La Policía recaba en el Ayuntamiento de A Coruña la documentación de un contrato de la etapa del PP por 2,3 millones con la empresa de la que es apoderada la hermana de Feijóo
La oposición lleva años acusando a Feijóo de favorecer desde las instituciones a la empresa Eulen, de la que su hermana es apoderada en Galicia. La defensa formulada hasta ahora por el PP es que la citada es una gran empresa con un importante número de trabajadores. El argumento se desmorona tras la intervención de la Policía Judicial este miércoles en el Ayuntamiento de A Coruña, donde requisó entre otros un contrato por 2,3 millones de euros firmado con Eulen en 2012, durante el mandato del entonces alcalde, Carlos Negreira, uno de los dirigentes del PP más próximos al presidente de la Xunta.
Los agentes, pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), requisaron distintos contratos del anterior Gobierno local, en el contexto de una investigación por supuesto tráfico de influencias dirigida por el juzgado de instrucción número 1 de A Coruña. Además de la documentación relacionada con Eulen, la Policía se llevó otro contrato de 2011 con la empresa Xestión Bibliotecaria e Documental SA para suministrar y gestionar material para la biblioteca del centro Ágora. El de la empresa a la que pertenece Micaela Feijóo se selló en septiembre de 2012, para proporcionar servicios bibliotecarios a toda la red de bibliotecas municipales de la ciudad por un plazo de cuatro años.
La operación judicial ensombrece el horizonte de Feijóo en un momento crucial para sus aspiraciones políticas. Las acusaciones de favoritismo a la empresa Eulen arrancaron desde su primera legislatura en el Gobierno gallego, pero se incrementaron a partir de 2012, cuando el PSOE reclamó la nulidad de un contrato de la Xunta con esa empresa por entender que se fraccionó de forma “fraudulenta” para evitar el concurso público. El PSOE se hacía eco de una denuncia del sindicato nacionalista CIG relacionada con el servicio de atención del Instituto Galego de Consumo (IGC) para afectados por preferentes. El contrato se realizó a través de dos procedimientos negociados sin publicidad, por valor de 60.000 euros en la provincia de A Coruña y de 25.000 en la de Pontevedra, cuando el límite para este tipo de adjudicaciones sin concurso público está en 60.000 euros
Las acusaciones de favoritismo a Eulen arrancaron desde su primera legislatura en el Gobierno gallego, pero se incrementaron a partir de 2012
Este fraccionamiento de los contratos es “fraudulento”, dado que “existe unidad de objeto”, denunció el diputado socialista Juan Carlos Francisco Rivera. “Se fracciona para reducir su cuantía y eludir la publicidad”, acusó, para solicitar que el Consello de Contas y la Intervención Xeral de la Xunta fiscalicen esta adjudicación. “Eulen es una empresa con 80.000 trabajadores”, replicó entonces el número dos del PP gallego, Alfonso Rueda.
Pocos meses después, socialistas y Bloque Nacionalista Galego revelaron que, solo entre 2010 y 2011, la Xunta de Feijóo adjudicó a Eulen ocho contratos por un importe de 1,4 millones de euros. Ambas formaciones exigieron sin éxito una explicación pública al presidente gallego. La mitad de los contratos denunciados por la oposición se realizaron por el método negociado sin publicidad, ya que no superaban por separado la cantidad de 60.000 euros antes de impuestos.
Entre otros, Eulen contrató con la Xunta la seguridad de la Feria Semana Verde de Silleda, la limpieza del recinto y la de las dependencias para los trabajadores de ese mismo evento. En 2011, la empresa de Micaela Feijóo logró la gestión de limpieza, conserjería y mantenimiento de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Fene (A Coruña), la gestión de un almacén de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en Santiago y la seguridad de un centro de Formación Ocupacional de Vigo. También obtuvo la de una residencia de mayores en Vigo y el mantenimiento de las zonas verdes del complejo medioambiental de Cerceda, contrato este último por un importe de casi medio millón de euros.
La operación de este miércoles fue abierta por el juzgado a raíz de la denuncia de un empresario del sector de servicios bibliotecarios. Los agentes llegaron sobre las 11:00 al Palacio Municipal de María Pita, donde permanecieron durante casi una hora. Posteriormente, se dirigieron hasta Casa Paredes, sede de la Concejalía de Cultura, donde estuvieron en torno a media hora hasta obtener toda la información requerida por el juzgado.
Micaela Núñez Feijóo es apoderada general de cuatro empresas del grupo: Eulen SA, Eulen Seguridad SA, Eulen Servicios Sanitarios SA y la ETT Flexiplan SA. El apoderamiento general la faculta para realizar todo tipo de gestiones, contratos incluidos, en nombre de esas cuatro compañías.
