31 de mayo de 2014

El Gobierno aprueba una partida de 33 millones para contratar vigilantes privados en las cárceles

Admite que una de las razones es "compensar la falta de personal de Policía y Guardia Civil por la disminución de Oferta Pública de Empleo"

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación de vigilantes privados para que presten apoyo a la Policía y la Guardia Civil en la seguridad en los 67 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. El coste del contrato asciende a 33.387.743,03 euros, distribuido en las anualidades 2014 y 2015, por lo que, al ser superior a doce millones de euros, debe contar con la previa autorización del Consejo de Ministros.
En el año 2013 se inició un proyecto piloto consistente en la contratación de servicios de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, que se desarrolló en 21 de los 67 centros penitenciaros existentes. En total se contrataron 56 puestos de trabajo de veinticuatro horas y un puesto de trabajo de doce. Para ello se emplearán 254 vigilantes de seguridad en tareas de vigilancia desde puestos fijos, operadores de circuitos cerrados de televisión y control de accesos.
El Gobierno señala que "tras el análisis efectuado de esa experiencia piloto, la conclusión ha sido la adecuación de ese modelo de seguridad a las necesidades existentes". Esas necesidades pasan por "compensar la falta de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debido a la disminución de la Oferta Pública de Empleo. En este sentido, hay tareas en la vigilancia de los centros penitenciarios que pueden ser realizadas por vigilantes de seguridad".
También se busca "optimizar los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos al establecer un reparto de funciones según la competencia, preparación y cualidades del personal, obteniendo un alto grado de seguridad con los medios disponibles". También "destinar el mayor número posible de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la realización de funciones exclusivas de ellos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos".
67 CENTROS PENITENCIARIOS
Por todo ello, se ha preparado un expediente de contratación que cubra los 67 centros penitenciarios y los vigilantes de seguridad pasarán a ejercer parte de las tareas ahora desempeñadas por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, si bien siempre bajo la supervisión y el control de los mismos como responsables de la seguridad de cada centro.
El volumen total del contrato afecta a 67 centros penitenciarios e implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas.
El coste del contrato se estructura en tres partidas destinadas a cubrir diferentes servicios: una, dedicada al coste anual de los puestos fijos de personal; otra, a los puestos de prestaciones variables (puestos con jornadas de 12 horas y días de prestación variables, bien de lunes a viernes o bien de lunes a sábado); y bolsa de horas, para abonar posibles refuerzos que solicite el órgano de contratación.
El contrato conlleva la adopción de especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con los servicios de seguridad a prestar, así como con los movimientos de salida y entrada de reclusos.
Por ello, la tramitación del expediente se hará mediante procedimiento negociado sin publicidad, dado que concurren circunstancias excepcionales que exigen la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado (artículos 13.2 y 170 f) del texto refundido de la Ley de contratos del sector público), declarado por resolución del Ministro del Interior de 1 de abril de 2014. Está previsto que el contrato tenga una duración de un año. Su ejecución comenzará el 22 de junio de 2014 o a partir de la fecha de la formalización, si ésta fuese posterior.
telecinco.es
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Más de 800 vigilantes privados ayudarán a controlar las 67 cárceles españoles

El Consejo de Ministros aprobó hoy que más de 800 vigilantes privados ayuden a las Fuerzas de Seguridad a controlar las 67 cárceles españolas. El Gobierno ha tomado esta decisión tras considerar exitosa una prueba piloto que se venía realizando desde 2013. 

Según informó el Gobierno, el volumen total del contrato afecta a 67 centros penitenciarios e implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas.
El Ejecutivo explicó que en 2013 se inició un proyecto piloto consistente en la contratación de servicios de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, que se desarrolló en 21 de los 67 centros penitenciaros existentes. En total se contrataron 56 puestos de trabajo de veinticuatro horas y un puesto de trabajo de doce. Para ello se emplearán 254 vigilantes de seguridad en tareas de vigilancia desde puestos fijos, operadores de circuitos cerrados de televisión y control de accesos.
Tras el análisis efectuado de esa experiencia piloto, la conclusión ha sido “la adecuación de ese modelo de seguridad a las necesidades existentes”, con el objetivo de “optimizar los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos, al establecer un reparto de funciones según la competencia, preparación y cualidades del personal, obteniendo un alto grado de seguridad con los medios disponibles”.
Además, el Gobierno busca destinar el mayor número posible de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la realización de funciones exclusivas de ellos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos.
Compensar la falta de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debido a la disminución de la Oferta Pública de Empleo. En este sentido, hay tareas en la vigilancia de los centros penitenciarios que pueden ser realizadas por vigilantes de seguridad.
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Vigilantes Noticias 31 de Mayo de 2014.












































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Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento de Seguridad Privada,

boe.es

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Seguridad Integral Canaria no respeta la decisión mayoritaria de sus trabajadores.


La empresa Seguridad Integral Canaria, vulnera los derechos sindicales al no reconocer el Comité de Empresa, legítimamente elegido con el voto de la inmensa mayoría de sus trabajadores y trabajadoras.
Una vez más el Sr. Miguel Ángel Ramirez, propietario de esta empresa y presidente de la U.D. Las Palmas, deja entreveer su poco respeto por la democracia y por lo que deciden sus trabajadores y trabajadoras de forma libre con sus votos.
Entendemos que no le hayan gustado los resultados, la mayoría conseguida por la USO, (12 de 17 Delegados) le traen de los nervios. De ahí a no reconocer al Comité de Empresa y negar a estos su derecho sindical a representar a los trabajadores de su empresa, nos parece una pataleta más que va a pagar luego en los Juzgados. Que decida el de negro, una de sus frases más celebres.
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA SEGURIDAD EN CENTROS PENITENCIARIOS

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación del servicio de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior.
En el año 2013 se inició un proyecto piloto consistente en la contratación de servicios de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, que se desarrolló en 21 de los 67 centros penitenciaros existentes. En total se contrataron 56 puestos de trabajo de veinticuatro horas y un puesto de trabajo de doce. Para ello se emplearán 254 vigilantes de seguridad en tareas de vigilancia desde puestos fijos, operadores de circuitos cerrados de televisión y control de accesos.
Tras el análisis efectuado de esa experiencia piloto, la conclusión ha sido la adecuación de ese modelo de seguridad a las necesidades existentes con el objetivo de:
  • Optimizar los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos al establecer un reparto de funciones según la competencia, preparación y cualidades del personal, obteniendo un alto grado de seguridad con los medios disponibles.
  • Destinar el mayor número posible de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la realización de funciones exclusivas de ellos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos.
  • Compensar la falta de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debido a la disminución de la Oferta Pública de Empleo. En este sentido, hay tareas en la vigilancia de los centros penitenciarios que pueden ser realizadas por vigilantes de seguridad.
67 centros penitenciarios.
Por todo ello, se ha preparado un expediente de contratación que cubra los 67 centros penitenciarios y los vigilantes de seguridad pasarán a ejercer parte de las tareas ahora desempeñadas por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, si bien siempre bajo la supervisión y el control de los mismos como responsables de la seguridad de cada centro.
El coste del contrato asciende a 33.387.743,03 euros, distribuido en las anualidades 2014 y 2015, por lo que, al ser superior a doce millones de euros, debe contar con la previa autorización del Consejo de Ministros.
El volumen total del contrato afecta a 67 centros penitenciarios e implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas.
El coste del contrato se estructura en tres partidas destinadas a cubrir diferentes servicios: una, dedicada al coste anual de los puestos fijos de personal; otra, a los puestos de prestaciones variables (puestos con jornadas de 12 horas y días de prestación variables, bien de lunes a viernes o bien de lunes a sábado); y bolsa de horas, para abonar posibles refuerzos que solicite el órgano de contratación, con el siguiente desglose:
COSTE NETO (en euros)IMPUESTOS (en euros)COSTE TOTAL(en euros)
Puestos fijos27.368.780,405.320.603,2432.689.383,64
Puestos de prestaciones variables404.201,8078.172,59482.374,39
Bolsa de horas178.500,0037.485,00215.985,00
Coste total contrato27.951.482,205.436.260,8333.387.743,03
Asimismo, el contrato se estructura en cuatro lotes, divididos por zonas geográficas, con lo que se pretende garantizar la diversidad en la adjudicación del contrato, de tal manera que cada lote se adjudique a un licitador diferente.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS/CIUDADESCOSTE TOTAL(en euros)
LOTE 1Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla9.853.429,59
LOTE 2Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja8.551.283,55
LOTE 3Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid7.671.805,51
LOTE 4Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra7.311.224,38
El contrato conlleva la adopción de especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con los servicios de seguridad a prestar, así como con los movimientos de salida y entrada de reclusos. Por ello, la tramitación del expediente se hará mediante procedimiento negociado sin publicidad, dado que concurren circunstancias excepcionales que exigen la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado (artículos 13.2 y 170 f) del texto refundido de la Ley de contratos del sector público), declarado por resolución del Ministro del Interior de 1 de abril de 2014.
Está previsto que el contrato tenga una duración de un año. Su ejecución comenzará el 22 de junio de 2014 o a partir de la fecha de la formalización, si ésta fuese posterior.
lamoncloa.gob.es
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Más de 800 vigilantes privados reforzarán seguridad exterior en 67 cárceles

Madrid, 30 may (EFE).- El Gobierno ha autorizado hoy la contratación de más de 800 vigilantes privados destinados a reforzar la seguridad exterior en las 67 cárceles españolas, con un coste de unos 33 millones de euros.
La medida ha sido aprobada por el Consejo de Ministros tras analizar el proyecto piloto puesto en marcha el pasado año en 21 centros penitenciarios con vigilantes de seguridad, encargados de tareas de vigilancia desde puestos fijos, operadores de circuitos cerrados de televisión y control de accesos.
Según el Gobierno, el contrato afecta a 67 prisiones e implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas.
Con esta medida, el Ejecutivo pretende optimizar los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos al establecer un reparto de funciones según la competencia, preparación y cualidades del personal, "obteniendo un alto grado de seguridad con los medios disponibles".
Además, se compensa la falta de personal de las fuerzas de seguridad del Estado debido a la disminución de la oferta pública de empleo, y se destina el mayor número de estos a la realización de funciones exclusivas de ellos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos.
El Gobierno sostiene que hay tareas en la vigilancia de los centros penitenciarios que pueden ser realizadas por vigilantes de seguridad, si bien siempre bajo la supervisión y el control de la Guardia Civil y la Policía Nacional como responsables de la seguridad de cada centro.
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El Gobierno gastará 33 millones en seguridad privada para las cárceles por falta de Policía y Guardia Civil

Centros penitenciarios dependientes de Interior

Admite que una de las razones es "compensar la falta de personal de Policía y Guardia Civil por la disminución de Oferta Pública de Empleo".
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación de vigilantes privados para que presten apoyo a la Policía y la Guardia Civil en la seguridad en los 67 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. 
CárcelEl coste del contrato asciende a 33.387.743,03 euros, distribuido en las anualidades 2014 y 2015, por lo que, al ser superior a doce millones de euros, debe contar con la previa autorización del Consejo de Ministros.
En el año 2013 se inició un proyecto piloto consistente en la contratación de servicios de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, que se desarrolló en 21 de los 67 centros penitenciaros existentes. En total se contrataron 56 puestos de trabajo de veinticuatro horas y un puesto de trabajo de doce. Para ello se emplearán 254 vigilantes de seguridad en tareas de vigilancia desde puestos fijos, operadores de circuitos cerrados de televisión y control de accesos.
El Gobierno señala que "tras el análisis efectuado de esa experiencia piloto,la conclusión ha sido la adecuación de ese modelo de seguridad a las necesidades existentes". Esas necesidades pasan por "compensar la falta de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debido a la disminución de la Oferta Pública de Empleo. En este sentido, hay tareas en la vigilancia de los centros penitenciarios que pueden ser realizadas por vigilantes de seguridad".
También se busca "optimizar los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos al establecer un reparto de funciones según la competencia, preparación y cualidades del personal, obteniendo un alto grado de seguridad con los medios disponibles". También "destinar el mayor número posible de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la realización de funciones exclusivas de ellos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos".

67 CENTROS PENITENCIARIOS
Por todo ello, se ha preparado un expediente de contratación que cubra los 67 centros penitenciarios y los vigilantes de seguridad pasarán a ejercer parte de las tareas ahora desempeñadas por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, si bien siempre bajo la supervisión y el control de los mismos como responsables de la seguridad de cada centro.
El volumen total del contrato afecta a 67 centros penitenciarios e implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas.
El coste del contrato se estructura en tres partidas destinadas a cubrir diferentes servicios: una, dedicada al coste anual de los puestos fijos de personal; otra, a los puestos de prestaciones variables (puestos con jornadas de 12 horas y días de prestación variables, bien de lunes a viernes o bien de lunes a sábado); y bolsa de horas, para abonar posibles refuerzos que solicite el órgano de contratación.
El contrato conlleva la adopción de especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con los servicios de seguridad a prestar, así como con los movimientos de salida y entrada de reclusos.
Por ello, la tramitación del expediente se hará mediante procedimiento negociado sin publicidad, dado que concurren circunstancias excepcionales que exigen la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado (artículos 13.2 y 170 f) del texto refundido de la Ley de contratos del sector público), declarado por resolución del Ministro del Interior de 1 de abril de 2014. Está previsto que el contrato tenga una duración de un año. Su ejecución comenzará el 22 de junio de 2014 o a partir de la fecha de la formalización, si ésta fuese posterior.

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30 de mayo de 2014

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Protección Castellana, SL

boe.es

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29 de mayo de 2014

Seguritecnia Nº 408

seguritecnia.es

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Despiden a un vigilante de seguridad que insultó al dueño de un local en desahucio.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha confirmado la sentencia de un Juzgado que declaró procedente el despido de un vigilante de seguridad que durante el desahucio de un local de negocios insultó y amenazó a su propietario.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, desestima así el recurso que el trabajador despedido presentó contra la resolución de un Juzgado de lo Social de Murcia que declaró procedente el cese de la relación laboral porque los hechos eran constitutivos de una infracción muy grave.

El juez declaró probado que el incidente se produjo en agosto de 2012, cuando este empleado de la empresa se seguridad P., S.A. hizo comentarios despectivos contra el propietario del local, además de amenazarle "con tirarse a la yugular", cuando se procedía al desahucio de los inquilinos del mismo.

En la carta de despido, la empresa puso en su conocimiento que "usted ha quebrado los más elementales principios de profesionalidad, diligencia, confianza en su persona y buena fe contractual, amenazando al dueño de un local del edificio cuya vigilancia y custodia precisamente usted tiene encomendada".

La empresa señalaba también que esa actitud de su empleado "obligó a dicho propietario a abandonar sus actividades en el mismo, lo que supone un severo daño a nuestra imagen frente a nuestros clientes, hechos de máxima gravedad que merecen ser sancionados con la máxima sanción".

Al desestimar el recurso, la Sala de lo Social del TSJ indica que "los citados comportamientos son incompatibles con las funciones de un vigilante de seguridad, que son las de vigilar y proteger los biene muebles e inmuebles y proteger a las personas que puedan encontrarse en los mismos".
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Nota Informativa Elecciones Seguridad Integral Canaria en Tenerife.


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28 de mayo de 2014

La empresa de seguridad ALCOR pierde los puertos canarios

SomozaLa empresa ALCOR SEGURIDAD,  que entró hace unos años con fuerza en Canarias, ha ido perdiendo servicio tras servicio, hasta quedarle uno solo, ya que en el día de hoy el otro servicio de importancia que le quedaba ‘Los Puertos Canarios’, los ha perdido también.
Todo esto se debe sin duda alguna a la mala gestión de este empresario Carlos Somoza que va pisoteando los derechos de los trabajadores y retocando los convenios, las leyes y las nominas a su antojo.
Ahora en la Diputación de Lugo se presenta con un nutrido grupo de vigilantes convocados por el Propietario de ALCOR seguridad Carlos Somoza para que presionen a la Diputación de Lugo, segun el por el impago de una fuerte suma de dinero y que segun declara es el problema por el que no puede hacer frente a las nóminas de los trabajadores de su empresa.
¿Les suena Esabe, les suena Alcor, les suena Serramar, les suena Integral Canaria les suenan tantas y tantas empresas que sorben la sangre de los vigilantes en este sector de la seguridad con la misma cantinela una y otra vez, ¿a que a todos nosotros se nos ocurren mas de un nombre en nuestra propia comunidad, que nos ha cantado esta misma canción?.
Señor Director General Carlos Somoza, lo que es lamentable es que utilice a trabajadores padres y madres de familia que con toda la buena buena fe del mundo se creen lo que usted les cuenta y secundan su mala gestión empresarial, para presionar a la administración. ¿Pero si pagan tan mal, cual es el motivo de presentarse una y otra vez a los concursos con tan malos pagadores?. Ah que los que pagan los rotos son los trabajadores con su comprensión.
Si no puede pagar a sus trabajadores sea por el motivo que sea, ELLOS si que no tienen la culpa, ceda el servicio a una empresa solvente para que los trabajadores no pasen las penurias que usted les hace pasar mes tras mes. Y si no tiene la capacidad para ser un empresario solvente, busque trabajo y listo. ¿Le parece?.
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Seguritecnia publica un suplemento especial con motivo de la nueva Ley de Seguridad Privada

La revista 'Seguritecnia' ha editado un suplemento especial que recoge el contenido de la nueva Ley 5/2014 Seguridad Privada y en el que se ha dado voz a los principales artífices de ese nuevo modelo en donde trataran, entre otros temas, las nuevas medidas de seguridad informática que contempla este nuevo marco. Asimismo, esta información también cuenta con la valoración de las principales asociaciones del sector y sindicatos.
La nueva Ley de Seguridad Privada es ya una realidad palpable después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado el sábado 5 de abril. Sin duda, este avance representa un hito para el sector en España que marcará el presente y el futuro de esta actividad a largo plazo.
Dada la importancia que tiene, Seguritecnia ha preparado un suplemento especial que cuenta con:
Esta magnífica iniciativa aborda muchos aspectos del nuevo marco normativo que servirán de gran ayuda para todos los profesionales de la Seguridad, además de ser una excelente herramienta de consulta para todas las empresas y profesionales enmarcados en esta actividad.
Puede descargar el suplemento pinchando aquí.
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Adjudicado a Securitas el Servicio de Vigilancia y Seguridad de los Puertos Canarios.



puertoscanarios.es


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Detenida la dueña de una academia por estafa y falsedad en cursos de formación


La directora de la empresa Sistemas de Protección y Formación comparece ante el juez por un presunto fraude en más de 370 expedientes desarrollados para la Fundación Tripartita.

La empresaria María Dolores O. M., directora de la academia de formación Sistemas de Protección y Formación SL, ha sido detenida por la Policía Nacional imputada por delitos de estafa y falsedad documental, en relación con un presunto fraude que afectaría a más de 370 expedientes de cursos de formación subvencionados por la Fundación Tripartita de Formación para el Empleo. 
La empresaria fue puesta ayer a disposición del juzgado de Guardia de Sevilla, después de que la Policía haya agotado el plazo máximo de 72 horas, y quedó en libertad con cargos, aunque con la obligación de comparecer ante el juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades desde marzo de 2013, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales. 
La estafa que se investiga podría ascender a no menos de 170.000 euros, aunque la cuantía exacta del fraude está siendo actualmente analizada por el instructor del caso. 
En esta ocasión, las irregularidades no afectan a los cursos subvencionados por la Junta de Andalucía, sino a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, una entidad encargada de gestionar la formación para los trabajadores en activo y que depende del Estado, las centrales sindicales UGT y CCOO y las organizaciones de empresarios. Sólo en el año 2011, esta entidad heredera de la extinta Forcem (Fundación para la Formación Continua) gestionó unos fondos públicos de alrededor de 3.000 millones, gran parte de ellos procedentes del Fondo Social Europeo. 
La empresa Sistemas de Protección y Formación se constituyó en 2010 y, según consta en el registro mercantil, se dedica a actividades formativas dirigidas a "inmigrantes, mujeres, jóvenes, trabajadores en activo ocupados y desempleados, que faciliten el aprendizaje a lo largo de la vida". Ese aprendizaje vital contemplaba, según la oferta formativa de esta academia, desde la gestión inmobiliaria, la secretaría de dirección, el fitness acuático y la hidrocinesia, pasando por la espeleología, la hípica, así como distintos cursos de restauración y cursos de idiomas enfocados al mundo de las finanzas. Todo este amplísimo abanico de cursos se gestionaba desde unas oficinas ubicadas en el edificio Toledo de la avenida de Hytasa. Ésta es la segunda sede de la compañía, tras haber pasado por un local de la calle Cristo de la Sed, en la zona de la Gran Plaza, que algunas fuentes apuntan que era un pequeño garaje. 
La investigación arranca en el año 2013, cuando el grupo de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional de Nervión recibe una denuncia de una empresa que asegura haber sido estafada por esta academia. La Policía notifica a los responsables de la Fundación Tripartita esta denuncia y los inspectores de esta entidad visitan en la primavera del año pasado la sede de la empresa en Sevilla para conocer de primera mano la naturaleza de las irregularidades. Descubren entonces que la sociedad ha cambiado de domicilio, de Gran Plaza a la avenida de Hytasa, sin que este cambio haya sido notificado a los responsables de la concesión de las ayudas como estarían obligados. 
La investigación se centraría en estos momentos, según fuentes del caso consultadas por este periódico, en si realmente estos cursos llegaron a impartirse, si los alumnos inscritos acudían a las sedes oficiales de estos cursos, o en cambio se utilizaban sus datos para inscribirlos en los cursos sin su conocimiento y consentimiento, lo que conllevaría la supuesta falsificación de sus firmas en los expedientes de los cursos recibidos. 
También se investiga la plantilla de profesores que los daba, por si existieran irregularidades en las altas y bajas del profesorado o si el número de docentes era el apropiado o real a la demanda de alumnos. 
Una tercera línea de investigación indaga la posible connivencia de los empresarios, responsables de los trabajadores convocados a estos cursos, y que también se beneficiarían con deducciones en materia de Seguridad Social. 
La empresa Sistemas de Protección y Formación tenía la correspondiente homologación de la Junta de Andalucía para impartir un catálogo de hasta 38 cursos, pero los investigadores han constatado que en realidad ofrecía y gestionaba la realización únicamente de dos cursos, Organización y gestión de almacenes (o sea, mozo de almacén) y Actividades de Gestión Administrativa. 
La Policía sólo está investigando, actualmente, los expedientes de ayudas concedidas para el año 2012 y que superarían los 370. 
La investigación en torno a Sistemas de Protección y Formación que lleva a cabo el juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla supondría únicamente la punta de una compleja red de presuntas estafas vinculadas a las academias de formación, cuya financiación ha sido sufragada durante décadas por fondos europeos y que vendrían produciéndose en distintas provincias españolas.
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BOE los candidatos que ha resultado Aptos para la habilitación como Instructor de Tiro.

boe.es

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El Govern incrementa los requisitos para la vigilancia de Es Pinaret y Es Fusteret


El Govern ha sacado a concurso el servicio de vigilancia de los centros para menores Es Pinaret y Es Fusteret con un pliego de condiciones que incluye nuevos requisitos para evitar «que se reproduzcan las conductas inadecuadas del pasado» con casos de presuntas agresiones a internos por parte de vigilantes.

El contrato con la empresa adjudicataria de los servicios de seguridad termina a finales de julio y, aunque se podría haber prorrogado por dos años más, la Fundación S'Estel de la que dependen ambos centros socioeducativos ha decidido no hacerlo, ha informado la Conselleria de Familia y Servicios Sociales en un comunicado.
La fundación ha decidido sacar un nuevo concurso con el objetivo deendurecer ciertos requisitos técnicos y formativos que deben cumplir los vigilantes.
El pliego de condiciones, publicado el pasado sábado en el BOIB, fija cláusulas como que el director del centro se reserva la potestad de retirar del servicio a vigilantes atendiendo a una motivación concreta.
La dirección también tendrá una parte más activa en la selección de estos trabajadores en el caso de que tengan que ser sustituidos y se establece un nivel formativo para los vigilantes adecuado a la delicada tarea que llevan a cabo.
Las funciones y el servicio que deben prestar los vigilantes se describen de forma más detallada, se establecen penalizaciones muy específicas y se incluye la rescisión del contrato por causas concretas.
Entre otras novedades, se introducen actividades formativas obligatorias para los vigilantes adscritos a estos centros, teniendo en cuenta la especificidad de su servicio.
La empresa concesionaria no podrá reemplazar al personal que trabaja en el centro unilateralmente, ni de forma temporal ni definitiva y además estará obligada a sustituir personal por cuestiones justificadas como «quejas que se formulen por escrito de forma motivada, tanto por incumplimiento de tareas encomendadas, falta de celo profesional, comportamiento incorrecto o incompatibilidad con los trabajadores del centro».
En el caso de que se produzca una sustitución, la selección del personal se realizará por el órgano contratante (la Fundación S'Estel), a partir de los currículos que aporte la empresa. Se añade la posibilidad de incluir una entrevista personal con los candidatos en el proceso de selección.
Por otra parte, la empresa adjudicataria estará obligada a comunicar a la Fundación S'Estel la resolución de cualquier expediente disciplinario que pueda imponerse a un trabajador de los centros de menores en caso de que incumplan el reglamento, así como la sanción que se les imponga.
Finalmente, las penalizaciones económicas establecidas por la Administración por incumplimiento del contrato se han concretado más y también han quedado más especificadas las causas de su rescisión.
Por ejemplo se considera incumplimiento o falta muy grave «la negligente intervención en el mantenimiento del orden interno del centro y/o llevar a cabo una actuación o comportamiento inadecuado con los menores internos».
Según la legislación actual, existe la obligación de que la empresa que resulte adjudicataria del servicio de vigilancia asuma todo el personal que tenga la titulación de vigilante y que actualmente presta sus servicios en Es Pinaret o Es Fusteret.
Para evitar que esta obligación legal ampare el mantenimiento en los centros de vigilantes que, supuestamente, han tenido una conducta inapropiada, el Govern ha cambiado en el contenido de los pliegos de condiciones, de modo que la dirección de Es Pinaret y Es Fusteret pueda impedir que sigan trabajando allí si lo argumenta.
La Conselleria ha recordado que desde que se conocieron las posibles conductas no apropiadas entre el personal de vigilancia de Es Pinaret, actuó y lo puso en conocimiento de diversos organismos competentes.
Además buscó una solución que garantizara un servicio adecuado y estable para los menores de los centros socioeducativos que dependen de la Fundación S'Estel.
También instó a la dirección del centro a que solicitara a la empresa adjudicataria actual la retirada del servicio de cuatro vigilantes sobre los que se habían recibido quejas en este sentido, por lo que desde el 4 de octubre de 2013 no han vuelto a trabajar allí.
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Resultado de las Elecciones Sindicales en Seguridad Integral Canaria en Tenerife

En la elecciones celebradas en la empresa: SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA. En Santa Cruz de Tenerife.
La FTSP-USO: ha obtenido 12 delegados.
Independientes:  ha obtenido 3 delegados.   
UGT:  ha obtenido 2 delegados.
Un resultado que dice mucho del trabajo realizado en Canarias para parar los pies a un empresario nefasto para el sector. Un trabajo que reconocen así los cientos de trabajadores y trabajadoras de SIC, verdaderos ganadores de estas elecciones que han depositado su voto y su confianza en la USO para defenderles contra los desmanes de Miguel Ángel Ramírez y sus secuaces, del que ya se ha dicho todo.
FELICIDADES TRABAJADORES DE SIC.
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27 de mayo de 2014

Reunión de USO con responsables de AENA

Filtro aerp.Durante la mañana de hoy el Sindicato USO ha celebrado una reunión con los máximos responsable de AENA para transmitirles nuestra visión de los distintos problemas que se están generando en esta empresa e intentar aportar soluciones a los mismos.
A dicha reunión han asistido por parte de AENA los Señores José Manuel Vargas Gómez, Presidente Consejero Delegado y Javier Marín San Andrés, Director General.
Por parte de la Unión Sindical Obrera (USO) han asistido Julio Salazar; Secretario General Confederal, Basilio Alberto Febles, en representación de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada y Pedro Alzina, Responsable del Sector Aéreo.
Con respecto a nuestro sector de Seguridad Privada, les hemos trasladado nuestra preocupación por el alto índice de conflictividad laboral que se está padeciendo después de las últimas adjudicaciones de Seguridad Privada por parte de Aena: Despidos, Ertes, Modificación Sustancial de las condiciones de Trabajo que conllevan perdidas de salario y condiciones de trabajo ya reconocidas y consolidadas anteriormente, etc.
 Nos preocupa también que puedan acceder a la prestación de estos servicios empresas que no cumplan con el Convenio Colectivo y en muchos casos que abonen parte del salario a los trabajadores y trabajadoras sin las debidas cotizaciones a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social y que no se respeten las subrogaciones o las condiciones laborales y económicas a que están obligados por la normativa vigente.
Asimismo le hemos trasladado las numerosas irregularidades que se están cometiendo con respecto a la Ley de Seguridad Privada, lo descabellado de implantar un sistema de inspecciones manuales mixtas, la situación en la que prestan servicios en los Aeropuertos las compañeras Vigilantes o los problemas con muchos Coordinadores de Servicios que carecen de la Titulación exigida para realizar esta función.
La reunión se ha celebrado en un ambiente cordial y los responsables de AENA han sido bastante receptivos a escuchar y valorar nuestras propuestas.
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