueble. Pero también llama la atención que le falten, en palabras de los responsables, instalar “otras dos cámaras de seguridad para que quede todo el edificio vigilado por los sistemas audiovisuales, ya que con las dos cámaras existentes hasta la fecha hay ciertas zonas del edificio que no están controladas”. Ello, según se detalla en la Memoria, ha provocado algún robo en el edificio, que requiere un refuerzo de personal en cierto segmento horario.
Palacio de Tres de Mayo
A la seguridad de la joya de la corona de la Justicia tinerfeña se le cortaron las alas hace años, cuando un recorte en el personal de seguridad obligó a prescindir del eficiente control nominativo de entradas y salidas. Lejos de paliarse, las bajas en el personal de Seguridad Integral de Canarias han continuado.
Basten dos sucesos para entender que, con la plantilla actual, es imposible velar por la seguridad de un inmueble visitado por miles de personas todos los días, teniendo en cuenta que algunos de esos visitantes no son, precisamente, dechados de virtud, mientras que otros tienen condición de autoridad y, por razón de su oficio como magistrados, fiscales, etcétera, requieren de mayor protección que un ciudadano normal. En cuanto a los sucesos aludidos es menester desvelar que hace unos meses que desapareció de una sala de la segunda planta un aparato de videoconferencia sin que, hasta la fecha, se haya conocido quién se lo llevó y, sobre todo, cómo y por dónde abandonó el edificio.
El otro suceso, mucho más reciente, acaeció cuando un trabajador de seguridad tuvo que cerrar la única puerta de acceso (era en un horario en que solo está abierto el juzgado de guardia) para ayudar a la magistrada en cuestión a controlar al denunciado, que mostraba una actitud airada. Más o menos calmado, el trabajador debía bajar de nuevo a la puerta pero la magistrada no las tenía todas consigo. Finalmente, la jurista se quedó con un walkie talkie para que, si se reanudaba el problema, alertar de inmediato a su multiempleado ángel de la guardia.
Otros lugares
Aunque la última Memoria del TSJC no incide especialmente en temas de seguridad, lo cierto es que en el documento se reflejan algunas carencias realmente inquietantes. Si bien en La Laguna el máximo problema devenía de una dispersión que felizmente pronto se subsanará con la apertura de la nueva sede centra, en La Orotava se lamentan de la ausencia de un calabozo y, en general, de la necesaria “integración de un servicio de seguridad más numeroso provisto de medios materiales más adecuados”, ya que falta arco de seguridad, detector de metales, etcétera.
Por lo que respecta a Güímar hay un párrafo harto significativo en el que se relata que “se echa en falta la presencia de los miembros de seguridad en la sede judicial los fines de semana en los que se presta el servicio de guardia, ante la inseguridad creada entre los funcionarios del juzgado al permanecer en el interior del mismo a puerta cerrada, con los detenidos, víctimas y testigos, sin ningún tipo de medida de seguridad”. Tampoco Icod de los Vinos sale bien parado ya que “en el edificio no hay medios de seguridad adecuados, solo presta sus servicios un vigilante de seguridad, que no es sustituido en el tiempo de descanso. En la entrada de los juzgados no hay arco de seguridad ni detector de metales”.
Por lo que respecta a La Palma, se clama igualmente por la ausencia de seguridad los sábados por la mañana en los juzgados de la capital.
